Un abogado solicitó que sea removida de su cargo y entregó pruebas de lo que considera mal desempeño de la magistrada.
La jueza Carolina Ballesteros podría afrontar un proceso de destitución si prospera un pedido de juicio político que se hizo ayer en su contra en la Legislatura. En las últimas semanas la jueza protagonizó dos videos virales, mientras conducía audiencias penales, uno en el cual discute fuertemente con un fiscal a partir de la aparición de un meme, y otro en el que cuestiona a dos referentes de la Justicia como el ministro fiscal Edmundo Jiménez y el vocal decano de la Corte, Antonio Estofán, a quienes critica por seguir en sus cargos a pesar de tener 75 años. Pero además la Corte tenía abierto otros cinco expedientes contra Ballesteros, próximos a resolver según trascendió.
Sin embargo, en paralelo a lo que puedan resolver los miembros del máximo tribunal de la provincia, ayer se presentó un pedido de juicio político, impulsado por el abogado Mario Leiva Haro. En un escrito de 14 hojas el letrado desglosa una serie de incidentes que, advierte, fueron protagonizados por Ballesteros, por lo que solicita que se la someta a un jury de enjuiciamiento. Leiva Haro detalló que “amerita aclarar que la abogada Maira Antonella Burgos denunció formalmente a la Jueza María Carolina Ballesteros ante la Excelentísima Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Tucumán por la posible comisión de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y tráfico de influencias”.
“La aludida letrada argumentó que, en su carácter de defensora de Lorena Ballesteros (media hermana de la Jueza), en el legajo que tramitaba ante el Fiscal (Ignacio) López Bustos, la Magistrada María Carolina Ballesteros ejercía su influencia de tal, al intervenir en el expediente sin ningún tipo de representación legal. Explicó que se vio “violentada” por la injerencia de la Jueza y que también el anterior Fiscal de la causa, doctor Augusto Zapata, debió apartarse de seguir interviniendo por la violencia moral ejercida en su contra por parte de la propia Magistrada”.
Según la presentación en la Legislatura, ante un pedido de informe de la Corte, “López Bustos, aseveró que fue increpado en forma agresiva tanto él como los demás empleados y funcionarios de la Fiscalía y recibió mensajes intimidantes de la Magistrada en su celular, además ser amenazado por la Magistrada, por lo que debió excusarse de continuar interviniendo en la causa”.
Señores Miembros de la Comisión, los hechos relatados por el Sr. Fiscal López Bustos revisten una gravedad institucional inusitada, y adquieren mayor relevancia y trascendencia cuando se advierte que la persona involucrada en una Jueza, quien en la práctica debe impartir Justicia y garantizar el debido proceso y el efectivo cumplimento y aplicación de la Ley”, dijo Leiva Haro.
“De la lectura del planteo efectuado por el Dr. López Bustos, se observa que el comportamiento de la Magistrada Ballesteros está inmerso en las causales de juicio político previstas por la Constitución Provincial. Resulta inaceptable que una Jueza amenace a un Fiscal, o a cualquier otra persona, además de influir y condicionar al representante del Ministerio Publico Fiscal. También profirió amenazas a mis defendidas cuando afirmo “que ella iba a hacer justicia y que no sabía cómo iba a reaccionar si las encontraba en la calle”, agregó el abogado. Y recordó que “la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Tucumán, mediante Acordada 675/2024 del 5 de julio de 2024, en el marco de las actuaciones caratuladas “Ibáñez, Dante Julio José; Macoritto, Néstor Rafael y Lammoglia, Diego Ernesto”, efectuó una recomendación a la doctora María Carolina Ballesteros a fin de que adecue sus intervenciones judiciales a la función jurisdiccional conferida legalmente y limite sus actuaciones a las facultades que le acuerda la Ley Orgánica de Tribunales y los digestos de rito”.
En la presentación en la Legislatura, Leiva Haro detalló otro hecho por el cual cree que se debe impulsar el juicio político. “Informo que ante el Juzgado del Trabajo III del Centro Judicial Concepción, tramita el juicio Ballesteros María Carolina c/ Caja Popular de Ahorros” en el cual la Magistrada María Carolina Ballesteros le reclama 8,4 millones de pesos a la mencionada ART debido a un accidente de tránsito que la misma sufrió. En este proceso, la Magistrada presentó un informe médico en el cual manifiesta que, secuela del accidente, sufrió una incapacidad parcial permanente y definitiva estimada en el 40%. La historia clínica firmada por la psiquiatra Lidia Fátima Assad afirma que: “A partir de ese acontecimiento (el accidente), el quehacer cotidiano ha cambiado radicalmente, es una persona obsesiva, compulsiva, por momentos ni su tratamiento farmacológico logra calmar su estado de ánimo (…) Presenta una incapacidad de orden mental de un 45% parcial y crónico””, indicó Leiva Haro. Sin embargo, dijo el abogado, “la Magistrada María Carolina Ballesteros continuó participando en forma ininterrumpida de concursos para la Justicia provincial, ante el Consejo Asesor de la Magistratura, y también de concursos federales, ante el Consejo de la Magistratura de la Nación. Justamente ante este último organismo, en el marco del expediente N°119/2014, caratulado “Concurso N°320 Juzgado Federal de Primera Instancia N°3 de Tucumán -no habilitado-“, se encuentra agregado el informe psicológico y psicotécnico de la Magistrada María Carolina Ballesteros, quien fuera evaluada en fecha 19 de septiembre de 2.016, concluye que la misma se encuentra apta para el cargo que se postula, destacando entre otras cosas, que se capacidad para controlar sus impulsos en buena, la tolerancia a la frustración es buena, su capacidad para responder a estímulos intensos es buena. Estos datos que surgen de la evaluación psicolgica que le efectuaron a la Magistrada Ballesteros, claramente son contradictorios con el informe presentado en el juicio laboral iniciado por ella”.
“Sin embargo, y a pesar de que esta información está agregada en el juicio laboral, en fecha 24 de octubre de 2.022, la Magistrada Ballesteros y la Caja Popular de Ahorros de la Provincia de Tucuman- ART (POPULART), celebraron un acuerdo por el cual le abonaron a la Dra. María Carolina Ballesteros la suma de pesos siete millones quinientos ochenta mil pesos, en concepto de pago de indemnizaciones reclamadas en la demanda por el accidente de trabajo ocurrido en fecha 12/08/2015”, advirtió.
Leiva Haro afirmó en consecuencia que “Todo lo expuesto precedentemente lleva a colegir que la Magistrada María Carolina Ballesteros desatendió groseramente los deberes inherentes a su cargo, evidenciando actitudes incompatibles con el ejercicio de la función jurisdiccional, lo que amerita sea removida de su cargo”. Y pidió que “se libre oficio a la Excelentísima Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Tucumán a efectos de que remita copia certificada de las actuaciones antes precisadas, haciendo expresa reserva de ampliar la presente denuncia una vez que tome conocimiento íntegro de ellas”.
El pedido debe ser ratificado por Leiva Haro y luego ser girado a la comisión de Juicio Político que preside Sergio Mansilla, cuyos miembros determinarán si se le da trámite y se abre el proceso contra la jueza.
fuente:lagaceta
