El Estado de Derecho está hoy siendo degradado en la Argentina. Precisamente por parte del Poder que debería
salvaguardarlo.
Imputar un delito a partir de una situación donde no hubo un hallazgo de irregularidad, basado solo en las condiciones
personales del sujeto al que se quiere acusar, donde se audita yendo “a la pesca” para ver que se encuentra, y aun cuando
no se encontró nada lo mismo se inculpa, implica usar a la Justicia en lo Penal como instrumento de persecución del que
piensa diferente, atribuyéndole la entidad de un enemigo deshumanizado
Calificar como asociación ilícita a una a organización legalmente constituida, pone en peligro a los directivos de cualquier
sociedad comercial o asociación civil privada, como también a los funcionarios de todas las administraciones públicas
municipales, provinciales y también la nacional.
Acusar repetidamente por cuestiones que ya han sido tratadas y resueltas en otros procesos viola los principios de nen bis
in idem y la prohibición de la múltiple persecución.
Reabrir causas donde ya recayó una sentencia que quedó firme, vulnera el principio de cosa juzgada y sume a la ciudadanía
en una tremenda inseguridad jurídica.
Usar contra el imputado pruebas que habían sido desestimadas en instancias previas, no darle a conocer claramente el
hecho por el que se lo acusa, incorporar a último momento elementos que la defensa no pudo controlar ni expedirse, y
privarle de la posibilidad de dirigirse al Tribunal, malogra el principio del libre defensa en juicio y el de contradicción.
Promover el escarnio mediático del acusado implica una condena anticipada a la sentencia definitiva, lo que conlleva una
afrenta al principio de inocencia, de la dignidad de la persona y significa en la práctica ejercer tormentos psicológicos.
Tolerar que el acusador se refugie detrás de una cámara para expeler diatribas y lea notas, avasalla al debido proceso, al
principio de igualdad de armas y el de inmediación.
Permitir que la acusación y el juzgamiento lo lleven adelante funcionarios con evidentes indicios de guardar relaciones de
amistad entre sí y de tener lazos ostensibles con personas que ya demostraron animosidad para con el imputado, destruye
el principio de imparcialidad.
El abuso de las accesorias legales como la inhabilitación perpetua para desempeñar la función pública, conlleva convertir al
Derecho Penal en una herramienta de proscripción antidemocrática.
Todas estas conductas avasallan garantías elementales contempladas en la Constitución Nacional y Tratados
Internacionales de Derechos Humanos de los que la Argentina es signataria.
Las consecuencias de naturalizar estas arbitrariedades, permaneciendo pasivos ante ellas, devendría consentir una
regresión al totalitarismo y la destrucción de las libertades y derechos ciudadanos básicos.
Si todas estas transgresiones al Estado Social y Democrático de Derecho son posibles de perpetrarse (a la vista de todos y
todas, ya que se difunden morbosamente en los medios) en perjuicio de la Vicepresidenta de la Nación surgida del voto
popular, inferimos que la situación de desamparo que tendrá que afrontar el ciudadano anónimo cuando se encuentre
sometido a una decisión judicial, será más precaria que la de un súbdito.
Como técnicos del Derecho Penal, estaríamos faltando a nuestros deberes profesionales, docentes y a nuestra integridad
ética si no pusiéramos en evidencia las iniquidades que observamos se están registrando en los procesos penales que
conmocionan hoy a nuestro pueblo.
Es por ello que este grupo de profesores y profesoras de Derecho Penal de la carrera de Abogacía de Universidad de
Avellaneda hacemos un llamado a los Poderes constitucionales del Estado, a las organizaciones civiles, a la comunidad
académica y a la ciudadanía toda, a pronunciarse de manera urgente en defensa del Estado de Derecho que hoy está
siendo violentado en nuestro país desde el más alto nivel judicial.
Nos encontramos en los hechos frente a una proto-dictadura mediática judicial, que reproduce algunos de los rasgos
abyectos de un pasado que habíamos soberanamente decidido que no se repita nunca más. Un pasado en el que el Estado
privaba de derechos y también de la vida de argentinos y argentinas.
