A pocos meses de la asunción de la nueva presidenta de México, quien como su antecesor AMLO no ha sido lapidaria contra el crimen organizado, un sacerdote de Chiapas es asesinado a tiros.
El asesinato del sacerdote aborigen Marcelo Pérez refleja el clima de violencia en México que parece no tener un punto final pese al cambio de gobierno –no de signo político– que promete combatir al crimen organizado pero por izquierda es acusado de pactar con los narcos.
Marcelo Pérez, un cura de origen tsotsil, fue asesinado a balazos dentro de su camioneta durante el domingo tras celebrar su clásica misa parroquial.
El párroco, quien trabajaba en defensa de los DD.HH. en Chiapas, estaba recibiendo amenazas de muerte de grupos paramilitares y cárteles de narcotráfico, además de persecución judicial desde hace más de una década.
Desde el 2015 el sacerdote mexicano tenía medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), debido al riesgo de muerte que enfrentaba.
El organismo instó al Estado Nacional mexicano a que tomará medidas de protección sobre el cura luego de que en mayo de 2014 fuera seguido por vehículos cuyos ocupantes “parecían militares”.
Del mismo modo, el Consejo Nacional clamó al Estado por la protección del sacerdote tras recibir información de que el crimen organizado ofrecía entre 100 mil y 150 mil pesos por su cabeza. Incluso, hace algunos años, individuos no identificados intentaron ingresar a la fuerza a la parroquia.
La comunidad católica en México, amenazada por los cárteles narcos
Tras oficiar una misa en San Cristóbal de las Casas en el sureño estado de Chiapas, el sacerdote indígena Marcelo Peréz fue asesinado a balazos dentro de su camioneta. El sacerdote y activista por los DD.HH. había recibido amenazas entre 2014 y 2015 que provenían de las filas de cárteles del narcotráfico y grupos prristas. En varias oportunidades, incluso los vecinos se acercaron al padre a comentarle que había planes para secuestrarlo y atentar contra su vida. Padre de origen tstosil, Marcelo Pérez Pérez nació en San Andrés Larráinzar, un municipio de Los Altos de Chiapas. Fue párroco por 10 años en Chanalhó, y luego por amenazas de muerte, fue trasladado por la diócesis de San Cristobal a la parroquia de Guadalupe. El sacerdote tstosil se vio envuelto en el medio de una disputa territorial entre los grupos armados Los Machetes y Los Herrera, según el diario mexicano Animal Político.
En el 2021, el cártel Los Machetes tomó el control de Chiapas, en donde secuestraron y desaparecieron a 21 personas del clan paramilitar Los Herrera. Este último cártel acusó al padre Marcelo de estar aliado a sus adversarios y pusieron precio a su cabeza: la realidad es que su activismo los estorbaba. El pasado 13 de septiembre, el cura aborigen Marcelo Peréz se unió a una marcha por la paz de las tres diócesis de San Cristóbal de Las Casas, para denunciar el aumento del narcoterrorismo. “Luchamos por la paz, en Simojovel le pusieron precio a mi vida 150 mil, 400 mil, un millón de pesos, pero vivimos bajo la protección de Dios. Hay mucha violencia, pero seguimos construyendo la paz. Hemos acompañado a los desplazados, me ha tocado mediar para liberar a funcionarios públicos, seguiremos en la lucha de la opción por los obres, es un mandato divino”, dijo el padre un mes antes al El Heraldo de Chiapas.
El hostigamiento hacia su persona fue continuo durante más de una década, y el reclamo de protección al Estado nacional por parte del Consejo Parroquial habría sido en vano: porque nunca llegó. Anteriormente el sacerdote había tenido que abandonar la parroquia de San Pedro Chenalhó, Chiapas, por las amenazas de cárteles del narcotráfico que perpetraron la masacre de Acteal. Tal masacre, la de Acteal, se remonta a 1997 cuando un grupo paramilitar entró a acribillar a balazos a indígenas tzotziles, de la comunidad a la que pertenecía el cura, mientras estos oraban en el interior de una pequeña iglesia cristiana protestante de la localidad. En tal matanza murieron 45 personas, incluidos niños y mujeres embarazadas. Por aquella época el Estado mexicano calificó el hecho como una disputa étnica territorial, pero las organizaciones de DD.HH. y los grupos aborigenes aseguan que tal masacre fue pactada con el gobierno para desarticular la base social de la localidad de Acteal.
Mientras tanto, la actual presidenta de México, Claudia Sheinbaum, lamentó el asesinato del padre y confirmó que se han abierto investigaciones para concoer el móvil del crimen. Sin embargo, la sucesora de AMLO, en numerosas ocasiones ha prometido ‘no violencia’ contra los cárteles bajo el lema de “abrazos no balazos” de su antecesor Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Además una reciente denuncia de un ex funcionario condenado por narco en USA vincula al mandatario saliente con ‘El Mayo’ Zambada y al gobierno de Morena con el crimen organizado. Tal como contó Urgente24, la relación no oficial entre el presidente saliente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y el capo narco de Sinaloa “El Mayo” Zambada siempre ha sido un secreto a voces en México. Pero dejó de ser una mera especulación cuando la DEA confirmó que sus campañas han sido financiadas por el mundo narco. Es más, un exfuncionario del gobierno mexicano, extitular de la Secretaría de Seguridad Pública, Genaro García Luna, procesado por narcotráfico en USA, publicó una carta en donde manifestó que existen fuertes vínculos entre el presidente mexicano y narcotraficante Ismael “El Mayo” Zambada.
Como si esto fuera poco,aunque Claudia Sheinbaum difunde su supuesto plan de paz contra el crimen organizado, cuando había estado en la gobernación de CDMX compró fentanilo a un político investigado por la DEA. El fentanilo es un potente analgésico usado en pacientes de cáncer y está siendo movido de México a USA como aditivo para la heroína, según reveló recientemente la DEA. Este potente opiáceo es entre 80 y 100 veces más potente que la morfina y entre 25 y 40 veces más fuerte que la heroína.
