Pese a que persisten las omisiones, la EPE incluye algunas críticas relevantes a la implementación del programa de parte del propio staff que, con otros integrantes a la cabeza, fue el que firmó el acuerdo con los funcionarios de Macri y el que debió monitorearlo. Las más salientes: la mayoría de los directores reconoce que el anterior Gobierno debió reestructurar la deuda en moneda extranjera para reducir las grandes necesidades de financiamiento de corto plazo y que debió instaurar un control de capitales para evitar la salida de divisas del país.

“El programa no cumplió con sus objetivos, a pesar de las importantes modificaciones de las políticas económicas. El aumento de los reembolsos, junto con la fuga de capitales de los residentes, ejerció una presión considerable sobre el tipo de cambio. A pesar de las intervenciones cambiarias más allá de las disposiciones del programa, el tipo de cambio siguió depreciándose, aumentando la inflación y el valor en pesos de la deuda pública, y debilitando los ingresos reales, especialmente de los pobres”, señala el reporte del organismo.

Y agrega: “En resumen, el informe concluye que el programa no cumplió con los objetivos de restaurar la confianza en la viabilidad fiscal y externa y, al mismo tiempo, propiciar el crecimiento económico. El programa salió de su curso en agosto de 2019 y la Junta Ejecutiva solo completó cuatro de las doce revisiones previstas. Las autoridades decidieron cancelar el acuerdo el 24 de julio de 2020”.

La lectura que hacen en los despachos oficiales es que, cuando el FMI dice que el Gobierno de Cambiemos debió poner un control de capitales, lo que hace es aceptar que parte del préstamo se fugó. Y cuando dice que debió reestructurar la deuda con los bonistas, admite que parte del préstamo se mal utilizó. De hecho, esos fueron los dos destinos que se les dio al crédito más grande en la historia del Fondo (que representó el 1.227% de la cuota del país en el organismo): según señaló Martín Guzmán, u$s21.000 millones fueron a los pagos de esos pasivos insostenibles y u$s24.000 millones financió la formación de activos externos, también conocida como fuga de capitales.

Este último punto debería comprometer al propio organismo ya que el Convenio Constitutivo del FMI, en su artículo VI, prohíbe expresamente usar sus desembolsos para “hacer frente a una salida considerable o continua de capital”. También señala que el FMI “podrá pedir al país miembro que adopte medidas de control para evitar que los recursos generales del Fondo se destinen a tal fin”, algo que no ocurrió. Sin embargo, este aspecto no está presente en la EPE, un informe que no suele marcar responsabilidades internas.

El Gobierno sí incluyó el pedido de que exista una revisión adecuada por parte del propio FMI sobre el cumplimiento o no del artículo VI de su estatuto. Según una fuente del equipo negociador oficial, esto sería más probable en el caso de que el organismo decidiera dar lugar a un tipo de auditoría más profunda del Stand By de 2018 a través de la Oficina de Evaluación Independiente (OEI). La OEI, de hecho, debutó en 2004 con la revisión del programa que Fernando De La Rúa había firmado en plena crisis de 2001. Antes de la reunión del Board, al Palacio de Hacienda habían llegado mensajes de algunos directores del Fondo a favor de una participación de la OEI en el caso de 2018.

De cualquier forma, la misma fuente le dijo a este diario que es difícil que la vulneración del artículo VI sea contemplada para el programa de Facilidades Extendidas que pidió el Ejecutivo para refinanciar los u$s45.000 millones que tomó Macri. Si el directorio llegara a habilitar la intervención de la OEI, tardaría años en terminar su evaluación.

Lo que destacan en el Gobierno es que la EPE “es una condición precedente para el acuerdo; es importante porque es un mojón necesario”. También que el informe toma “una distancia enorme” con el programa acordado con Macri. Aunque, claro está, no recoge todos los puntos de discordia que hay en la negociación actual con el staff.

Otras “autocríticas” que, directa o indirectamente, aparecen en la EPE del programa de 2018 son: el reconocimiento de que el diagnóstico del gobierno de Cambiemos sobre la inflación era equivocado y que la inflación es un fenómeno multicausal, algo que ya había aparecido en las discusiones vigentes y que no obsta la exigencia de una política monetaria más estricta para los próximos años; la aceptación de que la coordinación de precios e ingresos habría ayudado a fijar expectativas en torno a una desaceleración de la inflación; y la admisión de que aquel Stand By fracasó en su objetivo de “restaurar la confianza de los mercados en Argentina” y devolver el acceso al crédito internacional.

