Es difícil leer de otra manera el fallo del juez Sergio Moro más que como una condena política, que busca un cimbronazo (más) en un país que desde hace tres años vive de sobresaltos institucionales, en medio de una severa crisis económico-social. ¿Cómo caracterizar de otro modo a una condena a 9 años de prisión para quien encabeza todas las encuestas presidenciales conocidas rumbo al 2018? Es una condena política, con todas las letras, por un departamento del cual no hay prueba alguna (firma, contrato, mudanza, etc) que demuestre que sea del expresidente, tal como quedó demostrado en la audiencia, meses atrás.
Quien condena al histórico dirigente sindical es el pirotécnico y mediático juez Moro, quien aparece en decenas de fotografías sonriendo junto a Aécio Neves —seriamente implicado en Lava Jato— y al tambaleante Michel Temer, quien en estos días pudiera ser reemplazado por Rodrigo Maia. Muy lejos de la equidistancia política bajo la cual la mass media regional intenta situar a Moro, es un juez cuyo objetivo final ha quedado claro: que Lula no compita (o lo haga seriamente condicionado) en las elecciones presidenciales de 2018. La campaña de la derecha —la misma que le hizo el golpe a Rousseff— tendrá ahora un seguro eslogan en caso que el pernambucano decida igualmente competir: “¿Cómo votar a alguien ya condenado?”.
Sin embargo, la historia latinoamericana muestra que la estrategia de la derecha brasileña es bien riesgosa, pudiendo volverse un boomerang. Lula no solo encabeza las encuestas de intención de voto rumbo al año próximo, sino que los sondeos lo muestran como el expresidente vivo mejor valorado de la historia de su país. Gobernó en un período de bonanza económica y redistribuyó. ¿Alcanzará esta condena en primera instancia para bajar sus índices de popularidad, o podrá esto ser visto como una arbitraria decisión de aquellos que ya efectuaron un golpe a la democracia brasileña durante 2016? Las próximas semanas dirán. Lula, que sobrevivió a cuatro décadas de asedio del grupo Globo, piensa sobrevivir al juez Moro.
Brasil aparenta ser un experimento de la derecha regional en varios sentidos. Primero porque encabeza un profunde ajuste luego de una década de ampliación de derechos: Temer recortó la inversión social, principalmente en salud y educación, por las próximas dos décadas y acaba de aprobar en el Senado una reforma laboral profundamente regresiva. Pero, además, porque la persecución a Lula puede mostrar un espejo en el cual mirarse Argentina y Paraguay, donde Cristina Fernández de Kirchner y Fernando Lugo, respectivamente, aún mantienen una pujante actividad político-electoral.
La condena a Lula, además de ser política, parece ser un mensaje del ‘establishment’ al conjunto de los líderes populares de la región que, aún con las corporaciones mediáticas, judiciales y financieras en contra, siguen encabezando las encuestas. ¿Estaremos ingresando en la fase de un “Plan Cóndor judicial”, tal como afirmó recientemente Eugenio Raúl Zaffaroni? ¿Hasta dónde se animarán la derecha brasileña y latinoamericana en este intento de “restauración conservadora” que vive el continente? ¿Se vienen nuevas “condenas políticas” en el Cono Sur? Las preguntas están sobre la mesa. Mientras tanto, la defensa del expresidente brasileño apelará la medida y recurrirá al tribunal de segunda instancia, que ahora tendrá sobre sus espaldas el peso de definir si ratifica o absuelve.