Un nuevo fallo adverso sería emitido en las próximas horas por la jueza Loretta Preska, a cargo del tribunal del distrito sur de Manhattan, en el marco del extenso juicio por la expropiación de YPF. La causa, que ya lleva una década, mantiene en vilo al Gobierno nacional, que acusa a sectores políticos y económicos locales de alimentar la ofensiva judicial extranjera.
En Balcarce 50 se espera con preocupación la inminente decisión de Preska. Aún no está claro si será una resolución definitiva o si habilitará nuevas instancias de apelación, pero lo que se da por hecho es que la situación judicial se agravará.
Desde el entorno del presidente Javier Milei, se ha denunciado públicamente la existencia de “buitres domésticos”. Esta expresión, utilizada por funcionarios del oficialismo, alude a dirigentes políticos, exfuncionarios, estudios jurídicos y empresarios que, a juicio del Gobierno, estarían favoreciendo deliberadamente los intereses de los demandantes.
Uno de los apuntados es el gobernador bonaerense Axel Kicillof, quien la semana pasada brindó una conferencia de prensa en defensa del proceso de expropiación que lideró en 2012 como viceministro de Economía. Sus declaraciones fueron citadas por los litigantes en su escrito de oposición al pedido de suspensión presentado por Argentina. En ese documento, los demandantes señalaron que Kicillof “entorpece y empeora la posición argentina”.
Además, el Gobierno rechazó la posibilidad de negociar con Burford Capital, el fondo que compró los derechos del juicio y que ya logró una condena contra el Estado argentino por USD 16.000 millones. Con intereses, la cifra supera los USD 17.000 millones, creciendo a razón de USD 2,5 millones diarios. “No se negociará nada. La estrategia es judicial, no política ni comercial”, reiteraron desde el Ejecutivo.
Entre las posibles medidas judiciales que Preska podría tomar se barajan tres opciones: convocar a una nueva audiencia con las partes, suspender la sentencia para esperar definiciones en causas paralelas o habilitar la apelación argentina sin imponer condiciones. En cualquiera de estos escenarios, el conflicto seguirá escalando.
La estrategia oficial también contempla un frente internacional, en el que se busca obtener un nuevo respaldo del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que ya se había pronunciado a favor de Argentina en 2024, durante la presidencia de Joe Biden. Ahora, con Donald Trump nuevamente en el poder, el panorama es incierto, pero la Cancillería mantiene gestiones abiertas.
Mientras tanto, desde la Procuración del Tesoro, encabezada por Santiago Casto Videla, se refuerzan los argumentos para evitar que se cumpla con la orden de turnover (entrega de acciones), que implicaría ceder el 51% de YPF a Burford. El Gobierno sostiene que cumplir con esa orden violaría la legislación nacional y significaría la pérdida definitiva del control estatal sobre la petrolera.
En paralelo, exprocuradores como Facundo Saravia Frías y Carlos Balbín fueron criticados por sus apariciones mediáticas, que desde el Gobierno consideran inoportunas. “No ayudan. Es tarde para hablar”, aseguraron fuentes oficiales.
Por último, se analiza pedir el respaldo de otros países como amicus curiae. En el pasado, Uruguay y Paraguay ya acompañaron a Argentina en esta causa. Se espera que en las próximas horas se conozca la decisión de Preska, que podría volver a golpear al país con fuerza y marcar un nuevo capítulo en una causa que se ha convertido en una pesada herencia judicial y financiera.
