La usurpación en la provincia no se castiga , casi diríamos que se promueve.
La ley 4815 de amparo a la simple tenencia es obsoleta para estos tiempos y solo favorece al usurpador.
En Tucumán se usurpan casas, terrenos, campos de todas las dimensiones, los principales perjudicados son la provincia, el gobierno nacional, ingenios, y por supuesto particulares.
Operan distintos tipos de usurpadores, hay bandas organizadas y generalmente asesoradas por algún abogado cómplice ; hay usurpadores en banda o no que cuentan con la ayuda de Delegados Comunales o Jueces de Paz del interior de la provincia, por ejemplo hace poco se produjo en la zona de Ramada , departamento Burruyacu una usurpación a una empresa agrícola de 500 has ,donde hubo involucrados dos delegados comunales.
También hay grupos económicos importantes en la provincia que para extender sus cultivos usurpan hectáreas de particulares y con su poder económico logran imponer su “delictuoso” derecho de a la Posesión.
Asimismo contamos con importantes y reconocidos desarrolladores inmobiliarios que usurpan generalmente la zona pedemontana de Yerba Buena o Tafi Viejo, como le ocurrió a la familia Mendez a la que estos “desarrolladores” le quitaron decenas de valiosas hectáreas urbanas en la zona de Tafi Viejo.
Cabe destacar también en muchos casos la vista gorda o complicidad de las autoridades policiales, como es el caso de una usurpación en la zona del Naranjo ,donde el cuidador era un policía que estaba suspendido.
Esto sin contar las numerosas usurpaciones diarias que se producen en la capital ,principalmente en la zona periférica de la ciudad, donde las casas en varios casos son usurpadas por bandas narcos que instalan búnkeres de venta de droga o almacenamiento de las mismas.
Las trabas que suponen realizar un desalojo cada vez son mayores, desde el vamos el juicio lleva casi un año de tramite, pero si en la casa o finca usurpada hay niños o adultos mayores viviendo, se debe conseguir antes de realizar la medida de lanzamiento una inspección por parte de las autoridades de minoridad y familia de la provincia, si esto no se realiza el desalojo no se puede hacer, pues se debe preveer donde serán alojados los menores y los ancianos . Incluso jueces de los juzgados de Documentos y Locaciones impusieron multas a las autoridades de la DYNAF por no hacer o demorar las inspecciones, lo que demora claramente la prontitud de justicia para los propietarios. Pero esto solo destapa otro problema que es la falta de hospicios u hogares adonde instalar a los desalojados.
El propietario debe contar con importantes recursos económicos para costear no solo el juicios, gastos, bonos y honorarios profesionales, sino también debe pagar el “PROTOCOLO” a la policía para que este presente e incluso los bomberos de ser necesarios.
Todo esto atenta contra el orden y la justicia a la que tienen derechos los propietarios de inmuebles en Tucumán que por supuesto dependen de la modificación de la ley que deben realizar los legisladores , pero es algo que a estos parece no importarles, además es una legislatura pobre en resolver los problemas de la sociedad, una legislatura que solo tuvo 12 sesiones en 2.021, y donde en los meses de enero, abril, agosto y noviembre no hubo ninguna sesión.
Pero es un tema que urge solucionar en una provincia donde viven 2 millones de personas en una superficie muy pequeña y debe estar ordenada en lo territorial y en la defensa de propiedad privada.
JUAN RIVADENEIRA
Editor
