El plan consiste en el desarrollo de miles de proyectos productivos en todo el país, coordinados desde el Estado y ejecutados por organizaciones de la sociedad civil, destinados a sistematizar múltiples actividades de la economía popular.

Las tareas pueden ir desde la producción de alimentos saludables para proveer a las escuelas y comedores hasta servicios de electricidad o plomería, o de cuidado de niños y personas mayores.

“Hay que pensar en un dispositivo institucional, que nosotros llamamos ‘empleo mínimo garantizado’, donde el Estado opere como garante de un empleo mínimo, no como dador de empleo público, sino como facilitador de un sistema que dé una remuneración equivalente a un salario mínimo.

La idea es que desarrollen tareas y trabajos de alto impacto en materia de inversión en capital humano y capital social, en los barrios más pobres, e incluso que se desarrollen empresas sociales que brinden servicios a los sectores medios o a los sectores formales de las ciudades”, explicó Salvia a LA NACION.

En sus últimas apariciones públicas, el presidente electo hizo hincapié en el encuentro que tuvo con Salvia. “Estuvo toda la tarde conmigo, explicándome el plan para sacar a los argentinos de la postergación y darles un lugar. Un lugar no es un plan social, es darles sentido a sus vidas”, contó el jueves, en la conferencia de la Unión Industrial Argentina (UIA).

En el entorno de Fernández aseguran que la reunión lo convenció de convertir el fomento de la economía popular en uno de los puntales de su gobierno.

Arroyo suele decir que la promoción de la economía popular es la única manera de perforar el piso de pobreza estructural, de alrededor del 25 por ciento.

“Después de dar el primer paso, que tiene que ver con atacar el hambre y frenar la caída, hay que apuntar a las situaciones de pobreza multidimensional”, dijo el dirigente a LA NACION. La propuesta formará parte de las conversaciones del Consejo Económico y Social, que prevé crear Fernández.

“Partimos del diagnóstico sobre las dificultades que va a tener la economía para crear empleo para el 20 o 25 por ciento de la población económicamente activa, que está desocupado o haciendo trabajos de indigencia, incluso en un contexto de crecimiento, aumento de las exportaciones y reactivación del mercado interno. Esos desocupados no van a ser absorbidos por la pequeña o mediana empresa ni por las grandes empresas. Si no hay una política de generación de empleo en lo que llamamos la economía social, ese sector se va a ir incrementando”, afirmó Salvia.

En el equipo que coordina Arroyo identifican cinco sectores de mano de obra intensiva a los que prevén apostar: la construcción a pequeña escala, la producción de alimentos, la producción textil, el reciclaje y las tareas de cuidado. “Son tareas en las que hay que dar capacitación y acompañamiento”, dice el futuro ministro.

En la cartera de Desarrollo trabajará también el líder del Movimiento Evita, Emilio Pérsico, que quedará a cargo de la reformulación de los planes de empleo, unos 450.000, con el objetivo de que funcionen verdaderamente como programas productivos.

Para poner en práctica la propuesta de Salvia el Estado nacional debería invertir 1200 millones de dólares por año, lo que equivale al 0,3 por ciento del PBI. Según los cálculos de Observatorio de la Deuda Social, el plan podría generar recursos anuales de hasta el 0,5 por ciento del PBI y crear entre 500.000 y 800.000 empleos por año, es decir, hasta 4 millones en cinco años. “El objetivo es crear un puesto de trabajo por cada hogar pobre que tiene la Argentina”, explicó Salvia, que presentará el plan el jueves, en la UCA, con la presencia de Arroyo y de referentes de distintas fuerzas políticas.

También quedarían incluidas actividades de forestación, recuperación ambiental de áreas contaminadas, asistencia al mejoramiento de espacios comunitarios, asistencia en materia de prevención de la salud, apoyo escolar, campañas de prevención y educación ambiental. “La idea es que sean tareas que puede llevar adelante la población de los barrios pobres, con mínima capacitación y con una organización que la pondría una ONG, una iglesia, un club o un movimiento social, para 30 personas como máximo”, precisó Salvia. La ejecución de los fondos públicos quedaría a cargo de los municipios, encargados también de identificar las tareas a realizar.

FUENTE: LANACION