El capitalismo (un régimen de dominación socio-económico y político, porque el capitalismo no
es otra cosa que eso) ha pasado desde una etapa mercantil, a otra industrial para llegar a la financiera
que es la que vivimos hoy. Tal vez debamos referirnos a la presente como la etapa superior del capitalismo
financiero, caracterizado por una financiarización esquizofrénica de la economía. Por ejemplo, el pago de
todos los instrumentos financieros inmateriales llamados derivativos insumiría como mínimo el 400%
del Producto Bruto Mundial. La deuda soberana de los Estados representa el 300% del PBI mundial. Solo
el 1% de las divisas que se compran en venden en un día en el mercado mundial responden a necesidades
de intercambio en el comercio internacional, el 99% restante es especulación. La explosión de las
tecnologías informático comunicacionales y las regulaciones estatales soberanas que no le siguen el ritmo,
han potenciado al avance del capitalismo financiero. Lo que conlleva el fenómeno de concentración de
riquezas en pocas manos, como lo describe -luego de un meduloso trabajo de medición- Thomas Piketty.
Porque el objetivo del capitalismo es la soberanía del capital por sobre la producción, el trabajo, el Estado
y toda otra institución que se le oponga en su proceso de acumulación.
Las finanzas no son otra cosa que la dimensión simbólica de la economía. Al decir de Joseph
Stiglitz, deberían ser la herramienta abstracta que sirve para asignar más eficientemente recursos (el
capital material) a aquellas actividades que resulten mayormente productivas. Porque que son estas
últimas las que satisfacen las necesidades reales de hombres y mujeres. Nadie se alimenta de tasas de
interés ni se come un bono ni se abriga con acciones de la bolsa. Por ende, los bonos, las acciones y las
tasas de interés deberían ser medios para dirigir el capital a, por ejemplo, una inversión concreta que
aumente la capacidad de producción de la industria alimenticia y textil.
Pero sucede que hoy las finanzas se han independizado de la producción real y se pueden obtener
allí ganancias aun cuando en la economía real todos pierdan. Este excedente del que se benefician los
operadores financieros no es creado ni generado por ellos. Lo crearon y lo generaron trabajadores y
trabajadoras en la economía real, pero luego los operadores financieros se lo apropiaron para sí. Y lo
hacen a través de artificios de la compleja institucionalidad financiera. De lo que surge que los capitalistas
que hoy predominan en el mundo no son los que inventan algo nuevo y lo producen para resolverle
problemas a la gente. Estos procesos de innovación y producción schumpeterianos son arriesgados y
demandan tiempo hasta ver los resultados beneficiosos, que pueden darse o no. Por eso, el capitalista
actual prefiere operar en el mercado financiero donde, si cuenta con información (legal o ilegal), obtiene
ganancias rápidas, cuantiosas y sin riesgo. Esta financiarización como etapa superior del capitalismo
fueron previstas por Lenin (bancos como dueños de empresas) y Rosa Luxemburgo (capitalismo
depredador, que no produce sino que desapropia lo ya producido)
A los componentes depredatorios del capitalismo financiero actual, tenemos que sumarle otro
factor negativo para el bienestar de la sociedad, si es que se vive en Latinoamérica. Porque nosotros nos
encontramos también en régimen capitalista. Pero el nuestro es un capitalismo dependiente. Esto es, un
capitalismo que nos ha sido impuesto por los países desarrollados para resolver sus propias necesidades.
Con lo que los países latinoamericano (periféricos) son migradores constantes del excedente que
producen hacia, en favor y beneficio de los países centrales. Veamos un ejemplo. La base del comercio
internacional de la región lo constituye la venta de productos primarios con bajo componente tecnológico
(actividad agropecuaria, minera y extracción de combustibles fósiles) no para consumo del mercado
interno, sino para abastecer las necesidades de los países centrales. Los procesos de comercio y
exportación de estos productos primarios latinoamericanos son mayormente gerenciados directamente
por empresas transnacionales que se quedan con la mayor parte del excedente. En la fragua de este
sistema tributante en favor de los países desarrollados (tributo viene del latín “tributum” y alude al canon
pagado por las “tribus “conquistadas por la Roma imperial) se formaron nuestras clases locales
económicamente dominantes. Clases que perciben al mundo en código Europa- Estados Unidos y no en
código Latinoamérica. Piensan como los dominantes, no como los dominados. Entre esas clases
dominantes, están los integrantes de la cúpula argentina de la gran empresa.
