En un contexto de ocultamiento de la información e irregularidades por parte de la empresa, el Juez del concurso preventivo concedió a VICENTÍN otra prórroga, esta vez para que presente una improbable oferta de pago a sus acreedores. El Magistrado ha sido desde febrero del 2020 un jugador clave para posibilitar la fuga de activos y extranjerización de la cerealera.
Distintas sociedades, las mismas personas.
Omar Scarel hoy se desempeña como el Presidente de VICENTÍN. Cuando en 2019 la empresa entró en cesación de pagos, alegando según sus propios balances que se le habían perdido 909,6 millones de dólares en solo tres meses, él era el síndico de la firma. O sea, la persona que tenía que controlar para que cosas así (tan dudosas legal y contablemente) no pasaran. Pero no controló y pasaron. Como si fuera poco, Scarel no solo era síndico de VICENTÍN. También lo era de Algodonera Avellaneda, de Oleaginosa San Lorenzo y de Friar, entre otras empresas controladas del grupo VICENTÍN. Empresas a las que el Juez, Fabián Lorenzini, se rehúsa a fiscalizar, inhibir o intervenir. Con la excusa (a pesar de la abrumadora evidencia) de que son empresas “distintas” a VICENTÍN.
Scarel y el resto del directorio de VICENTÍN son protegidos por el Juez Lorenzini. A los alongamientos procesales que le viene concediendo al concurso desde febrero de 2020, ahora le sumó otro más. Así, ha estirado hasta el 16 de diciembre–justo para empalmar con la feria judicial y que el reloj siga corriendo- el plazo que tiene la empresa para presentar su propuesta de pago a los acreedores. Algo de lo que el deudor no ha mostrado entusiasmo de querer razonablemente hacer. Este agosto presentó en el expediente, sin aprobación de su propia asamblea de socios, una oferta para pagar a los acreedores (en términos reales) el 4,5% de lo que en realidad les debe. Esto puede ser tomado como burla o como una provocación, nunca como una propuesta seria.
Mientras tanto, el directorio de VICENTÍN sigue alegando que hay conversaciones avanzadas para un quimérico acuerdo que celebraría con ACA, VITERRA y MOLINOS. Los detalles del mismo nunca han sido arrimados a los acreedores. Ni siquiera un borrador. Tampoco se explicó el cómo, el cuánto, el cuándo o el porqué. Tal acuerdo es como “Pepe El Romano” de la casa de Bernarda Alba: se habla de él pero nunca nadie lo vio. A su vez, ACA, VITERRA y MOLINOS nunca explican cómo piensan hacer un negocio rentable con una empresa como VICENTÍN, cuyo patrimonio negativo es de menos 400 millones de dólares (ya debería estar disuelta por pérdida del capital social, inciso 5 del artículo 94 de la Ley de General de Sociedades), con compromisos a pagar por 1400 millones de dólares, y cuyas cuotas de mercado ya fueron absorbidas por otras empresas. Entre ellas, las mismas VITERRA y MOLINOS, que no necesitan quedarse con VICENTÍN para quitarles sus clientes.
La mecánica fraudulenta ya está comprobada.
Los fraudes que llevaron a VICENTÍN a su cesación de pagos ya han sido corroborados por la (fugaz) intervención del Poder Ejecutivo de la Nación a mediados del año pasado, por la Sindicatura General de la Nación, por la Inspección General de Personas Jurídicas de la Provincia de Santa Fe, por el informe Gaggero-Zanotti, por la veeduría concursal y por la Auditoria Forense. Y todo esto está agregado en el expediente del concurso preventivo, visible para todo consultante. Menos para el Juez, tal parece. Varios acreedores, principalmente la AFIP, han solicitado medidas protectivas para evitar que se continúe con el fraude y que el patrimonio de VICENTÍN se siga escurriendo. Pero Lorenzini, desplegando un barroquismo formalista, conjugado con terraplanismo negador de lo evidente, rechaza todos y cada uno de estos pedidos.
El artificio de VICENTÍN para endeudarse fraudulentamente consistió en explotar al máximo las posibilidades de ocultamiento que le dan sus sociedades controladas. Sociedades que solo existen en el papel. Porque en el grupo VICENTÍN hay una sola tesorería, un solo sistema informático de gestión, un solo domicilio y una sola conducción desempeñada por un solo grupo de personas. Así como el actual presidente de VICENTÍN es síndico de otras tres sociedades del grupo, la mecánica se repite con el resto de los directores de la firma, los que a su vez se desempeñan (simultáneamente) como directores de otras sociedades controladas. O a lo sumo, ponen en ellas a sus hermanas, esposos e hijas, haciendo gala de poco amor por la familia, dada las consecuencias penales que esto en breve traerá a los prestanombres. De este modo, bajo una conducción centralizada, los flujos financieros se mueven de sociedad cáscara a otra sociedad cáscara, según lo que convenga en el momento.
