La investigación por el millonario desfalco a la Afip en Santiago del Estero, por parte de una presunta banda que creaba empresas fantasmas que emitían facturas apócrifas a nombre de grandes contribuyentes y así evadir el impuesto IVA, dio un resonante giro.
Los investigadores descubrieron al analizar pruebas obrantes en el expediente, entre ellas escuchas telefónicas de los imputados, que había empleados o funcionarios “infieles” que hacían desaparecer o reducían notablemente los montos de deudas millonarias de empresas importantes y de particulares.
Hasta el momento se descubrieron 45 casos y están en estudio otros 85. Esto hace presumir a las autoridades judiciales, que la evasión detectada en la primera parte de la investigación, de $800 millones, sea al menos del doble de ese monto. Se trataría así, de la mayor estafa al erario que se investiga en la Justicia Federal local.
Durante la investigación -a cargo del fiscal federal de Instrucción Nº 1 de Santiago del Estero, Pedro Simón; y del secretario especialista en materia penal tributaria y aduanera, Pedro Basbús Turk– se comprobó que sin resolución o acto administrativo de autoridad alguna de la Afip local, se borraban del sistema o se reducían los montos millonarios que grandes contribuyentes, empresas -principalmente- y particulares, le debían al fisco nacional.
Sin embargo, desde la Fiscalía Federal Nº 1 señalaron a este medio que advierten poca colaboración, ya sea porque se demoraron en contestar los pedidos de informe o porque éstos llegaron incompletos. Explicaron que eso retrasa el avance de la investigación para esclarecer este megafraude y así producir una reparación del daño económico causado al Estado.
El fiscal federal advirtió que irá hasta el “fondo con esta investigación para desenmarañar el entramado delictivo que causó un millonario perjuicio al Estado, el más importante en monto que se haya detectado”. Además, señaló que ante esta nueva línea de investigación, no descarta nuevas imputaciones a empleados o funcionarios que intervinieron para dar de baja esas millonarias deudas.
Como se recordará, esta causa tiene una veintena de procesados, entre ellos al contador Gustavo Coronel Medina a quien el fiscal Simón y el juez Argibay le endilgan el rol de presunto jefe de la organización que armaba empresas fantasmas que generaban una usina de facturas truchas que a su vez compraban grandes contribuyentes y empresas. Esto les permitía descargar el IVA y así, pagar menos impuestos.
En la investigación se determinó que este contador tenía nexos con al menos tres empleados de la Afip, que permitían operar con estas empresas fantasmas que emitían facturas apócrifas. Estos tres empleados -uno de ellos jubilado- están imputados. Pero como señaló el fiscal Simón, el descubrimiento de esta nueva maniobra de condonación y reducción de deudas -algunas ya en sede judicial con pedidos de embargo- con participación de miembros del organismo, puede que amplíe la cantidad de empleados imputados.
También están imputados 120 grandes contribuyentes, entre grandes empresas como constructoras de Santiago del Estero, Tucumán, La Rioja y Catamarca, y particulares. Estos deberán prestar declaración indagatoria, pero antes la Fiscalía espera contar con los informes clave de la Afip.
Durante el análisis de las 35 mil fojas de escuchas telefónicas a los imputados y dentro de las maniobras descubiertas de reducción o “desaparición” de las deudas millonarias de algunas empresas y de particulares, investigadores detectaron un episodio que les llamó la atención.
La banda que operaba fuera y dentro de la Afip local para defraudar al Estado favoreciendo la evasión de impuestos por parte de grandes contribuyentes, había contactado a un poderoso empresario de la construcción que tenía una deuda de $ 800 millones con el fisco nacional. Le hicieron una propuesta de reducirle ostensiblemente el “rojo” con el Estado nacional a cambio de un jugoso pago de coima.
El acuerdo se realizó, y la deuda de este empresario se redujo notoriamente, al igual que las otras maniobras detectadas, sin ningún tipo de resolución que lo respalde.
Sin embargo, los miembros de la banda tuvieron una desagradable sorpresa: este empresario en vez de pagarles la coima, decidió entrar en un plan de pago con la Afip, burlando a quienes le habían prestado este ilegal “servicio”.
Esta situación fue motivo de conversaciones entre los investigados que renegaban de cómo habían sido “engañados en su buena fe” y que quedó registrada en los teléfonos intervenidos. “Este empresario amarrete nos cag…”, fue el lamento de uno de los imputados a sus cómplices.
fuente: contexto
