El proyecto no fue incluido por el presidente en la ampliación del temario de sesiones. Los diputados de Lavagna lo habían pedido como condición para avalar las sesiones remotas. Los beneficios vencen en mayo.
Alberto Fernández complació a las provincias petroleras y no incluyó en el temario de ampliación de sesiones extraordinarias la ley que prorroga hasta 2024 los beneficios fiscales que tienen los biocombustibles, pese a que había sido un reclamo de los productores y de bloques chicos de la oposición que suelen ayudar con el quórum.
En la sesión del 29 de diciembre Sergio Massa anunció que un acuerdo entre los jefes de todas las bancadas para tratar la ley el 20 de enero, pese a que no estaba incluida en el listado de proyectos para debatir en enero y febrero elegidos por el presidente. Recién en marzo los legisladores pueden elegir qué proyectos tratar.
Massa respondió a un pedido del salteño Andrés Zottos, quien integra el interbloque federal y suele estar en la lista de posibles aliados del Gobierno para llegar al quórum. Por comunicado, esta semana los tres diputados que responden a Roberto Lavagna reclamaron la “urgente incorporación” de la prórroga de los beneficios entre los temas a tratar en el verano.
“La utilización de biocombustibles reduce entre un 70% y un 80% los gases de efecto invernadero, comparados con los combustibles fósiles. Avanzar en la ratificación del régimen al que hacemos referencia, también contribuirá a cimentar confianza y construir las certezas imprescindibles para atraer inversiones productivas”, señalaron.
Pero Alberto no los tuvo en cuenta y este viernes firmó un decreto para sumar proyectos de ley que puedan tratarse antes del 1 de marzo y los beneficios a los biocombustibles no fueron incluidos, una omisión que podría complicar el retorno a la actividad parlamentaria.
“Nosotros planteamos el tema en la reunión de labor parlamentaria y Massa se comprometió a que habría un decreto presidencial para incorporar el asunto a extraordinarias. Recién después, firmé el protocolo para extender las sesiones remotas”, rememoró a LPO Alejandro Rodríguez, presidente del trío lavagnista, denominado Consenso Federal.
Su firma circuló esta semana en el acta de labor parlamentaria como un trofeo del oficialismo, porque garantiza una mayoría en el recinto para que los diputados en condición de riesgo puedan votar desde sus casas. Aunque los jefes de Cambiemos no firmaron y consideran que sólo puede renovarse el protocolo con el voto unánime del recinto.
Por carta, pusieron como condición que haya un temario de consenso sin algunos de los proyectos incluidos en el decreto original como la ley del Ministerio Público aprobada en el Senado, que obligaría a dar un paso al costado al procurador interino Eduardo Casal; o la reforma judicial que por ahora no tiene consenso en Diputados.
Massa nunca respondió y está dispuesto a continuar con las votaciones remotas si así lo acepta la mitad más uno de los diputados, con la garantía de que ya hubo fallos judiciales a favor de primera y segunda instancia que avalan esa maniobra. Claro que los mismos bloques que firmaron el acta deberían dar quórum para que haya sesión y la pelea por los beneficios a los biocombustibles puede complicar las cosas.
Se trata de ventajas impositivas implementadas con una ley de 2006 que tenía como objetivo promover el reemplazo de combustibles fósiles por biodiesel, bioetanol y biogás, producidos con materias primas de origen agropecuario, agroindustrial o desechos orgánicos.
La última prórroga vence en mayo, pero en octubre los senadores del Frente de Todos se apuraron a extenderla hasta 2024 y lograron unanimidad. Fue en simultáneo a que aprobaran la ley de etiquetado frontal de alimentos con la información de sus ingredientes rechazada por la industria azucarera de Tucumán, que además es la principal productora de bioetanol. Funcionó como una compensación.
En Diputados la ley de etiquetado se frezó después de un accidentado debate en comisiones, cuando el secretario de relaciones económicas internacionales, Jorge Neme, sostuvo que podría ocasionar un conflicto en el Mercosur y desautorizó a funcionarios de los ministerios de Salud, Desarrollo Productivo y Agroindustria.
La prórroga de biocombustibles nunca se trató por la fuerte presión de las provincias productoras de hidrocarburos, que sostienen que ya es hora de ocuparse de los problemas en la industria tradicional por los bajos precios internacionales.
“Con un contexto de altos precios internacionales del crudo la mezcla tenía un beneficio económico que luego desapareció con la baja del petróleo y al alza de los productos agropecuarios. Con ello el precio al consumidor termina siendo mayor, pues el costo en puerta de refinería del combustible fósil es menor al del biocombustible”, reclamó en octubre la diputada Alma Sapag, del Movimiento popular Neuquino (MPN) y otra de las aliadas que suele tener el Frente de Todos para sesionar.
Sapag advirtió además por el deterioro de YPF a partir de la caída de los precios del crudo, una situación que atraviesan además el resto de las compañías del sector, por ahora agazapadas detrás de los dirigentes.
Además de Tucumán, los biocombustibles tienen peso en la economía de Santa Fe, la principal productora de biodiesel; y Córdoba, una provincia agrícola que en noviembre aprobó una ley para promover cualquier producción de biocombustible y bioenergía.
Los cuatro diputados que representan a su gobernador Juan Schiaretti fueron la llave del quórum en muchas sesiones claves, como la que aprobó la nueva fórmula de movilidad jubilatoria. Salta y Jujuy se benefician además para sus ingenios azucareros. Deberán seguir negociando.
fuente:lapoliticaonline