Cuando VICENTÍN quería un préstamo, le pretextaba al Banco la necesidad de invertir para pre-financiar exportaciones de harinas y aceites que supuestamente haría. Para convencer de que era solvente y merecedor del préstamo, recurría a la contabilidad creativa. VICENTÍN ponía como suyos a los flujos financieros de sus empresas controladas. Y así robustecía (tan simulada como efímeramente) sus balances. También, le mostraba al banco las existencias de toneladas de granos como si fueran propias, pero omitiendo que todavía tenía que pagar por ellas. De este modo, con cantidades y calidades bajo efecto de esteroides y anfetas, inflaban el activo y ocultaban el pasivo. Con lo que VICENTÍN engañaba al Banco y accedía al préstamo, para después destinar el monto obtenido a cualquier otra cosa menos a pre financiar sus exportaciones de harina y aceite. En el entretanto, los flujos financieros que había recibido de sus controladas para hinchar su patrimonio, volvían por donde llegaron. Y VICENTÍN retornaba a su realidad exangüe.
Estos atracones subsecuentes bulimias estallaron en 2019, cuando el balance de la firma arrojó un patrimonio neto negativo de menos 277 millones de dólares. El balance del año anterior (2018) había indicado un patrimonio neto positivo de más 563 millones. Una caída inverosimil, de un año para otro, de un 149% en los activos. Alguien parece que había estado mintiendo en sus balances.
Un Juez que viendo ayuda a que los demás no vean.
Fue precisamente el balance del 2019, el de la pérdida de los 909,6 millones de dólares, el que VICENTÍN no presentó en su solicitud de apertura concursal. Presentarlo era obligación legal impuesta por el inciso 4 del artículo 11 de la Ley de Concursos y Quiebra (LCQ). Tal omisión sospechosa, era causal de rechazo de la petición de apertura concursal por el artículo 13 de la LCQ. Pero el Juez dejo seguir… y esperó al directorio complacientemente por 9 meses hasta que se dignaron a presentarle algo. El balance parido fue un documento por el que ni el mismo contador firmante da fe, según se preocupa de aclarar el profesional en el escrito de presentación.
También en la solicitud de apertura de concurso, el directorio omitió informar el tramado de más de 20 sociedades que maneja VICENTÍN, violando lo establecido por el artículo 11 inciso 3 de la LCQ. Pero al Juez tampoco le importó.
La empresa se había desprendido el 2 de diciembre de 2019, 48 horas antes de anunciar su default, del 16,67 por ciento de RENOVA (la planta extrusadora de granos más eficiente de mundo) vendiéndosela a la holandesa RENAISCO. Se trata del activo más valioso de VICENTÍN. El Juez no se interesó por investigar esta dudosa venta a vísperas de la debacle. Cuando la AFIP, como acreedora perjudicada (el patrimonio de la deudora era su garantía de cobro y este se estaba desapareciendo sospechosamente) denunció en septiembre del 2020 que la venta era simulada, el Juez lo rechazó y dijo que no había elementos suficientes para llegar a esa conclusión. Que había que esperar más constancias para determinarlo. Meses más tarde, en Julio de 2021, la Auditoria Forense hizo el hallazgo que, de esos 122 millones de dólares recibidos por la venta de RENOVA, VICENTÍN, bien los cobró, transfirió de inmediato a sus otras empresas 80 millones de dólares. Ponía así esos 80 millones fuera del alcance de sus acreedores. Los otros 42 millones, paradero desconocido hasta hoy. Pero el juez tampoco hizo ni hace nada a pesar de la insistencia de AFIP.
El Magistrado, igualmente, no se conmovió cuando el frigorífico Friar, otra empresa del grupo cuya conducción compartía nombres con el directorio de VICENTÍN (Scarel incluido) fue dada en pago en pleno concurso al BAF. BAF es una financiera transnacional, acreedora del grupo VICENTÍN, que llamativamente nunca se presentó a verificar sus créditos contra la cerealera en el concurso. Cuando AFIP pidió se declare el fraude de la operación de dación en pago de Friar, el Juez también lo rechazó por sostener que no había suficientes evidencias.
En julio de este año, la Auditoria Forense constató que BAF le había prestado 58,6 millones de dólares a Friar. Y que Friar, en vez de invertirlo en el frigorífico, se lo cedió al instante a VICENTÍN. Friar era usada para que VICENTÍN tome deuda. Friar fue endeudada, vaciada, y luego fue entregada. Pero al Juez tampoco le importó.
