Las causas centrales contra el Presidente, empresas de su familia y sus principales aliados podrían acelerarse. Su principal caso es Correo, que se ramifica en diversos expedientes. Se le suman Autopistas, aportes de campaña y Paseo del Bajo.
Durante los primeros allanamientos de la causa Hotesur, ordenados por el juez Claudio Bonadio, Cristina Fernández de Kirchner era presidenta. Restaba más de un año para que dejara el poder. Su re-relección no era una opción. Era noviembre de 2014. Era investigada por lavado de dinero de la corrupción.
Ya fuera del Ejecutivo, su primer llamado a indagatoria fue en febrero de 2016 por la causa dólar futuro.
El presidente Mauricio Macri no tuvo un Bonadio. Sí tiene una serie de frentes judiciales que avanzan a ritmos diferentes en los tribunales federales. En algunos de ellos, los jueces y fiscales acumulan documentación, envían exhortos al extranjero y encargan análisis. Así lo informaron los juzgados y fiscalías a cargo de estos expedientes ante la consulta de PERFIL. ¿Tendrá este ritmo fecha de vencimiento?
Un magistrado le dijo a PERFIL esta semana que aguardará al cambio de gobierno para solicitar el resto de los documentos que necesita para investigar a Macri y a varios de sus funcionarios.
La familia y los negocios son el principal eje de los frentes judiciales de Macri que podrían significar dificultades tras su salida del poder.
El caso Correo Argentino SA es el central, el más avanzado en cuanto a acumulación de pruebas y citaciones a indagatorias (hasta el momento) y el que se ramificó en distintos fueros y expedientes.
Cartas varias. En la causa penal de Correo, el juez Ariel Lijo investiga si el Presidente participó de un acuerdo para condonar el 98,87% de la deuda que la empresa de su familia mantenía con el Estado.
Correo: maniobras contrarreloj para beneficiar a la familia Macri
Macri está formalmente imputado, pero nunca fue citado. Lijo indagó en marzo al ministro Oscar Aguad; a su segundo Juan Manuel Mocoroa; al director de Correo; y al abogado de la compañía (todos participaron del acuerdo de junio de 2016). Todavía no dictó los procesamientos.
Tras la intervención de la Cámara Federal, el juez debe ordenar un informe contable en los próximos días para volver a determinar si el acuerdo con Correo fue perjudicial para el Estado, informó una fuente del expediente.
También por este caso, varios de los miembros de su gabinete y aliados de otros poderes son el blanco de diferentes expedientes judiciales y administrativos.
La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) indaga en un capítulo del caso que podría tener más consecuencias penales. Además, en el fuero comercial un legajo también alcanza a familiares, ejecutivos y asesores del grupo Macri.
Por arriba. Autopistas es un caso reciente a nivel judicial: los hechos ocurrieron en 2018 pero la causa se abrió el 17 de julio último. Macri fue denunciado junto a su ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, y el ex director de Vialidad, Javier Iguacel.
Son investigados por un posible conflicto de intereses entre el Gobierno y una empresa vinculada a la familia presidencial; por presunto fraude a la administración pública y tráfico de influencias.
El caso se centra en la decisión del Gobierno de renegociar en 2018 los contratos de concesión de las Autopistas Norte y Oeste con la compañía extranjera Abertis y sus socias y reconocerles deudas por US$ 747 millones. Abertis fue socia de Sideco (de Sociedades Macri) en Autopistas del Sol hasta 2017. El Gobierno niega las acusaciones y sostiene que el acuerdo con Abertis le ahorró dinero al Estado.
La causa está en etapa de recolección de documentación y su análisis, y ya recibió la respuesta a un exhorto internacional, según consta en el expediente.
El juzgado de Rodolfo Canicoba Corral aún aguarda más documentos de distintos organismos como la Comisión Nacional de Valores (CNV).
Por abajo. La causa penal por el supuesto direccionamiento de la licitación de la obra del Paseo del Bajo nació a fines de 2018. Macri no está imputado. Se investiga a su primo Angelo Calcaterra (ex dueño de Iecsa); a su principal aliado territorial, Horacio Rodríguez Larreta; y a algunos de sus funcionarios clave, de acuerdo a fuentes directas del expediente.
Esta megaobra fue realizada con fondos de Nación, pero ejecutados por la Ciudad. La empresa beneficiada para construir uno de los tramos del paseo fue Iecsa. El caso quedó a cargo del juez Claudio Bonadio, quien firmó órdenes de presentación para obtener documentación oficial.
