La causa por la mercadería del Ministerio de Desarrollo Social hallada en un domicilio particular sigue avanzando con nuevas solicitudes de investigación. Ahora, el foco está puesto en Deiana.
Uno de los casos más polémicos de los últimos tiempos en Tucumán es el referido a la venta ilegal de mercadería, la cual se produjo más de una vez en el Ministerio dirigido por Federico Masso. En este sentido, el abogado Gustavo Morales, defensor del imputado Juan Alberto López Cansillieri, solicitó a la Unidad Fiscal de Delitos Complejos que se amplíe la investigación e incluya al ciudadano Walter Molina y al interventor de la Mutualidad Provincial, Daniel Deiana.
Pedido de ampliación de la investigación
Morales entregó a la Fiscalía un documento que habría sido redactado por Molina y dirigido a López Cansillieri mientras este último se encontraba detenido en la Comisaría 15. En dicho escrito, Molina le solicitaba que dejara de ser defendido por Gustavo Morales y aceptara la representación de una “Dra. de Morfil”, presuntamente por recomendación de Daniel Deiana, presidente de la Mutualidad Provincial. Además, en la misma nota se mencionaba que Cansillieri debía “esperar hasta fines de febrero o marzo” y que recibiría dinero en nombre de Deiana, con la promesa de que su situación judicial mejoraría.
Relación con la Mutualidad Provincial
Uno de los puntos clave de la investigación es determinar si la mercadería estatal también estaba destinada a la Mutualidad Provincial. Según la documentación en la causa, el 20 de noviembre de 2024 la mercadería habría sido retirada del Transporte Hacha de Piedra. Un día después, el 21 de noviembre, parte de esta mercadería habría sido entregada en la sede de la Mutualidad Provincial, ubicada en calle Ayacucho 170, en San Miguel de Tucumán. El destinatario formal de la carga era el Frente Social Popular. Sin embargo, cinco días después, una cantidad significativa de estos productos fue encontrada en una vivienda de Manantial Sur.
Hallazgo de la mercadería y contexto de la investigación
A fines del año pasado, el secuestro de más de 5.200 kilos de mercadería asignada por el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia desató un escándalo en el ámbito político y social. La mercadería fue descubierta en un allanamiento realizado en una vivienda de Manantial Sur, lo que llevó a interrogantes sobre el destino de los insumos estatales destinados a la asistencia alimentaria.
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La investigación sugiere que parte de estos alimentos podría haber sido vendida de manera irregular. Durante el allanamiento, se encontraron anotaciones en las que figuraban listas de productos junto con montos de dinero, lo que refuerza la hipótesis de una comercialización ilegal de los bienes.
FUENTE:TUCUMANDIGITAL
