Una grave denuncia realizó una familia mendocina luego de que uno de sus hijos fuera desafiliado de una prepaga por ser trans. Las razones de la empresa contienen justificaciones discriminatorias y el caso fue llevado a la Justicia por los daños psicológicos que sufrió la víctima, según publicó Gabriela Guilló de Diario Memo.
Todo comenzó en noviembre de 2020 cuando la madre contrató a la empresa prepaga Asistir para que tenga cobertura médica toda su familia, integrada por su marido y sus cuatro hijos, menores de edad.
Meses más tarde, una de sus hijas le dijo a su madre que se autopercibía niño y quería reducir sus senos, lo que significaría realizar un tratamiento hormonal. Sin conocer demasiado del tema, la mujer solicitó un turno al endocrinólogo para saber en qué consistiría y qué complicaciones podría traer para el chico.
Según surge de la demanda a la que accedió Memo, días más tarde de solicitar el turno, que solo tenía propósitos informativos, la mujer recibió una llamada telefónica de parte del gerente de Asistir, Jorge Sosa, diciéndole que “había ocultado y omitido información respecto a la enfermedad patológica de su hija”, refiriéndose a la orientación sexual.
Los hechos discriminatorios continuaron y el 23 de febrero cuando la mujer pidió un turno para el chico, en la prepaga le dijeron que era imposible ya que “le habían dado de baja a todo el grupo familiar”.
Cuando la familia solicitó explicaciones, Sosa les dijo que Asistir es una “prepaga pequeña, que no cubre tratamientos hormonales”, y le dio la opción de ingresar a un nuevo plan donde podrían acceder todos los miembros de la familia excepto su hijo trans.
Al parecer, Sosa no estaría al tanto de la ley de Identidad de Género de Argentina, que lleva el número 26.743 y fue sancionada en 2012. En la misma queda detallado que los tratamientos hormonales y operaciones quedan cubiertos por las prepagas, obras sociales y hospitales públicos ya que forman parte del plan médico obligatorio.
Pero el padecimiento de la familia continúo. Un día más tarde les llegó una carta a nombre de la prepaga y firmada por Gustavo Orrego, apoderado de la empresa. En la misma le comunican la rescisión del contrato de salud debido a que “omitieron la situación particular existente de uno de los menores incluidos en la solicitud de la declaración jurada de salud”.
Lo que no explica la carta es cuál sería la situación particular de uno de los niños, ya que tanto la orientación sexual como la identidad de género autopercibida están lejos de ser consideradas enfermedades.
Si bien en ese mes la familia realizó la denuncia en el INADI, no obtuvo respuestas por parte del organismo nacional.
Por el lado de la prepaga llegó un pedido de “disculpas” en el mes de marzo, pero desde la empresa volvieron a caer en expresiones y comentarios discriminatorios, tales como que el chico aún estaba a tiempo de “cambiar su tendencia sexual” ya que los niños “son flexibles”.
La familia concurrió a la Legislatura para obtener algún tipo de apoyo de los legisladores, pero no lo consiguieron. El último paso que les quedó es hacer una demanda civil en la Justicia por daños y perjuicios, teniendo en cuenta el daño psicológico que sufrió el menor.
El abogado de la familia, Maximiliano Legrand, indicó que, tras varios meses de espera, la causa está en el tramo final. Este jueves declararon algunos testigos que confirmaron el cambio que observaron en el niño.
“Antes era alguien alegre y se tornó introvertido, triste”, dijeron en relación al daño psicológico que habría sufrido el chico.
Memo intentó contactarse con la prepaga, pero no obtuvo respuestas.
fuente:mendozapost
