Se trata del primer avance judicial sobre el ministro de Transporte, al que el kirchnerismo planea investigar a fondo.
Aunque todavía es parte del gobierno, Guillermo Dietrich ya empieza a sufrir el cambio de época. La idea del kirchnerismo de investigar a fondo su gestión –revelada por LPO– tuvo su primer paso: el ministro de Transporte fue imputado por irregularidades en las concesiones de los peajes.
La decisión de la justicia federal afecta también al ex titular de Vialidad Nacional Javier Iguacel, sobre quien también hay sospechas en distintas causas. Como explicó este medio, en el kirchnerismo los tienen en la mira porque creen que colaboraron con cierta mala fe para el avance de las causas por las que fueron encarcelados varios ex funcionarios.
Dietrich e Iguacel fueron imputados por “ampliación ilegal e ilegítima del plazo de contrato de las concesiones por peaje”, en una causa iniciada por el sindicato de trabajadores viales y que quedó en manos del juez Sebastián Casanello y el fiscal Eduardo Taiano.
Esto parece darle la razón a quienes en la Justicia definen a Dietrich como “el De Vido de Macri” y enumeran las causas ya vigentes que podrían complicar al ministro de Transporte en un cambio de gobierno.
“Denunciamos que se abonaron a las concesionarias 30.000 millones de pesos con fondos del Estado Nacional cuando habían vencido todos y cada uno de los contratos de los Corredores Viales concesionados, pero Iguacel y Dietrich los continuaron de manera irregular para favorecer a las empresas”, explicó la titular del Sindicato de Trabajadores Viales y Afines (STVyARA), Graciela Aleñá. La dirigente explicó que la principal beneficiada fue Iecsa, la empresa que era propiedad del primo de Mauricio Macri, Ángelo Calcaterra.
La denuncia acusa a los funcionarios de utilizar “una pseudo resolución para continuar emitiendo y pagando certificados de obras” por esa cifra, “más todo lo recaudado por las empresas en las cabinas de peaje”.
De acuerdo a la presentación son siete las concesionarias que se vieron beneficiadas en la continuidad de operaciones en los corredores viales. “Estos contratos tenían un plazo de 6 años, por lo que debieron vencer el 21 de abril de 2016, con una única ampliación de plazo de 12 meses, siendo el vencimiento definitivo el 21 de abril de 2017,”, afirma la denuncia. “En pleno conocimiento por Decreto Nº 1288/2016, el Poder Ejecutivo ordenó al Ministerio de Transporte, Vialidad Nacional y OCCOVI para que se realice el inmediato llamado a licitación de dichos corredores, pero nada se hizo”, resalta.
Asimismo, el documento relata que el 21 de abril de 2017 Iguacel “emitió la Resolución Nº 811/2017, incumpliendo el mandato del decreto 1288 y lo convenido en cada uno de los contratos y prorrogó las concesiones hasta por otros 12 meses y en caso de no cumplirse el nuevo plazo hasta que se celebren los nuevos contratos”,
La denuncia argumenta además que dicha resolución “fue dictada Ad-referéndum del PEN”, de modo que “no existe en el Derecho Administrativo Argentino, ya que carecen de efecto jurídico, no son legítimos, ejecutables, ni ejecutorios”. “Le han privado a la Administración de obtener una mejor oferta y le ahorraron a las empresas la necesidad de competir para acceder o sostener por más de 2 años la operación de los corredores concesionados”, sostuvo Aleñá.
“Por 15 meses, las empresas concesionarias continuaron de forma ilegítima e ilegal cobrando peaje a los usuarios de las rutas nacionales y como frutilla del postre fueron favorecidas con el aumento constante de las tarifas, gracias al Dictado de la Resolución 346/18”, finalizaron desde el gremio.
