Este ciclo lectivo 2026 sufrirá modificaciones obligatorias que impactan a todas las escuelas argentinas por un decreto del Gobierno.
Al inicio del ciclo lectivo 2026, con el regreso masivo de estudiantes a las aulas, entra en vigor una decisión del gobierno de Javier Milei que modifica contenidos educativos obligatorios en todo el país. La medida fue oficializada mediante el Decreto 436/2025, publicado en el Boletín Oficial en junio de 2025, y derogó artículos de normas nacionales que imponían la obligatoriedad de determinadas instancias formativas.
El decreto dejó sin efecto el artículo 3° de la Ley 27.234 y los artículos 5° y 6° de la Ley 27.214. Como consecuencia, ya no son de cumplimiento obligatorio a nivel nacional las siguientes propuestas educativas:
- Educación vial: quedan sin vigencia los artículos que obligaban a dictar cursos, formaciones y contenidos específicos sobre seguridad y educación vial en las escuelas de todo el país.
- Prevención y erradicación de la violencia de género: se suprime la jornada anual obligatoria “Educar en Igualdad: Prevención y Erradicación de la Violencia de Género” en todos los niveles educativos (primaria, secundaria y terciaria), que estaba prevista en la normativa anterior.
Transferencia de responsabilidades a provincias
Con la derogación, la obligación a nivel nacional queda eliminada y la decisión sobre la implementación de estos contenidos recae ahora en cada jurisdicción provincial y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cada provincia podrá optar por mantener, adaptar o suprimir estas propuestas según su normativa y prioridades educativas.
El Gobierno argumentó que la jornada “Educar en Igualdad” no debía ser responsabilidad directa del Estado nacional en cuanto a su organización y que correspondía delegar esa decisión a las jurisdicciones locales. En relación con la educación vial, el decreto sostuvo que el Observatorio de la Educación Vial nunca llegó a funcionar y que existía una superposición de funciones con el Consejo Federal de Seguridad Vial.
Además, el Ejecutivo justificó la medida en términos de gestión pública: afirmó que los cambios contribuirán a “mejorar el funcionamiento del Estado para lograr una gestión pública transparente, ágil, eficiente, eficaz y de calidad en la atención del bien común”, y a reducir el sobredimensionamiento de la estructura estatal para disminuir el gasto y equilibrar las cuentas públicas.
La eliminación de la obligatoriedad nacional plantea efectos prácticos y políticos: por un lado, genera variación en los contenidos que recibirán los estudiantes según la provincia; por otro, abre el debate sobre criterios mínimos nacionales en materias transversales como la prevención de la violencia de género y la seguridad vial. Quedan pendientes cuestiones operativas: cómo adoptarán las provincias esas decisiones, si se promoverán marcos de coordinación interjurisdiccional y qué impacto tendrán estas modificaciones en políticas públicas relacionadas con la protección de derechos y la seguridad ciudadana.
fuente: losprimeros
