Las posibles medidas que puede tomar el Senado tras la denuncia contra José Alperovich por violación

Luego de que una sobrina segunda lo denunciara por abuso sexual, el comportamiento del ex gobernador de Tucumán y actual senador nacional José Alperovich quedará bajo la lupa del Congreso. Frente a un escándalo de esa naturaleza, los miembros del Senado tienen a disposición una batería de acciones para brindar garantías a la sociedad sobre los miembros de su cuerpo.

Como cualquier otro legislador, Alperovich está protegido por la inmunidad de arresto que le conceden los fueros parlamentarios. Ese resguardo -establecido en los artículos 68, 69 y 70 de la Constitución Nacional- impide que otros poderes del Estado puedan “acusar, molestar y detener” a los representantes del Congreso por razones políticas. Con esta garantía, lo que se busca es salvaguardar la representación política de la ciudadanía.

La inmunidad tiene límites. Frente a la denuncia por violación, no existe prohibición alguna para que la Justicia avance contra Alperovich, lo cite a declarar e incluso está facultada a emitir sentencia. Sin embargo, en caso de que algún juez pida el arresto de uno de los miembros del Congreso, el cuerpo legislativo tiene que juntar la mayoría necesaria habilitar esa prerrogativa.

“Pueden pasar tres cosas. Sus pares del Senado podrían considerar que la acusación es grave y lo suspendan por un tiempo determinado. La otra alternativa es removerlo por ‘inhabibilidad moral’ o bien, la tercer salida es esperar que el juez pida su desafuero y aprobarlo”, afirmó a Infobae el abogado constitucionalista Felix Lonigro.

En todos los casos, aclaró Lonigro, los miembros de la Cámara alta tienen que lograr una mayoría agravada de 2/3 de los votos para que la decisión tenga validez.

¿Es factible que un legislador pueda ser eyectado del Congreso o sancionado, aún cuando se presume la inocencia del acusado y -al menos al momento de tomar la decisión- no ha habido condenas? Para el derecho constitucional, la respuesta es positiva.

“Aún sin haber delito, los legisladores pueden considerar que existe una inhabilidad moral de parte de un legislador. Hay que recordar lo que sucedió con el diputado Ángel Luque, el padre del asesino de María Soledad Morales en Catamarca. Solo por decir que él, de haber estado en el lugar de su hijo, ‘habría hecho desaparecer el cadáver” de la víctima, para sus pares de la Cámara de Diputados fue una situación que ameritaba echarlo”, consideró Lonigro.

“La decisión de una Cámara de suspender o expulsar por inhabilidad moral es algo que no se puede cuestionar judicialmente. En la doctrina se considera esto como un acto político no judiciable”, planteó el abogado.

Los antecedentes en el Congreso ante delitos sexuales

El caso de Alperovich tiene antecedentes inmediatos frente a otras acusaciones graves contra legisladores. Algunos involucrados resolvieron evitar las rispideces con sus pares de Cámara y tomaron decisiones a título personal que permitieron sortear el problema temporalmente.

Uno de ellos fue el senador bonaerense del Frente para la Victoria Jorge “Loco” Romero, denunciado por abuso sexual a fines de 2018. El dirigente pidió en mayo de este año una licencia sin goce de sueldo, tras no asistir seis veces consecutivas a las sesiones. No obstante, el período de ausencia fue de 30 días, tras lo cual volvió a hacer uso pleno de su banca. El mandato de Romero finaliza el próximo 10 de diciembre. No fue electo para renovarlo.

El otro caso reciente fue el del presidente de la Cámara de Diputados bonaerense, Manuel Mosca (PRO), quien recibió dos denuncias por abuso sexual ante la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El 30 de El diputado evitó las sanciones de sus colegas al solicitar una licencia por 60 días.

Independientemente de lo que decida el propio Alperovich, el oficialismo ya tomó la iniciativa para acelerar los procedimientos ante la acusación de la presunta víctima ante los Tribunales Penales de la provincia y la Unidad Fiscal Especializada de Violencia contra las Mujeres (UFEM) en Buenos Aires.

En ese marco, la senadora Silvia Beatriz Elías de Pérez pidió la activación del protocolo por violencia de género en el ámbito del Poder Legislativo, dado que la denunciante era empleada del despacho de la senadora tucumana Beatriz Mirkin, también pariente de Alperovich. Fue activado por el presidente de la Cámara, Federico Pinedo, en la noche del viernes.

“Solicitamos a la Presidencia de la Cámara que active el protocolo previsto para estos casos, el cual fue sancionado en 2018. No queremos que especulaciones políticas tiñan de sospechas la investigación de estos graves hechos, solo pedimos que los jueces actúen sin más límite que la ley y la verdad”, afirmó Elías de Pérez.

En concreto, el protocolo establece los pasos que un Comité de Seguimiento -creado al efecto de esta iniciativa- debe tomar en caso de recibir una denuncia. En consecuencia, la joven ya fue trasladada a otra dependencia, aunque también se le permitió no ir a trabajar por un tiempo, según indicaron fuentes del Senado a NA.

De confirmarse que la acusación es efectivamente cierta, el Comité de aplicación tendrá la posibilidad de tomar dar intervención a la autoridad para que instruya un sumario administrativo.

Según lo establece el protocolo, las autoridades de aplicación son las máximas autoridades administrativas del Congreso. Es decir, los presidentes de las dos Cámaras.

Esto implica que hasta el 10 de diciembre estos legisladores sean Emilio Monzó y Federico Pinedo. Pero una vez que, en sintonía con el cambio de gobierno, comience el nuevo período legislativo, sus lugares serán ocupados por Sergio Massa y Cristina Kirchner, respectivamente.

En paralelo, la Comisión Banca de la Mujer (que preside la peronista pampeana Norma Durango e integran todas las legisladoras) reclamó que la Justicia aborde el caso “con celeridad”.

FUENTE:INFOBAE