El directorio de VICENTÍN (investigado en causas penales por estafa, evasión, fraude contra La administración pública y balance falso) que llevó a la insolvencia a la firma, había sido desplazado preventiva y transitoriamente por la intervención del Poder Ejecutivo Nacional (PEN) en junio 2020, para proteger el patrimonio del deudor que se estaba evaporando. La acción protectiva fue reforzada por la Inspección General de Personas Jurídicas de Santa Fe (IGPJ), que solicitó la intervención de la firma. El juez resistió la iniciativa, repuso al directorio, y posteriormente lo protegió contra todo intento de desplazamiento.
Al momento de verificar los créditos, Lorenzini favoreció a los acreedores financieros más fuertes computando en dólares sus acreencias. A los más débiles (los proveedores de granos) los perjudicó pesificándolos y congelándoles sus créditos a febrero del 2020, violando así las Reglas y Usos del Comercio de Granos, que era la norma aplicable a la materia. Hoy esas acreencias granarías ya valen menos de la mitad de lo que valían a principios del año pasado.
El Juez extiende un nuevo cheque en blanco.
Tanto los veedores como la Auditoria Forense y el Comité de Control, en reiteradas ocasiones, han dejado constancia de la actitud renuente del directorio de la empresa, quien continúa ocultando información. Aun así, VICENTÍN solicitó una extensión del plazo para presentar la propuesta de pago a sus acreedores. Ante la extorsión implícita que, de no concederle tal ampliación, resulte la quiebra que deje en la calle a los 1300 trabajadores directos que tiene la empresa, el Comité de Control, a pesar de que expresó que resultaba “muy dudoso, que en el particular caso de autos la concursada resulte merecedora de una extensión tan prolongada del periodo de exclusividad” (sic), no se opuso a la nueva concesión. No obstante, esto no debería ser “un cheque en blanco” (sic) otorgado a la empresa. Por ello, estableció como condiciones para la extensión del plazo, que la firma haga conocer la marcha de sus supuestas negociaciones con VITERRA, ACA y MOLINOS, que informe las contingencias que estaba teniendo por las que todavía no puede dar a conocer la propuesta, y exige que la firma cree un ámbito de acceso a los datos económicos de la empresa, que pueda ser consultado por todo los acreedores.
Y fue así que Lorenzini, nuevamente, le dio al directorio de VICENTÍN lo que éste le pedía. Extendió en tres meses y medio más el plazo, concediendo más del triple de lo que prevé la ley (la extensión no puede exceder de 30 días, artículo 43 LCQ). Y respecto a las condiciones que puso el Comité de Control…nada. Ni una sola. O sea, el Juez le libró a la empresa el “cheque en blanco” tan temido. Lo que queda del patrimonio de VICENTÍN se seguirá escurriendo hacia otras firmas (controladas o no) y sin que el Juez lo evite. En el mientras tanto, el monto de las acreencias prosigue licuándose por la depreciación monetaria. Como se dijo, los créditos de los acreedores granarios hoy valen menos de la mitad de lo que valían cuando VICENTÍN se declaró en cesación de pagos. Y en breve, valdrán todavía menos.
Prevaricato
El artículo 263 del Código Penal tipifica el delito de prevaricato, que es aquel que se da cuando el Juez dicta resoluciones contrarias a la ley expresa invocada por las partes. O cita hechos falsos para fundamentarla. Algo que Lorenzini, según se vio, viene haciendo desde el inicio del proceso. Y continúa, a pesar de los esfuerzos de la Inspección General de Personas Jurídicas de Santa Fe, el Comité de Acreedores, la AFIP y otros acreedores que en solitario se aventuran a pedirle al aparentemente omnipotente Juez que haga cumplir con lo que la ley manda. Y que Lorenzini no hace.
Cuando la trasnacional GLENCORE (dueña de VITERRA y de RENAISCO ) termine por apoderarse de RENOVA sin poner un dólar, cuando las causas penales contra el directorio de VICENTÍN por fraude a la administración pública, estafa, evasión tributara y balance falso arrojen sus primeros resultados, cuando todo este cuadro de maniobras fraudulentas evidencien que fue necesario un Juez concursal prevaricador que las apañe para que se hayan realizado…nos preguntamos si entonces, por fin, aparecerá quien es el que está protegiendo al Juez Lorenzini para que él, a su vez, siga protegiendo a VICENTÍN y a los intereses de GLENCORE.
Porque acá, los grandes desprotegidos son el trabajo y la producción. El pueblo.
AUTOR: Víctor Aguilar. Máster en Desarrollo Económico. Docente de Concursos y Quiebras.
