EE.UU: Una jueza federal bloquea la ejecución en cadena de siete presos en Arkansas

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El Estado pretendía ejecutar en 11 días a siete condenados, antes de que caduque un sedante. Otro juez había frenado el viernes la aplicación de la pena capital

Una juez federal ha bloqueado la ejecución de siete presos en 10 días en Arkansas (EE UU), el escalofriante plan preparado por el Estado gobernado por el republicano Asa Hutchinson para utilizar un sedante antes de que caduque y que iba a arrancar el lunes. La decisión, hecha pública este sábado, se suma a una orden dictaminada este viernes por la noche que también frenaba la aplicación de la pena capital en este caso. La del viernes respondía a una demanda de la farmacéutica McKesson, que acusaba al Correccional de Arkansas de haberle comprado uno de los productos que –junto al sedante– emplean para elaborar la inyección letal ocultando que lo quería para ese fin.

“El tribunal considera que los demandantes tienen derecho a una medida cautelar por su recurso sobre el método de ejecución conforme a la Octava Enmienda”, afirma la jueza Kristine G. Baker, después de los condenados hubiesen apelado al tribunal de Little Rock al considerar la ejecución en cadena como una “pena cruel”. No se aplicaba la pena capital en el estado desde 2005.

Por su parte, la compañía farmacéitica había alegado que Arkansas le compró diez cajas de bromuro de vecuronio, el químico que se introduce por vía intravenosa a los condenados, una vez sedados, para cortarles la respiración mientras otra sustancia, el cloruro de potasio, les para el corazón. McKesson explica que la fabricante del bromuro de vecuronio, Pfizer, tiene prohibida su venta a prisiones para evitar que se use para ejecutar la pena de muerte, y que Arkansas, sabiéndolo, hizo el pedido con una licencia de médico particular, una trampa para poder conseguir el componente.

El juez Wendell Griffen ha llamado a las partes a una audiencia el martes, lo que impide las dos primeras ejecuciones previstas, programadas para el lunes por la tarde. Las demás están fijadas para el jueves 20, el lunes 24, dos cada una de esas jornadas, y el jueves 27, séptima y última de la macabra cadena. Este calendario de la muerte se diseñó para ser cumplido antes de terminar abril, mes límite de validez de la partida de la que dispone Arkansas del sedante midazolam, un producto, por lo demás, puesto en tela de juicio por su insuficiente potencia para sedar, que ha derivado en ejecuciones lentas y convulsas.

Si bien la suspensión de la ejecución en cadena ha venido relacionada con la compra fraudulenta del bromuro de vecuronio y por denuncia de una farmacéutica, en los recursos de los abogados de los condenados la baza de peso, en lo que toca a lo químico, es la falta de potencia anestésica del midazolam. La otra herramienta de objeción es que el calendario de ejecuciones es tan apurado que puede llevar a errores técnicos. En Oklahoma, después del fracaso de una doble ejecución en un día en 2014 (la primera fue tan tortuosa que se anuló la segunda) se ha establecido que deban pasar siete días entre una y otra. Misuri permite una al mes. Desde que se reinstauró la pena de muerte en 1976, jamás estado alguno había planeado una ejecución tan numerosa.

El fallo del juez Griffen culminó una jornada de tensión a solo tres días del arranque de la cadena de muertes y con un fin de semana de por medio. De hecho la decisión por la que se esperaba, y que este viernes a medianoche (hora local, costa este) no había tenido lugar, era la de la juez federal a la que los condenados han solicitado la suspensión del proceso, que este sábado se pronunció a su favor. Y aún la primera resolución que salió no fue la del bromuro de vecuronio sino una previa, en la que el Tribunal Supremo de Arkansas mandaba frenar la ejecución del primero de la lista, Bruce Ward, de 60 años, tras el reclamo de su abogado de que no cumplía con las condiciones de estabilidad y claridad mental requeridas por ley para ser informado y tomar conciencia de que uno va a morir ejecutado. Ward lleva en el corredor de la muerte desde 1990 por el asesinato de una mujer de 18 años. En un comunicado posterior al fallo del Supremo su defensor expresó su agradecimiento al tribunal y reiteró que el preso no tiene capacidad de comprender que lo van a matar: “Toda una vida de esquizofrenia y delirios, como imaginarse perros diabólicos a los pies de su cama, hacen del señor Ward una persona incapacitada para ser ejecutada según los estándares constitucionales”.

La semana que viene, empezando por la audiencia del martes entre la farmacéutica y el gobierno, y con otros recursos pendientes, se librará la batalla por la anulación definitiva de la ejecución en cadena.

fuente: ELPAIS

El Siglo Web

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Redacción de El Siglo Web - Independencia en casa - AÑO 2017

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