El juez federal Fernando Poviña, a cargo del juzgado número 2 en Tucumán, ordenó procesar sin prisión a a 22 empresarios de la construcción, vonculados con la causa que involucra al ex rector de la UNT Juan Cerisola y a Olga Cudmani, ex directora de Construcciones Universitarias, y Osvaldo Venturino, ex director de Contrataciones Universitarias.
Las ex autoridades de la casa de Altos Estudios están imputadas por administración fraudulenta, en relación con los fondos millonarios que aportó a la UNT la firla Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio, YMAD, provenientes de la explotación del yacimiento de La Alumbrera, en la provincia de Catamarca.
La incorporación a la causa de la larga lista de empresarios derivó del trabajo realizado por el fiscal federal I Carlos Brito, quien rastreó anomalías atribuídas a las empresas contratistas, como cartelización de precios, pagos irregulares, pagos anticipados sin autorización, desvío de fondos, incumplimiento del proyecto de obra y facturación apócrifa.
La auditoría pedida por el acusador detectó inconsistencias en el pago a las firmas; empresas que no se encontraban inscriptas en los organismos fiscales y otras que adjudicaron obras pese a que estaban informadas en el Banco Central como deudores incobrables.
La nómina de quienes fueron cirtados a declarar está integrada por Luis Exequiel Movsovich, Marcelo Eduardo Boero, Sylvia Viviana Coronel, Pedro Alberto Varela Ottonello, Juan Manuel Peña, Guillermo José Pasquini, Ana Inés Cossio, Juan Carlos Aranda, Norma del Valle Zóttola, Ricardo Aníbal Fernández, Ruth Soledad Fernández, Manuel Guillermo Galindo, Roberto Antonio Galindo, Javier Martínez Riera, Oscar Enrique Prado, Juan Vicente Guzmán, Horacio Eduardo Gordillo, Fernando Adrián Gordillo, Aldo Antonio Polti, Martín Preatonio, Héctor Gerardo Preatonio, Héctor Fidel Preatonio, Jorge Ignacio Zeballos y Máximo Federico Mellace.
Deberán responder por acusaciones tales como haber efectuado cobros por sobre los valores de mercado, que alcanzaron los $ 4,7 millones, lo que derivó en que se les trabara embargos que oscilan entre los $ 2 millones y los $ 18 millones de pesos.
Para el juez Poviña, que convalidó lo actuado por el fiscal Brito, los emprsarios son partícipes necesarios del delito que se les atribuye a Cerisola, Cudmani y Venturino.
FUENTE: CONTEXTO
