CORDOBA.- El Tribunal Federal de Córdoba condenó a Luciano Benjamín Menéndez a prisión perpetua por violaciones a los derechos humanos y deberá cumplir la condena en una cárcel común. A su vez, de los otros siete represores juzgados, cuatro afrontarán la misma pena, mientras que dos fueron sentenciados a 22 años y el restante a 18. Menéndez será trasladado a una dependencia carcelaria dependiente del Servicio Penitenciario.
De los ocho imputados, sólo tres no recibieron reclusión perpetua. Ellos son: Hermes Rodríguez, quien deberá cumplir una pena de 22 años; Jorge Acosta, estará 22 años tras las rejas, y Carlos Vega, con 18 años, fue el que recibió el menor castigo.
Para los demás recayó la pena máxima y en todos los casos se dictaminó que deberán ser alojados en una cárcel común.
En el recinto escucharon el veredicto varios funcionarios como el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti; el secretario de derechos humanos de la Nación, Eduardo Duhalde, y el ombudsman nacional, Eduardo Mondino, además de  representantes de organismos de derechos humanos, como Estela Carlotto, de Abuelas de Plaza de Mayo. En las puertas del tribunal se encontraban cientos de militantes de derechos humanos que recibieron con muestras de alegría las condenas.

El último descargo

El ex jefe del Tercer Cuerpo del Ejército aseguró antes de escuchar el veredicto que “es falso lo que vienen sosteniendo los subversivos, quienes ahora hablan de la inexistencia de la guerra contrarrevolucionaria y llaman represión ilegal a los esfuerzos defensivos de las fuerzas legales”.
También sostuvo que “no se persiguió a enemigos políticos”.
Por otra parte, definió a los integrantes de las diversas agrupaciones de la época como “verdaderos ejércitos clandestinos, combatientes organizados en comandos y unidades a imitación de los militares”, a quienes atribuyó 1.500 muertes y 21.500 atentados.

Ilegalidad

“Antes los terroristas estaban en la ilegalidad, ahora pretenden ser ciudadanos atados a la Constitución. Confío en que los guerrilleros del 70 ahora en el poder no puedan imponer su régimen autoritario”, agregó.
En otro momento de su testimonio, manifestó que “los subversivos no se han sacado aún la piel de cordero”. Añadió: “Ahora se apropiaron de la legalidad y pretenden ser pacíficos ciudadanos (…) Desde el poder intentan convertirnos a su sistema esclavista”.
“Los argentinos sufrimos una guerra desatada por los sicarios vernáculos del comunismo internacional, los mismos que hoy persisten en sus objetivos”, señaló.

El ex militar reivindicó la represión

Luciano Benjamín Menéndez emitió sus últimas palabras antes de que el tribunal que lo enjuició, dictara la sentencia.
El ex jefe militar reivindicó el accionar represivo al afirmar que se trató de una “guerra para salvar a la patria del comunismo”. “Ostentamos el dudoso mérito en ser el primer país en el mundo que juzga a sus soldados victoriosos, que lucharon y vencieron por orden de y para sus compatriotas”, dijo al hacer uso del derecho a emitir sus últimas palabras antes de que el tribunal pasara a deliberar para emitir sentencia. Añadió que “los subversivos no cesaron en sus objetivos; están pasivos y mimetizados en la sociedad”, y en otro tramo reafirmó que “los argentinos sufrimos una guerra desatada por sicarios y vernáculos que pretendían convertirnos en satélite de Rusia”.
El tribunal integrado por los jueces Jaime Díaz Gavier, Carlos Otero Alvarez y José Vicente Muscará abrió la audiencia a las 10.45 y, luego de escuchar a seis de los siete imputados, a las 11.25 pasó a cuarto intermedio para deliberar y a las 16.30 dictar la sentencia.
Otros imputados

Además de Menéndez, en el juicio de la “Causa Brandalisis”, estuvieron imputados el coronel Hermes Rodríguez; el suboficial principal Carlos Vega; el capitán Jorge Acosta; el suboficial principal Luis Manzanelli; el suboficial mayor Carlos Díaz; el suboficial mayor Oreste Padován y el agente civil de inteligencia Ricardo Lardone. Todos fueron acusados por el secuestro, la tortura y el asesinato de Humberto Brandalisis, Hilda Palacios, Raúl Cardozo y Carlos Lajas, quienes fueron acribillados por los militares en un simulacro de enfrentamiento en la capital cordobesa el 15 de diciembre de 1977.
Salvo Acosta que optó por no decir una palabra, los otros seis imputados coincidieron en declararse “inocentes”, ya que en todos los casos negaron conocer y tener contacto con las cuatro víctimas del proceso judicial.