Es Chris Marsh, quien considera que el acuerdo debería declararse nulo. Alberto presiona con los gobernadores.
El senador del Frente de Todos Oscar Parrilli, mano derecha de Cristina Kirchner, recibió en su despacho a Chris Marsh, un consultor y ex funcionario del FMI que en un informe reciente consideró que el acuerdo firmado por Mauricio Macri y el organismo en 2018 debería considerarse nulo.
La sorpresiva visita del inglés al Senado no hizo más que aportar tensión en una semana de enfrentamientos entre Alberto Fernández y los senadores cercanos a Cristina, que se niegan a anticipar un respaldo al acuerdo anunciado por Martín Guzmán para devolver los 44.700 millones de dólares que le prestaron a Macri.
El presidente confía en la gestión de los gobernadores y la ayuda de la oposición para tener los votos en el Senado, pero no evitará una fisura visible en su coalición que condicionará el resto de su gestión.
Parrilli hizo su primer gesto en contra de la negociación de Guzmán este jueves por la noche cuando publicó en las redes una foto en su despacho con Marsh, consultor de Exante Data, que trabajó en el FMI y le aconseja a Argentina no pagarle.
En un informe que escribió en enero junto a Karina Patricio Ferreira Lima, profesora e investigadora en la Facultad de Derecho de la Universidad de Leeds, denunciaron que el stand by de 2018 violó los objetivos trazados en el convenio de constitutivo del FMI, en el tratado de Bretton Woods, lo que en derecho internacional se denomina acto “ultra vire”.
Entienden que fue así porque no cumplió el requisito del organismo de fortalecer la balanza de pagos del acreedor, entre otras cosas porque incluyó supuestos poco realistas y “un agujero negro” contable de al menos 20.000 millones de dólares.
Con argumentos similares, la agrupación kirchnerista soberanxs le propuso al Gobierno denunciar el stand by ante la Corte Internacional de Justicia. La integran entre otros Amado Boudou, Fernanda Vallejos, Gabriel Mariotto y Alicia Castro.
Antes de llegar a eso, Marsh sugirió a Argentina pedirle al FMI un período de gracia para recuperarse, la devolución de todos los pagos realizados hasta la fecha y un préstamo a largo plazo sin intereses para cubrir la deuda.
Similar a la propuesta que hizo Cristina el 24 de marzo, pero no exactamente igual al anuncio de Guzmán, que contempla respetar el cronograma de vencimientos con desembolsos del FMI, intereses incluidos. Y una devolución a partir de 2026, ya sin déficit ni financiamiento monetario al tesoro, compromisos que el kirchnerismo considera incumplibles.
Parrilli trató el asunto con Marsh en su despacho, a quien en un posteo de Instagram definió como “coautor de numerosos trabajos de investigación sobre el FMI”, que “analiza con atención el rol del FMI en el otorgamiento de los préstamos ‘Stand-By’ a países emergentes, junto con las exigencias de políticas económicas y monetarias respecto de esos países, por parte del organismo internacional”.
El año pasado, el ex secretario de Cristina activó varias medidas para condicionar la negociación de Guzmán, pero no consiguió intimidarlo. En febrero, envió junto a sus colegas una carta al FMI para exigir una explicación sobre las condiciones del crédito y los fallidos pronósticos de una mejora en las finanzas argentinas.
Y en mayo, horas antes de la reunión de Alberto con la titular del organismo Kristalina Georgieva, el Senado aprobó una resolución que pedía invertir en la pandemia los 4300 millones de dólares que enviaría el FMI en su moneda, los Derechos Especiales de Giro (DEG). Fue escrita y anunciada por Parrilli y Guzmán la ignoró.
Estas señales de alerta se sumaron a las críticas de Máximo Kirchner a la negociación en la sesión del 8 de julio. En la Rosada no fueron tenidas en cuenta y la interna explotó tras el anuncio de Guzmán, con la renuncia del hijo de la vice la jefatura de bloque de diputados.
La foto de Parrilli alcanzó para ubicarlo entre la decena de senadores que el jefe de bloque José Mayans contabiliza como posibles votos en contra al acuerdo, entre camporistas y kirchneristas duros.
Cristina, por ahora, no habló: “Sólo haré lo mejor para el país”, es su latiguillo y recomienda leer cada número enviado por Guzmán. No le confía.
El lunes, el senador entrerriano Edgardo Kueider, cercano al gobernador Gustavo Bordet, encabezó una ofensiva contra los kirchneristas y en una nota con radio Mitre pidió aprobar el acuerdo.
Cómo advertencia, recordó que noviembre encabezó un grupo de rebeldes dispuestos a romper el bloque. Lo integraban senadores ligados a gobernadores y otros molestos con el kirchnerismo de sus provincias, como Carlos Espínola (Corrientes), Sergio Leavy (Salta) y Guillermo Snopek (Jujuy). Después, aclaró por Twitter que no sacará los pies del plato.
En el kirchnerismo vieron la mano de Alberto en las apariciones mediáticas de Kueider, porque supieron hablar mucho para la votación de la ley de aborto, cuando el entrerriano garantizó uno de los votos decisivos a favor. Este jueves el presidente recibió a Bordet, un encuentro leído en el Senado como una devolución de gentilezas.
Mayans todavía no tomó posición. Este lunes, después de escuchar a Kueider, en una entrevista al Destape le exigió a Guzmán conocer más detalles del acuerdo y le recomendó al presidente iniciar el debate en Diputados. En la Rosada anunciaron que así será.
El formoseño ya había puesto reparos quince días antes, cuando recibió en su despacho al representante ante el FMI Sergio Chodos. Le dijo que no veía forma de cubrir el compromiso de baja del déficit y aún menos el de emisión monetaria sin una ajuste feroz. “Hay mucha confianza en el crecimiento”, se preocupó.
En el Senado creen que Cristina y sus allegados no bloquearán la ley, que de todos modos tendría votos de sobra con los 18 radicales, pero sí quieren dejar claro que no avalarán un futuro plan de ajuste complementario en caso de no cumplirse los pronósticos. “Vieron como son los economistas: si le erran, nos hacen responsables”, se ataja la vice.
De todos modos, no hay mucho tiempo: el acuerdo sería enviado a Diputados el 2 de marzo y el 21 Alberto lo quiere sancionado, para no afrontar el vencimiento por 2800 millones de dólares. Acepta que el oficialismo votará dividido. Se lo recordó Parrilli.
fuente:lapoliticaonline
