El padrón de la tarifa social tendrá menos beneficiarios. El Gobierno encara un proceso de depuración antes de definir cómo se financiará el esquema para aquellos casos que no tengan posibilidad de abonar la factura plena del servicio.
La eliminación de la tarifa social abre un nuevo motivo de preocupación para los usuarios del servicio de electricidad que gozan de ese beneficio y que, en el caso de Tucumán, llegan a 160.000 casos. Sucede que, por Resolución 366/2018, la Secretaría de Energía de la Nación ha decidido eliminar ese beneficio a partir del 1 de enero pasado, en virtud de que, a través del Consenso Fiscal firmado por la Nación y las provincias, “cada jurisdicción definirá la tarifa eléctrica diferencial en función de las condiciones socioeconómicas de los usuarios residenciales”. En esa resolución, además, se recordó que “el mensaje de remisión del proyecto de ley de presupuesto nacional 2019 consignó que las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires también deberán asumir “las erogaciones presupuestarias asociadas a dichas decisiones”.
Frente a esta situación es probable que los usuarios que, hasta fines del año pasado, gozaban del beneficio perciban un reajuste de hasta un 50% en las boletas que reciban. Desde el área que conduce Javier Iguacel se dejó en claro que las provincias son las que deben asumir el costo de la tarifa social si es que deciden mantenerlo. Y que la Nación ha compensado con partidas extra de fondos federales.
En Tucumán, responden que todavía no se ha definido qué se hará con esa situación. “Vamos a tomar una decisión en los próximos días porque se trata de un esfuerzo presupuestario importante que tendría que hacer la provincia para mantener el beneficio que la Nación ha decidido eliminar”, dijo ayer a LA GACETA el gobernador Juan Manzur. De acuerdo con los cálculos del Ministerio de Economía, de mínima, el financiamiento de la tarifa social implicaría a Tucumán una erogación mensual de $ 65 millones, aunque esa cifra podría alcanzar los $ 100 millones, en una estimación con mayor amplitud del número de beneficiarios.
¿Por qué esta diferencia en el cálculo? Para llegar a los $ 100 millones, el Poder Ejecutivo toma en cuenta los 160.000 usuarios que estaban inscriptos en la tarifa social. Sin embargo, el Gobierno está realizando una depuración del padrón porque, a su criterio, hay beneficiarios que no deberían contar con la tarifa diferenciada, ya que no revisten una condición social que lo amerite. Esta situación fue confirmada por el ministro de Desarrollo Productivo, Juan Luis Fernández, en base a datos proporcionados por el Ente único de Control y Regulación de los Servicios Públicos de Tucumán (Ersept).
Técnicamente a esta situación se la ha denominado como errores de inclusión ya que, de acuerdo con los análisis oficiales, hay usuarios que residen en barrios privados, con poder adquisitivo y que no declararon, por caso, un trabajo o tenían una jubilación mínima. Con los parámetros que había fijado la Nación, el perfil socioeconómico no estaba determinado, así como tampoco la ubicación de la vivienda. El otro criterio que se sigue es el de los llamados errores de exclusión, es decir, la población que realmente no accedió al beneficio, que no puede pagar íntegramente la boleta del servicio y que no figuraba en la base de datos del Gobierno nacional.
En la tarea de depuración del padrón en el Ejecutivo calculan que podría disminuirse a entre 100.000 y 110.000 clientes del servicio de electricidad.
La postura provincial
En la Casa de Gobierno se recordó que el Consenso Fiscal 2018 se aprobó en Tucumán por Ley 9136, en septiembre último. A su vez, el Gobierno nacional eliminó la Tarifa Social el 28 de diciembre. “En el medio, la gran mayoría de gobernadores, entre ellos Manzur, rechazaron la decisión, pero luego, ante la presión del FMI, decisión eliminarse el beneficio a partir del primer día hábil de 2019”, indico el ministro de Desarrollo Productivo.
Fernández insistió con que el Consenso Fiscal, en materia de Tarifa Eléctrica, “sólo prevé que la Provincia y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires participen de la Tarifa Social. El resto de las provincias deberán arreglarse como puedan.”
A su criterio, la Tarifa Social fue creada en 2016 por el Gobierno Nacional y consiste en el subsidio de determinada cantidad de energía. “El precio de la energía lo define en forma exclusiva, sin siquiera consultar o escuchar sugerencias, el Gobierno nacional. Solamente Macri sabía cuánto costaría la energía en 2019 por lo que mal puede ya haber transferido el dinero”, remarcó el ministro provincial.
El aumento que se viene
Más allá de esta discusión, a partir de mañana, los casi 500.000 usuarios del servicio de electricidad de la provincia deberán afrontar otro incremento en la factura que, según cálculos de la provincia y de la empresa distribuidora, sería de entre un 20% y un 25%. El reajuste se origina en el denominado “pass trought”, es decir, la obligación de pasar el mayor costo de la energía al usuario.
El costo mayorista de la electricidad y del transporte son definidos por la administración nacional. Representa entre el 60% y el 70% del valor total de la factura que cada usuario del servicio eléctrico recibe en su domicilio.
La determinación del incremento dependerá de la potencia que requiera la vivienda y, por ende, la categoría que revista el usuario del servicio.
Una mayor demanda en el inicio del verano
1- Con temperaturas levemente inferiores a las de diciembre de 2017, el mes pasado presentó un marcado descenso de la demanda de energía eléctrica del 10%, según la Fundación para el Desarrollo Eléctrico.
2- Según Fundelec, durante los 12 meses de 2018, la demanda de clientes residenciales, comerciales e industriales cerró con un incremento de apenas el 0,2% respecto de igual período de 2017.
3- El uso de los equipos de aire acondicionado se ha potenciado durante el primer mes de este año, debido a las elevadas temperaturas. Esto será gravitante en la boleta del servicio de electricidad.
fuente: la gaceta