La fiscal Alejandra Mángano y la PIA continúan requiriendo el secuestro de más documentos necesarios para avanzar en la investigación. En octubre, el juez accedió a nuevos pedidos y ordenó algunas testimoniales.
La Ciudad sostiene que “fue una licitación absolutamente transparente, internacional y con la supervisión del Banco de Desarrollo de América Latina y con sus reglamentos”.
La política. Fuera de los negocios y la familia, otro eje pendiente en la Justicia es la financiación de la política. Tras varias decisiones judiciales a favor de Cambiemos, la causa por los aportes truchos de la campaña bonaerense de 2017 quedó radicada en el fuero electoral. La recaudación era investigada como una presunta maniobra de lavado de dinero de origen ilícito.
El juez Ariel Lijo tiene otros dos expedientes por aportes falsos de campaña de la elección presidencial de Macri en 2015 y de las Legislativas porteñas de 2017 en la Ciudad de Buenos Aires. Aún no ha habido movimientos relevantes en estas causas, informó una fuente de la investigación.
Blanqueo, los parques eólicos, el supuesto vaciamiento de Correo y dos documentos que no aparecen
Sideco es propiedad de Socma (Sociedades Macri), que a su vez tiene como accionista a la familia Macri. Cuando el Presidente se desprendió de su participación en el grupo, las acciones pasaron a nombre de miembros de su familia, entre ellos, sus hermanos Gianfranco y Mariano; y los hijos del mandatario.
Sideco y Socma son blanco de varios de los expedientes judiciales que tienen abiertos Mauricio Macri y su círculo de mayor confianza, asesores y ejecutivos de las empresas. Además del frente penal por el caso Correo Argentino SA, en el fuero comercial la fiscal general Gabriela Boquin investiga el presunto vaciamiento de la empresa Correo. La acusación se centra en que parte de los fondos que debían destinarse al pago de los acreedores habrían sido desviados a otras empresas de los Macri.
Blanqueo. El decreto de Macri que habilitó que los familiares de funcionarios públicos pudieran entrar al blanqueo de capitales es otro frente pendiente para el Presidente. Tiempo después del decreto, artículos periodísticos revelaron cómo la decisión de Macri favoreció a su hermano Gianfranco, quien adhirió al sinceramiento fiscal con más de US$ 4 millones ocultos en el exterior.
Por el viento. La causa de los parques eólicos nació en febrero de 2018, tras una investigación de PERFIL y posterior denuncia del diputado Rodolfo Tailhade (FpV). Durante 2016, Sideco y un grupo de socios armaron una estrategia para ingresar en el negocio de las energías renovables sin pasar por licitaciones públicas. Adquirieron seis contratos con el Estado para explotar energía eólica. Luego los revendieron con una ganancia de US$ 69,2 millones.
La Justicia indaga si los entonces miembros del ex Ministerio de Energía beneficiaron a los Macri y sus socios permitiendo que otra compañía actuara como pantalla para ganar dos de esos contratos.
Sin licitación, el Grupo Macri compró y luego revendió seis parques eólicos
El juzgado de Marcelo Martínez De Giorgi solicitó información a organismos oficiales y a las empresas. Encargó su análisis a una oficina especializada de la Corte Suprema que demoró meses, de acuerdo a fuentes de la causa. Todavía aguarda la respuesta a dos exhortos internacionales. No hay indagados.
Y otra vez. Correo: la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) investiga otro capítulo del principal caso contra Macri. Mientras la Justicia Penal determina si el acuerdo con Correo fue abusivo para el Estado, la PIA indaga si miembros del Gobierno participaron en una maniobra para planificar de antemano un acuerdo perjudicial para el Estado. Es decir: sospechan que no solo aceptaron un acuerdo abusivo, sino que además habrían formado parte de la planificación. El Gobierno lo niega.
El fiscal general Sergio Rodríguez viene solicitando al Ejecutivo desde hace dos años los originales de dos notas internas de 2016 en donde consta un intercambio entre Aguad (entonces ministro de Comunicaciones y hoy de Defensa) y su segundo, Mocoroa, sobre el acuerdo con Correo.
Estas notas solo figuran en fotocopias, las cuales despertaron ciertas sospechas en la PIA porque las fechas no coinciden con las de otros documentos del expediente, explicó una fuente del caso.
PERFIL consultó a Modernización, donde admitieron que no encuentran los originales. Aguad, derivó la consulta en Mocoroa. Mocoroa respondió que al dejar Comunicaciones “toda” la documentación quedó en poder del Ejecutivo o de la Procuración del Tesoro, pero en papel porque aún no había sido digitalizada. En la Procuración contestaron: “Acá no está”.
FUENTE: PERFIL