La visión del Gobierno

La posición del Ejecutivo argentino, incluida en la posición, señala dos cuestiones. Por un lado, que, efectivamente, el programa de 2018 fracasó porque no logró cumplir con ninguno de estos cuatro objetivos trazados en el acuerdo: restaurar la confianza del mercado, proteger a los más vulnerables de la sociedad, fortalecer el marco para reducir la inflación y disminuir las tensiones en la balanza de pagos.

Por otro lado, planteó que “es aún insuficiente” la advertencia que hace el Fondo “sobre los riesgos de un ajuste fiscal en contextos recesivos”. Básicamente, este es hoy por hoy el nudo del debate para el programa plurianual en ciernes. Fuentes oficiales señalaron que, por eso, la posición argentina incluyó como problemas del Stand By de Mari que haya partido de negar la restricción externa como problema estructural del país y que haya considerado que un plan de estabilización por sí mismo fuera a generar crecimiento. “El crecimiento es condición de la estabilidad y no al revés”, enfatizaron.

En concreto, como contó Ámbito, uno de los focos centrales de discusión aún no saldados pasa con el staff del FMI pasan por el ritmo de recuperación de la actividad para el próximo año: Guzmán plantea un 4% y el Fondo no se mueve demasiado del 2,5% porque teme que una reactivación mayor impida acumular las reservas (a mayor crecimiento, más importaciones) que garanticen el repago a partir de 2026. Otro de los puntos está estrechamente ligado. El Fondo pide una reducción más acelerada del financiamiento monetario del Tesoro (la emisión) que la que propone el Gobierno, lo que en los hechos implicaría un ajuste fiscal más rápido que afectaría la reactivación.

Además de la revisión sobre el cumplimiento del artículo VI del estatuto del Fondo, la posición del Gobierno plasmada en la EPE “recomienda”: dar una definición adecuada al concepto de “ownership” para que en el futuro la apropiación de un programa incluya al Congreso, la sociedad civil, sindicatos, el sector privado y la sociedad en general; establecer la necesidad de evitar el uso político de los programas del FMI; y considerar en el futuro realidades específicas, como el caso de Argentina, en donde el crecimiento es condición precedente para la estabilidad y no al revés.

¿Qué debatió el directorio?

Los directores del Fondo, que no son otra cosa que los representantes de los distintos países (donde Estados Unidos tiene preeminencia y poder de vero), manifestaron acuerdo en algunas de las autocríticas del informe, aunque también persisten los disensos. Así se desprende de la publicación del organismo.

“Los directores señalaron que las líneas rojas del entonces gobierno sobre ciertas políticas pueden haber descartado medidas potencialmente críticas para el programa. Entre esas medidas se encuentran una operación de deuda y el uso de medidas de gestión de flujos de capital. Sin embargo, varios directores cuestionaron la viabilidad de implementar estas medidas cuando un objetivo clave del programa era restaurar la confianza del mercado”, señala el resumen en uno de los pasajes.

Al respecto, Guzmán señaló en C5N: “El comunicado ilustra las diferencias q existen dentro del FMI, cuando vemos q hay un conjunto amplio de países que están de acuerdo con que hubo algo que fracasó, pero quedan algunos que dicen que no son tan autocríticos”. Y reconoció que aún no están los consensos que busca el Ejecutivo para sellar el nuevo acuerdo. “Hay más consensos que alcanzar en el escenario geopolítico y nosotros estamos trabajando para que el programa que el gobierno que fue elegido para la Argentina quiere: poder seguir en la senda de crecimiento con inclusión”, expresó.

En la misma línea, el ministro también blanqueó que aún no se consiguieron todos los apoyos necesarios, sobre todo en las grandes potencias, para reducir las sobretasas que pagar Argentina al tratarse de una deuda de acceso excepcional por su monto. Por esos recargos, el país debería pagar unos u$s1.000 millones adicionales por año en intereses. Sin embargo, afirmó que la evaluación presentada ayer es un paso importante y reclamó que el Fondo profundice su autocrítica.

“Al Fondo le falta una mayor revisión de esto”, afirmó Guzmán. Y recalcó que, por el momento, la entidad reconoció que “el programa fracasó” y que la plata del multimillonario préstamo se utilizó para pagar deuda que era insostenible y financiar salida de capitales.

fuente:ambito