Tras el escandalo por el caso de “cheques por la ventanilla”, el intendente de Banda del Rio Salí, Gonzalo Monteros, el 24 de febrero en conferencia de prensa defendió su gestión y aseguró que tenía los documentos necesarios para justificar los gastos y extracciones realizadas.
Llegando ya a mediados marzo, corroboramos que la documentación no fue presentada ante las autoridades de la Unidad de Información Financiera.
La denuncia de la UIF
Cabe recordar que la Unidad de Información Financiera (UIF) reveló que, a lo largo del país, municipios de distintos puntos extrajeron grandes cifras sin justificación alguna, mientras que, en paralelo, ingresaban fondos a cuentas privadas de empleados públicos, quienes en muchos casos utilizaron esos depósitos para comprar dólar MEP.
Legisladores piden informes a Interior por la denuncia de la Procelac
Courel requirió que el ministro Monteros dé cuenta del destino de fondos no reintegrables entre 2023 y 2024. Al menos tres solicitudes.
Los pedidos de informes se acumulan en la Legislatura a partir de la denuncia que formuló la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), para que se investiguen operaciones bancarias sospechosas que realizaron los municipios de Banda del Río Salí, Famaillá, Lules y Monteros entre 2023 y 2024. La oposición reclama respuestas claras para conocer con documentación el destino de unos $37.000 millones.
El último de estos requerimientos ingresó el viernes por mesa de entradas, con la firma del legislador Manuel Courel (Cambia Tucumán). Mediante una nota dirigida al presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Gallia, pidió que se solicite al Ministerio del Interior que encabeza Darío Monteros, información sobre las operaciones que son objeto de investigación.
“Resulta ineludible que el Poder Ejecutivo provincial informe a este cuerpo legislativo los detalles de tales operaciones, a fin de dilucidar si los fondos transferidos como aportes no reintegrables a los municipios son aquellos cuya operatoria es objeto de investigación por parte de la Procelac, y deslindar las responsabilidades que pudieren corresponder”, plasmó Courel en el requerimiento.
En particular, el legislador pidió que se detallen los aportes no reintegrables que se otorgaron en 2023 a los municipios involucrados, con especificación de montos, fechas, destino y rendición de cuentas; copias de cada uno de los expedientes administrativos por los pedidos y el otorgamiento de los dineros; y el detalle preciso del destino dado a los fondos y la certificación por parte de Interior de su cumplimiento, entre otros.
