A 8 años que fuera asesinado el comunero Javier Chocobar en la Comunidad Indígena Los Chuschagasta, y a pesar de las numerosas pruebas, el hecho todavía no tiene fecha de juicio.
El 12 de octubre de 2009 Darío Amín, quien pretende una zona del territorio que habita la comunidad indígena los Chuschagasta, donde hay una cantera de piedra laja, junto con 2 amigos, ex policías (que pertenecían al comando parapolicial “Atila”) entraron armados y atacaron a la comunidad, que defendía pacíficamente su territorio; los 3 sacaron sus armas y balearon a los comuneros (entre los presentes había mujeres, ancianos, niños). Como consecuencia de esto mataron a Javier Chocobar e hirieron a 3 comunero más (Andrés Mamaní, Emilio Mamaní y Delfín Cata). Uno de ellos, Andrés Mamaní, actual cacique de la comunidad, sufrió graves heridas.
Para la comunidad indígena los Chuschagasta no son sólo 8 años sin justicia. Son 2920 días de impunidad, 2920 días sin uno de sus dirigentes.
El caso Chocobar es un caso paradigmático en la lucha de las comunidades indígenas por su derecho al territorio y pone en evidencia la constante mora que existe por parte del Estado en cumplir con sus obligaciones de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de los pueblos indígenas. Las comunidades indígenas de Tucumán y de todo el país, se encuentran permanentemente avasalladas y vulneradas en su derecho a la identidad, a la cultura y al territorio, sufriendo desalojos, persecuciones, desapariciones, muerte y criminalización, especialmente de sus líderes, y el caso Javier Chocobar refleja esa situación. Estos avasallamientos constantes a sus derechos son también consecuencia del accionar de terceros interesados en explotar económicamente el territorio de las comunidades, territorio donde sobreviven después de haber sido despojadas durante diferentes momentos históricos.
Además el retardo injustificado de la justicia en dar una respuesta a una violación de derechos fundamentales, refleja la impunidad que existe en éste caso y la actitud de indiferencia y discriminación en el acceso a la justicia con respecto a las comunidades indígenas.
A esto se suma la sanción que el tribunal de la Cámara Penal Sala IV, que entiende en el caso, impuso a una de sus abogadas querellantes, en octubre de 2016, por acompañar a las víctimas en su reclamo por justicia en los diferentes medios de prensa locales y expresarse públicamente en contra del retardo de la justicia en resolver el caso Chocobar.
Cada acción de la justicia tucumana en el caso Chocobar es un ejemplo más del largo proceso de invisibilización y despojo del cual los pueblos originarios fueron víctimas a los largo de la historia, frente a una actitud estatal que desconoce las obligaciones asumidas para su especial protección.
Según declaraciones de la Comunidad Los Chuschagasta lo más significativo de remarcar, “es el ´extraño´ tiempo que sigue demorando el juicio a los asesinos, en una causa que se transformó en una de las resoluciones más largas de la historia Tucumana”.
Por eso, desde el espacio Justicia Por Chocobar exhortamos al poder judicial, a un nuevo aniversario de su muerte, a que fije fecha para el debate oral, repare a las víctimas y condene a los acusados, para que nunca más se repita un Javier Chocobar.
fuente: panorama24
