El ex funcionario, integrante de la mesa judicial de Cambiemos, está acusado por la Justicia en una causa por asociación ilícita. En una carta, dijo que es víctima de una “campaña de persecución
Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, el principal operador judicial de Mauricio Macri, pidió asilo en Uruguay, según una carta que difundió públicamente este lunes por la noche. El ex funcionario del gobierno anterior, integrante clave de la denominada “mesa judicial”, está acusado en la Justicia de integrar una asociación ilícita organizada con el objetivo de perseguir empresarios.
El operador judicial macrista planteó en la carta que pedía el asilo político debido a que, según su entender, “ya existe la decisión previa de privarme de mi libertad en cuanto regrese al país”. Había viajado a Uruguay autorizado por la propia justicia argentina que lo investigaba.
Pepín Rodríguez Simón tuvo durante la gestión de Macri dos cargos, pero ninguno vinculado al quehacer judicial: director de YPF por el Estado Nacional y representante por Argentina en el ParlaSur. Sin embargo, estuvo detrás de la organización de toda la ofensiva judicial para acusar a los dueños de C5N y otros medios, Cristóbal López y Fabián De Sousa. Por las acusaciones que planteó el “cerebro jurídico” del PRO, ambos terminaron durante varios años presos.
“Esta campaña de difamación se convierte en una campaña de odio y hostigamiento en las redes sociales que me lleva a temer, además de por mi libertad, por mi seguridad personal si regreso a la Argentina”, asegura Rodríguez Simón en la carta.
En el inicio de la carta, el operador de Macri informa que pidió “asilo como refugiado político en Uruguay, país en el que me encuentro, en los términos de la Convención de Ginebra de 1951 y otras normas internacionales complementarias. Esto implica que no voy a volver a la Argentina hasta que cese la persecución en mi contra. Tengo temores fundados de que si lo hiciera sería privado indebidamente de mi libertad, con peligro para mi seguridad personal, en el marco de causas judiciales amañadas como pretexto para encarcelarme”.
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José Torello, Balbín (que renunció enemistado con la mesa judicial) Marcos Peña, Garavano, Pepín Rodríguez Simón y Quintana, en la Casa Rosada.El operador judicial de Macri fue citado por la jueza María Servini a prestar declaración indagatoria en la causa que investiga si existieron presiones sobre Cristóbal López y Fabián De Sousa para que cambien su línea editorial. Con la decisión de pedir el asilo o la protección como refugiado político, el ex integrante de la Mesa Judicial decidió evitar el principal acto de defensa que tiene cualquier acusado, que es la declaración indagatoria, en la cual recibe la precisión del delito que se le achaca y se permite esgrimir sus argumentos.
La causa que lo compromete
El operador judicial quedó complicado en las últimas semanas en la causa que lo investiga por asociación ilícita luego de que se detectaran, según constancias a las que accedió Infobae, que durante su actuación tuvo más de 700 comunicaciones con el Gobierno de la Ciudad y más de 400 con la Secretaría General de la Presidencia. Pero hay muchos más llamados a otros teléfonos registrados a nombre de esas dependencias. También figuran 162 llamadas al entonces ministro de Justicia Germán Garavano y 139 a un teléfono de la Jefatura de Gabinete de Ministros que antes habría estado a nombre de Farmacity SA. Más de cien comunicaciones a la Jefatura de Gabinete; Fernando Sánchez, el “lilito” que después pasó a trabajar en la órbita del gobierno de Macri; el vocero Jorge Grecco o directamente a la Presidencia de la Nación.
Con 15 contactos está José Torello, también señalado como integrante de la mesa judicial de Macri. Figuran 27 llamadas con el radical Ernesto Sanz, pieza clave en el armado de Cambiemos; y contactos con la firma Caputo SA, la empresa del mejor amigo de Macri que fue vendida en 2018.
En esa línea también se identifican un centenar de llamados a las firmas Casino Buenos Aires SA o Casino Club SA; y unos 27 a la Asociación de Agentes de Loterías y Casinos y a Dolores Pujol, integrante del directorio de Lotería de la Ciudad de Buenos Aires. También hay llamadas con teléfonos del Banco Finansur, que perteneció a Cristóbal López y cuya quiebra determinó la Justicia en 2018.
Los llamados de “Pepín” en el teléfono estudiado también abarcan contactos con estudios de abogados como Llerenea Asociaciones Abogados SA, Sáenz Valiente o Mariano Cúneo Libarona. Otros contactos se registraron a nombre de “El Tehuelche SA”, firma de Eduardo Costa, el senador por Santa Cruz que estuvo casado con Mariana Zuvic. Figuran además contactos con el Consejo de la Magistratura de la Ciudad, la Unidad de Gobierno de la provincia de Buenos Aires o la Municipalidad de Lanús. También muchos con la Cooperativa de Trabajo Argentina de Marketing y Servicios Limitada, entre otros.
fuente: infobae
