El ex intendente de Famaillá y actual legislador oficialista, Enrique Orellana, atribuyó a la jefa municipal en funciones, Patricia Lizárraga, la responsabilidad por el abandono del predio destinado al tratamiento de desechos urbanos.
“Ella formó parte de mi gestión y sabía al pie de la letra todo lo que se compró. La planta la entregué en funcionamiento y con la maquinaria correspondiente. Ellos deberían haberla mantenido y controlado”, cuestionó Orellana.
El actual legislador, quien era pareja de Lizárraga, afronta un procesamiento por el manejo de los fondos públicos que el kirchnerismo le entregó para ejecutar este proyecto.
El caso
Entre 2013 y 2015, Famaillá recibió una partida nacional de $ 8 millones -U$S 600.000 según la cotización de la época- para construir una planta de tratamiento de residuos.
De aquel proyecto sólo queda un galpón con una cinta sin motor que es usada para apoyar imágenes religiosas.
Consultada al respecto, Lizárraga expresó que desconocía qué había sucedido.
Orellana consideró que la intendenta no podía desentenderse del asunto y recordó que aquella se había desempeñado como secretaría general de la Municipalidad durante su gestión.
“Me llama la atención que diga que desconoce el destino del dinero. El secretario general está por encima de todas las secretarías y direcciones: nada puede entrar ni salir sin su firma”, aseguró.
Auditoría
El legislador oficialista manifestó que la nueva gestión debía haber practicado una auditoría de control.
“Si faltara algo, correspondía que lo hubieran denunciado. Ella nunca lo hizo. ¿Ahora, a casi cuatro años, recién se dan cuenta de que tienen un basural a cielo abierto y de que no hicieron nada?”, interrogó.
El legislador oficialista subrayó que todo el proceso fue “autorizado, verificado y controlado por entes nacionales y provinciales, así como por el Concejo Deliberante”.
“Ellos no liberan los fondos tan fácilmente, te van dando por parte. En el caso de la planta fueron ocho pagos. Cuando ingresaba el dinero, se compraba el elemento, se lo colocaba y se rendía cuenta de ello. Presenté todas las facturas y boletas”, insistió.
Citación
El juez federal porteño Claudio Bonadio procesó a 90 intendentes del país, entre ellos a Orellana y a César Dip, ex jefe municipal de Lules y legislador oficialista, por el manejo de fondos públicos destinados al tratamiento de residuos.
Según calculó el magistrado, los posibles delitos cometidos con esta política kirchnerista ocasionaron al Estado un perjuicio de $ 600 millones (U$S 45 millones, según la cotización de 2015).
Orellana afirmó que Lizárraga también se encuentra involucrada en la causa. “Ella, por haber sido responsable de supervisar y dar el cierre de obra durante mi gestión, será citada por Bonadio para declarar”, señaló.
Además, el legislador anticipó que él será sobreseído. “Sólo me procesó por la supuesta ausencia de una máquina prensadora de la que tengo fotos del día de la inauguración, y boletas que respaldan su compra e instalación”, explicó Orellana.
Explicación
Días atrás, el director de Medio Ambiente de Lizárraga, Jorge Ariel Dip, comentó que inspectores nacionales visitaron el lugar e hicieron un relevamiento sobre las cosas que deberían estar, pero que no existen.
“Entre otras máquinas, debería haber una prensa para preparar la basura para su posterior enterramiento, un triturador de bolsas, una chipeadora y la cinta, que, si bien está montada, le faltan los motores”, informó.
fuente: losprimeros