La misión de una empresa es maximizar su ganancia. No es crear empleo, ni generar tecnologías,
como tampoco invertir y movilizar la economía. La empresa hará estas tres cosas solo cuando no le quede
otra opción para maximizar su ganancia, ya que todas le generarán un aumento de costos que no sabrá
si podrá recuperar después. De allí que los fines de una empresa a veces sean antagónicos con los fines
del Estado, que tiene la tarea de promover el empleo, el avance tecnológico y la inversión que asegure el
bienestar general. Por ello no se puede dejar librada la economía únicamente a la iniciativa empresarial.
Mucho más cuando, en la Argentina, existe una cúpula empresarial transnacionalizada, centralizada,
oligopólica y especializada en productos primarios, servicios públicos o financieros. Todas actividades que
no son intensivas ni en generación de tecnología ni de empleo. Cúpula que, por estar vinculada a las
exportaciones o monopolios naturales, no ata su suerte a la del mercado interno, como si lo hacen las
PYMES. Y sucede que son las últimas las que generan el empleo.
¿Cuáles son las herramientas que tiene el Estado argentino para intervenir mínimamente en la
actividad de la cúpula empresarial? No tiene muchas. Nuestro sistema impositivo tiene una presión fiscal
inferior a la de Europa (en Argentina oscila entre un 30 a un 35% mientras en que Europa fluctúa entre un
40 a un 50%) y es regresivo. El IVA es el impuesto estrella en el país, que cobra una alícuota del 21% en
todo lo que consumimos sin discriminar la capacidad económica del contribuyente. De allí la regresividad,
ya que los que menos tienen aportan más al sistema, por lo que los pobres terminan financiando a los
ricos. El decreto 2.284 que eliminó en el año 1991 a la regulación estatal de la economía (comercio interior
y exterior, juntas nacionales de granos, carne, yerba, etc) continúa hoy vigente, por lo que quien
desempeña en los hechos el rol de las juntas reguladoras son las transnacionales que monopolizan la
comercialización de los agroproductos. Las normas de Abastecimiento (Ley 20.680), Defensa de la
Competencia (Ley 27.442) y Lealtad comercial (Decreto 274/2019) no cuentan con una estructura
burocrática-funcionarial que pueda aplicarlas. La ley de entidades financieras (21.526) es un engendro de
la patria financiera de los 70, y la de mercado de capitales (26.831) solo alcanza a tocar algunos aspectos
en un país con un mercado de capitales pequeño. En lo que hace a la ley de inversiones extranjeras
(21.382) privilegia directamente al capital extranjero sobre el nacional. Y hace poco, también perdimos la
declaración de interés público de la participación accionaria del Estado en empresas privadas, y se eliminó
la Agencia Nacional de Participaciones Estatales en Empresas (ANPEE), ley 27.181, abrogada por la 27.260
(“Reparación” histórica de jubilaciones) del 2016.
La centralidad de la ANSES como resguardo del excedente de los trabajadores y de la productividad.
En un esquema de capitalismo depredatorio, el objetivo favorito es la apropiación de los fondos
de pensión, cajas jubilatorias y fondos de la seguridad social de una comunidad. Éstos se conforman con
el excedente que ha generado en toda su vida laboral los trabajadores y las trabajadoras. Apropiarse de
estos fondos es la maniobra lucrativa por excelencia del complejo financiero transnacional. Quienes
producen bienes y servicios en una sociedad (trabajadores y trabajadoras) transfieren su excedente a las
oligarquías financieras transnacionales. ¿Cómo? Lo hacen por medio de impuestos y aportes que le pagan
al Estado, pero que éste después tiene que endosar a sus acreedores privados (fondos de cobertura,
fondos buitres, banca transnacional). Este sistema de expoliación constituye una versión posmoderna más
encubierta y sofisticada que la del “stipendium” y la “decuma”, tributos que cobraba la antigua Roma
directamente a los pueblos que ella conquistaba. En lo que hace a los aportes y contribuciones a la
seguridad social, en el año 1993 una la ley creaba a las entidades privadas llamadas Administradoras de
Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP). Por medio de éstas, el complejo financiero transnacional dio
un golpe maestro al apropiarse en un solo aliento del excedente generado y por generarse de trabajadores
y trabajadoras argentinos, que alimentarían este sistema parasitario de extracción a través de sus aportes
periódicos y mensuales.
