El Gobierno informó a pesqueras que la renovación de la cuotificación ya no será más de 15 años: “Se va a renovar por un año, y en diciembre de 2025 volvemos a hablar”, dijo y despertó gran malestar en el sector.
El subsecretario de Recursos Acuáticos del Gobierno de Javier Milei, Juan Antonio López Cazorla, informó esta semana a las empresas pesqueras que la renovación de la Cuotas Individuales Transferibles de Captura (CITC) no será más por el período de 15 años, sino por sólo un año, y despertó gran malestar y preocupación en el sector.
Ocurrió en una reunión celebrada el martes con las cámaras pesqueras, cuando el funcionario explicó que debido a diversos “frentes abiertos” y la complejidad de la situación actual, no podrá brindar el apoyo esperado para una renovación a largo plazo.
Por supuesto, la noticia cayó como un balde de agua fría en varios sectores pesqueros, particularmente entre las cámaras empresariales de Mar del Plata, que expresaron su descontento por la decisión. La expectativa de una renovación a largo plazo había sido uno de los puntos clave para los empresarios, quienes temían que la incertidumbre afectara la planificación de sus operaciones a futuro.
En ese contexto, fue el representante de la provincia de Chubut, Andrés Arbeletche, quien tomó la palabra, marcando “la necesidad de avanzar y culminar con el proceso de cuotificación de manera urgente, toda vez que cualquier otra alternativa resulta perjudicial para el sector, máxime considerando que los plazos se agotan y resulta necesario contar con la previsibilidad que la actividad requiere”.
Durante la reunión, Cazorla también informó que este jueves se sometería a votación la propuesta de cuotificación, dejando en claro que la misma será válida solo por el corto plazo. “En la reunión del Consejo pondré a votación la propuesta, pero la cuotificación será por solo un año”, puntualizó el subsecretario. A esta situación se suma una nueva preocupación para el sector: el funcionario nacional también anunció que se propone fijar a 3.5 el DUE (Derechos únicos de Extracción), un incremento que ha generado un fuerte rechazo entre los empresarios pesqueros.
Los “frentes abiertos”
La cantidad de frentes abiertos que mencionó el funcionario están relacionados, con un supuesto pedido de coima, por el que mostró interés la Embajada de Estados Unidos, pasando por la intervención de la Justicia Federal en el caso y, por las denuncias de cartelización realizadas por el titular de la empresa Prodesur del empresario chino, con asiento en Tierra del Fuego, Liu Zhijiang. Además, está también la intención del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, de licitar las cuotas de pesca para que gane la compañía que mejor precio oferte y la que más calidad en el servicio preste. Un pedido que va en línea con lo expuesto por Liu Zhijiang, que dice ser víctima de sanciones de su buque Tai An, ocasionadas por las empresas acusadas de oligopólicas y por funcionarios señalados por operar para ellas.
La decisión anticipada por Cazorla el martes debía ser ratificada ayer entonces por el Consejo Federal de Pesca, el organismo que define la política del sector, pero se decidió de manera unánime trasladar la búsqueda de consenso para la próxima sesión.
El reparto de las cuotas
Existe un método tradicional para repartir las cuotas de pesca de los diferentes tipos de merluza en el mar austral nacional, que se ha puesto en cuestión por referentes de la administración de Javier Milei, por una empresa del sector, Prodesur S.A. de Liu Zhijiang y por el escándalo de una denuncia por un pedido de supuestas coimas millonarias. Tradicionalmente se reparten las cuotas de pesca a las empresas que participan del mercado asentadas en las provincias que cuentan con litoral marítimo, Buenos Aires, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego en base a criterios de inversiones, antecedentes operativos, generación de empleo y recaudación fiscal provincial. Pero, podría haber otro método, que es el que inquieta a todo el ecosistema pesquero nacional, y que defiende la Casa Rosada a través de su ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. Un esquema de licitaciones para el reparto de las cuotas, en base a las ofertas que se produzcan y que evitarían, según las palabras del propio funcionario nacional, el “robo legal” de las poderosas compañías internacionales de pesca, que abonan escasas regalías en torno al 0,15%.
