El organismo de contralor le inició un juicio de cuentas al contador general de la entidad crediticia por no someter al debido control preventivo un pago por más de $ 14 millones destinado a la reparación de ascensores
El Tribunal de Cuentas de la Provincia dispuso la sustanciación de un juicio administrativo contra el contador general de la Caja Popular de Ahorros (CPA), Antonio Oliva, por no someter al debido control preventivo a un gasto superior a los $ 14 millones para la reparación de ascensores en esa institución.
A través del Acuerdo N° 4791, con fecha del pasado 22 de octubre, el organismo de contralor había ordenado iniciar un sumario de cuentas en la entidad crediticia para determinar responsabilidades “por la falta del acto administrativo de autorización del gasto por pago de reparación de ascensores a la firma Lazarte Ascensores SAS por la suma de $ 14.422.050,50”.
En su descargo, la CPA, a través de Olivas, en su carácter de contado general, informó que el pago responde a lo dispuesto por Resolución N° 1069/2023 de la Intervención de la entidad crediticia.
No obstante, los encargados del sumario advirtieron que “el procedimiento previsto en la Resolución nº 1069/2023-CPA no establece la aprobación de los gastos sin acto administrativo válido, sino la autorización para la reparación de desperfectos no previstos en el mantenimiento preventivo contratado”. Además, señalaron que “en cuanto al pago de la presente factura, no corresponde su encuadre en las disposiciones del Art 127 (2º párrafo) en tanto la reparación de ese tipo de desperfectos no es una consecuencia prevista, sino una situación extraordinaria de la prestación del servicio, cuyo monto excede largamente el de la contratación”.
Por último, advirtieron que dicho gasto debió ser sometido al control preventivo por parte del TC y recordaron que este es “el único instrumento idóneo para normalizar el Comprobante de Observación Nº 3068/OD correspondiente a la Rendición de Cuentas registrada bajo el Nº 1934/2024 de fecha 29/02/2024 del periodo Enero/2024”.
Por lo expuesto, a través del Acuerdo N° 4951, que tiene fecha del pasado 1° de noviembre y lleva las firmas de Miguel Chaibén Terraf, Sergio Díaz Ricci y Marcelo Vidal, el TC resolvió iniciar un Juicio de Cuentas contra Oliva “por la observación efectuada por el Dpto. RC Organismos Descentralizados, sobre el CO n° 3068/OD, sobre la falta de Acto Administrativo de autorización del gasto por pago de reparación de ascensores a la firma ‘Lazarte Ascensores SAS’, por la suma de $14.422.050,50”.
Además, los integrantes del organismo de contralor designaron como instructor de la actuación administrativa al abogado fiscal Alejandro Salas Oroño, con la asistencia del contador Conrado Aráoz Martínez como co-instructor.
fuente:tendenciadenoticias.com.ar
