Hubo financiamiento irregular en la campaña a Presidente de Mauricio Macri y en las legislativas de medio término del año pasado.
Están las denuncias judiciales, como la radicada en el Tribunal Nº 3 de La Plata para que se investigue a la titular del PRO de la Provincia de Buenos Aires, nada menos que la gobernadora María Eugenia Vidal.
La señora que sabe poner cara angelical cuando interviene en actos o en entrevistas televisivas (o en los timbreos, que tuvieron que suspender porque ya no son tan bien recibidos por los “vecinos” -la población que sufre tarifazos, inflación y devaluación-) y habla “del cambio que quieren los argentinos, el cambio que quiere Mauricio”, ahora será investigada por acciones que falseaban identidad, ponían como aportantes a su fuerza política personas que jamás podrían haber aportado (sencillamente porque no disponen de dinero para eso) son beneficiaros de planes sociales.
Los aportantes truchos
Son más de 400 personas, beneficiarias de planes sociales, que figuran como aportantes al PRO con cifras que van desde los $ 16 mil a los $ 50 mil.
Pero en estos días aparecieron candidatos a intendentes, concejales y consejeros escolares que también figuran como aportantes, que declararon públicamente que nunca pusieron ni un peso para las campañas de 2015 y 2017.
Es el caso de Roberto García, que integró las filas del PRO por varios años y es concejal por el distrito de Avellaneda. Rompió con Cambiemos y ahora tiene un monobloque en el Concejo Deliberante de esa localidad. Figura como aportante de $ 20 mil a la campaña de 2015 y denuncia que nunca puso un peso.
El mismo caso se repite con un dirigente del PRO de La Plata, Ricardo Bayés, que aparece como aportante de $ 16 mil, sin haber puesto nunca ningún dinero.
Entonces, si hay aportantes que no fueron ¿de dónde salió esa plata que fue a parar a las arcas de Cambiemos?
Tan solo la campaña de 2017, que llevaba como candidatos a Esteban Bullrich (senador) y Graciela Ocaña (diputada), recaudó $ 43 millones de aportes individuales y $ 153 millones provenientes de empresas.
La investigación la realizó el periodista Juan Amorín para el sitio El Destape y por estos días prestó declaración ante el fiscal Jorge Di Lello, que tiene competencia electoral y está investigando estas maniobras.
Existe una tercera denuncia por el mismo tema, ante la fiscalía de Carlos Stornelli, pero será el juez Casanello quién dictaminará si hay suficientes motivos para iniciar una causa judicial.
En la campaña electoral tanto Macri como María Eugenia Vidal, que el año pasado tuvo que salir a recorrer la provincia para traccionar votos para su candidato Esteban Bullrich Zorraquín Ocampo Alvear (desconocido en la provincia) hablaban del “cambio que ya empezó”. Vidal en particular instaba a “decirle basta a la corrupción”.
Pero por si no bastaban los ministros en el listado de los Panamá Papers, que están de los dos lados del mostrador (que continúan engrosando su riqueza, como Luis Caputo por ejemplo), ahora salen a la luz estas maniobras fraudulentas.
Nada que envidiarle a las maniobras de todo tipo y color que muy bien sabe hacer el aparato del Partido Justicialista. Algún jocoso dirigente peronista decía que “ni nosotros hicimos esto”. No aclaren, que oscurece.
En las campañas electorales son los partidos de izquierda, o sus frentes, como el Frente de Izquierda, los que tienen que sortear innumerables obstáculos para que la Justicia Electoral acepte su presentación.
Es conocido por amplias franjas de la población cómo las candidaturas de Nicolás del Caño, Myriam Bregman y demás candidatos del PTS-FIT, por caso, se sostienen con el convencimiento militante de centenares de trabajadoras, trabajadores y estudiantes, con una campaña militada activamente por esos sectores de la clase trabajadora y la juventud.
Pero eso obedece al proyecto político de esta fuerza, opuesta por el vértice a la de los partidos y los políticos tradicionales.
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Ese proyecto plantea la lucha por un gobierno puesto en función de las necesidades de las grandes mayorías. Cuestión que no puede hacer ni un gobierno que se autoproclama nacional y popular pero mantuvo un 38 % de trabajadores en negro, o sostuvo un mar de pobres con asignaciones por debajo de la canasta familiar, o indemnizó a empresas que vaciaron nuestras riquezas naturales, como es el caso de Repsol.
Mucho menos, por supuesto, un gobierno de ricos para ricos que está estrangulando el bolsillo del pueblo trabajador, recurre a la represión para acallar protestas y a despidos, que en estos dos años y medio ya llevan decenas de miles.
Será por todo esto que una y otra vez es rechazada, por todas las fuerzas políticas, la propuesta del PTS en el Frente de Izquierda de que todo funcionario gane como una docente con veinte años de antigüedad.
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Este escándalo de Cambiemos, con sus aportantes truchos y cuando los globos amarillos se pincharon, no solo muestra la falsedad de esas palabras huecas que tanto gustan repetir los funcionarios y adherentes al Gobierno de Macri y de la Gobernadora Vidal (“transparencia”, “cambio” y el infaltable “se puede”), sino que muestra la podredumbre de un sistema político al servicio de unos pocos.
fuente: la izquierda a diario
