Hubo una reunión de trabajo de su bloque con diputados de Grabois que presentaron la ley. La ministra se resiste y presenta sus cuentas el 15 de septiembre.
Cristina Kirchner apoya el salario básico universal que propone Juan Grabois y gestiona una iniciativa similar a la presentada en Diputados para tratarla en el Senado, donde la mayoría oficialista podría acelerar los tiempos parlamentarios aunque tampoco está garantizada la aprobación mientras Alberto Fernández se oponga.
La intervención de la vicepresidenta es una una presión extra a la ministra de Economía Silvina Batakis, quien aseguró que no es momento de debatir esta ley y así lo dejará plasmado en su proyecto presupuesto 2023, que deberá presentar el 15 de septiembre en la Cámara de Diputados.
El año pasado su antecesor Martín Guzmán no cumplió ese ritual porque no lo invitaron. En el kirchnerismo lo responsabilizaban de haber provocado la derrota en las primarias unos días antes, por borrar planes de asistencia como el ingreso familiar de emergencia, el IFE, que alcanzaba a una población similar a la que apunta el salario básico universal.
Por ahora el único proyecto fue implementar el SBU fue presentado por el diputado del Frente de Todos Itaí Hagman, que responde al frente Patria Grande, de Grabois. Cristina lo respaldó en un acto, pero por la resistencia del presidente nunca se debatió el comisiones.
Grabois lo reclamó en la manifestación del último jueves y le pidió a Alberto que lo aplique por decreto, porque aún si se uniera el Gobierno no será fácil convencer a la oposición.
En el oficialismo tampoco tiene mucho respaldo: en la última sesión repartieron pancartas a los diputados del Frente de Todos pero sólo 30 de los 118 la pegaron en sus bancas.
Por eso Cristina quiere iniciar el debate en el Senado y habilitó su propia negociación en una reunión entre asesores de Hagman y de la jefa de Unidad Ciudadana Juliana Di Tullio. Intercambiaron borradores sobre una iniciativa similar que podría presentarse para iniciar el debate cuanto antes.
La reunión fue confirmada a LPO por fuentes de Patria Grande, pero no tienen claro si habrá otro proyecto. “Sabemos que están trabajando en uno y tuvimos algunas reuniones. Si avanza, veremos como viene y haremos una devolución”, señalaron.
En el kirchnerismo no negaron la reunión pero la mantuvieron en reserva y no anticiparon detalles sobre su iniciativa, que podría tratarse rápido si sólo pasa por la comisión de trabajo y previsión social, que preside Di Tullio.
Fue lo que ocurrió con la moratoria previsional, que no pasó por la comisión de presupuesto presidida por Ricardo Guerra, cercano al gobernador de La Rioja Ricardo Quintela.
Tampoco hay garantía de que llegue al recinto, porque el presidente mostró que puede congelar leyes que no le gustan impulsadas por Cristina, como la que aumenta las excepciones al secreto bancario y Migue Pesce consideró un riesgo de corridas bancarias.
Pero cuando se debata el presupuesto y sus partidas para servicios sociales, una de las más altas, la no inclusión de un salario básico universal será parte inevitable de las discusiones.
Sobre todo porque, como explicó LPO, para Cristina su funcionalidad es que a mediano plazo podría sustituir los planes sociales, que cuestiona por estar coordinados por intermediarios como Emilio Pérsico.
El proyecto de Hagman no lo dice expresamente pero va en ese sentido. Consiste en sostener un ingreso de igual valor de la canasta básica alimentaria medida por el Indec (13 mil pesos) a adultos de entre 18 y 64 años que estén desocupados y no perciban ninguna asistencia del Estado.
También a los trabajadores agrarios o de casas particulares, a los inscriptos en la categoría A del monotributo, asalariados que reciban ingresos similares, aunque en estos dos últimos casos recibirían la mitad del beneficio.
El beneficiario deberá finalizar estudios primarios y/o secundarios; talleres de formación profesional y capacitación laboral, de orientación laboral, de profesionalización del trabajo doméstico, o de desarrollo de actividades socio comunitarias.
Hagman calcula el costo fiscal de su proyecto en 1.8 del PIB, pero cree que podría reducirse a la mitad si el SBU reemplaza algunos planes sociales. Y como los beneficiarios gastarían el dinero en consumo de alimentos, otra parte volvería en impuestos.
Pero esas cuentas no están bien precisas y una nueva ley podría tenerla en cuenta. La oposición, por ahora le esquiva a la polémica.
“El proyecto alcanza a 7.5 millones de personas. En Argentina no hay esa cantidad de planes. El potenciar trabaja alcanza 1 millón. Podría haberlos si se reemplazan también los planes de las provincias, pero sería otro debate”, le bajó el tono Martín Tetaz, de Evolución Radical, en dialogo con DTV.
Todos esos números llegarán en el presupuesto de Batakis, que debería corregir algunas de la variables que Guzmán presentó en su avance el 30 de junio, unos días ante de renunciar.
Ese informe, de 70 páginas, prevé un crecimiento del PIB de 3% para 2023, que incluye un crecimiento del 3,2% en el consumo privado, del 4,8% en la inversión, del 8,1% en las exportaciones y del 5,6% en las importaciones. Proyecta un tipo de cambio nominal a 223,5 pesos en diciembre de 2023, de 310 para 2024 y 407,9 para 2025.
Y, el dato más polémico, una inflación del 57% final para este año, para lo que será necesaria una desaceleración respecto al primer semestre, cuando alcanzó el 36%. Prevé además que sea de 50% en 2023, 44% en 2024 y 33% en 2025. Batakis deberá recalcularlo en su presupuesto. Y definir si cumple las metas fiscales del FMI y para eso cuanto gasta en ayuda social. Y cómo.
fuente:lapoliticaonline
