En su apuesta por reducir la participación del Estado en la economía, el Gobierno de Javier Milei confirmó la privatización de Corredores Viales Sociedad Anónima, la empresa estatal que administra gran parte de las rutas nacionales. La medida, anunciada por el vocero presidencial Manuel Adorni, busca traspasar más de 9.000 kilómetros de caminos al sector privado bajo un esquema de obra pública por peaje.
Nuevo modelo de concesión y audiencias públicas
El proceso será llevado adelante por la Dirección Nacional de Vialidad, dependiente de la Secretaría de Transporte, que implementará el programa Red Federal de Concesiones. La iniciativa contempla la licitación de 13 tramos estratégicos, que representan el 20% de la red vial nacional pero concentran el 80% del tránsito.
Según explicó Adorni, la meta es que las nuevas concesionarias se hagan cargo de las obras de infraestructura con sus propios recursos, obteniendo a cambio el derecho de cobrar peaje a los usuarios. Para definir los detalles del nuevo esquema, se convocarán audiencias públicas en las próximas semanas.
Situación actual y argumentos oficiales
Desde el Gobierno justificaron la decisión citando la situación crítica en la que, según sus datos, se encuentra la red de Corredores Viales. Al inicio de la gestión, el 45% de los caminos estaban en mal estado o en condiciones críticas, los contratos de obra estaban paralizados y había un atraso tarifario del 45% en relación con la tarifa técnica.
Además, la empresa cerró 2023 con una deuda de $142.000 millones con proveedores y pérdidas acumuladas por $268.000 millones, lo que llevó al Estado a asistirla con $301.000 millones del Tesoro Nacional.
Las rutas en proceso de privatización
Corredores Viales S.A. gestiona actualmente casi 6.000 kilómetros de rutas en provincias como Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán, Salta, Jujuy, Chaco, Corrientes, Misiones, San Luis y Mendoza. Entre los principales tramos que pasarán a concesión privada se encuentran:
RN 34 y RN 9 (Santa Fe – Santiago del Estero): 327 km
RN 8, RN 36 y A005 (Pilar – Villa Mercedes, San Luis): 665 km
RN 3, RN 226 y RN 205 (Buenos Aires): 245 km
RN 7 (Luján – San Luis): 590 km
Acceso Riccheri y Ezeiza – Cañuelas: 13 km
Además, se incluirán otras rutas que no estaban concesionadas, como la RN 33 en Santa Fe, la RN 18 en Entre Ríos y la variante de la RN 19 en Córdoba.
Condiciones de adjudicación y tarifas
Según informaron fuentes oficiales, la adjudicación se definirá por la oferta de menor tarifa al usuario, pero las empresas no pagarán un canon al Estado ni recibirán subsidios.
A pesar del traspaso, el Gobierno mantendrá el control sobre las tarifas: habrá un precio tope y un sistema de actualización trimestral basado en índices del Indec. Sin embargo, durante el primer año de concesión, los precios se mantendrán congelados hasta que las concesionarias cumplan con mejoras clave, como bacheo, iluminación y señalización. A partir del segundo año, se aplicará el esquema tarifario definitivo.
Un cambio estructural en la infraestructura vial
La privatización de Corredores Viales es parte del paquete de reformas estructurales impulsado por el oficialismo, que también incluye la venta de Intercargo, Enarsa, AySA, SOFSE y Belgrano Cargas.
El Ejecutivo argumenta que la empresa estatal duplicaba las funciones de la Dirección Nacional de Vialidad y que el traspaso permitirá mejorar el estado de las rutas sin incrementar el gasto público. No obstante, la medida genera interrogantes sobre el impacto en las tarifas de los peajes y el nivel de inversión que asumirán las empresas privadas.
En los próximos meses, con la convocatoria a audiencias públicas y la apertura de licitaciones, se definirá el futuro de una de las redes viales más importantes del país.
fuente:lv7