Diez años después del golpe de mano de las AFJP, el sistema privado de jubilaciones y pensiones
mostró su inviabilidad. Cuando empezaron a aparecer los primeros trabajadores en condiciones de
jubilarse, las AFJP no podían afrontar el pago de las jubilaciones correspondientes ya que se habían
patinado los aportes (descontados durante años) en el gran casino (de cartas marcadas y croupier
comprados) de las finanzas transnacionales. Por ello, en el año 2008 no quedó otro remedio de que el
sistema jubilatorio de capitalización privada (AFJP) sea absorbido por el sistema jubilatorio estatal. Con
ello, pasaron a la ANSES activos financieros que estaban en la cartera de las entonces ya insolventes AFJP.
Entre esos activos, había acciones de empresas líderes. Quedando éstas ahora en manos del Estado, le
dan el derecho de designar sus representantes en los directorios de tales empresas, como por ejemplo
en Banco Macro, Molinos, Edenor, Ternium, San Miguel entre otras. Y la hoy por Macri desaparecida
ANPEE era la oficina pública que coordinaba e instruía a los representantes del Estado en esas empresas
defendiendo el interés público. La supresión de la 27.181 conlleva a la vez que la ANSES ya no necesite
autorización del Congreso para vender las acciones.
¿Pero es bueno que el Estado participe, a través de ANSES, como socio capitalista de empresas?
Siguiendo el ejemplo de determinados países, tal parece que sí. Alemania es accionista de Volkswagen,
Francia de Renault y Air France, Estados Unidos de Chrysler y General Motors, Italia de Finmeccanica,
España de Hispasat y el Reino Unido del Lloyds Bank. Y acá por Argentina, al Fondo de Garantía de
Sustentabilidad (-FGS-, ámbito que opera los activos financieros en poder de ANSES) no le fue tan mal con
estas lógicas intervencionistas. En el 2015 cuando las aplicaba, sus activos ascendían a 64.109 M USS. En
el 2019, luego de cuatro años de restauración neoliberal, bajaron a 33.022 M USS.
Los hábitos de la cúpula empresarial argentina es la consecuencia del capitalismo periférico y
dependiente que la formateó. No encontrarán allí vocación por la creación tecnología sino por la
extracción de recursos naturales. No por el riesgo de la inversión, si por la seguridad de la renta. No por
la generación de empleo, si por la precarización del mismo. De allí que sea imperativo que el Estado
recupere las herramientas de intervención pérdidas para buscar superar nuestro atraso tecnológico y
alcanzar la productividad necesaria para el pleno empleo. Una de esas herramientas, la Agencia Nacional
de Participaciones Estatales en Empresas.
Considerando que el último experimento neoliberal le costó a la Argentina (entre otras lindezas)
el aumento de su deuda pública del 40% al 100% del PBI, y la caída de ese PBI un 30% por debajo de que
tenía en el 2015. ¿Nos deberían alarmar las neurosis ideológicas anti-intervencionistas de la cúpula
empresarial que apoyó todo ese proceso? Esta cúpula empresarial perdió, durante los años de ese
macrismo que pro-hijaron, la mitad del valor de mercado de sus propias empresas, tanto en la bolsa de
valores Argentina como en la de Nueva York. Algo así como 40.000 M USS de pérdida. Junto con la
devaluación del 370% del periodo cambiemita, tales firmas hoy son baratijas a tiro de compra de cualquier
fondo de cobertura transnacional dolarizado.
Creemos entonces que los ataques de pánico dogmáticos de la cúpula empresarial no es un mal
indicador de que las cosas se estén haciendo mal. Al contrario.
Javier Ortega. Doctor en Derecho Público y Economía de Gobierno, docente de la UNDAV. Integrante
de la Corriente 1ero La Patria
Muy buen trabajo Javier, espero que Alberto incorpore estos criterios en él manejo de la macro economia
Excelente Nota!! muy claro