Mediante tres juicios abreviados, las penas se redujeron a nada y los sospechosos quedaron en libertad, pese a que confesaron sus delitos. Nunca se le informó a la familia Lebbos
En el año 2019, la Justicia ordenó investigar a más de 40 personas, la mayoría, sospechosas de encubrir el crimen de Paulina Lebbos. Las causas jamás avanzaron. El año pasado, tres de esos acusados hicieron acuerdos con el Ministerio Público Fiscal y confesaron sus delitos. A cambio, quedaron en libertad.
Estas son sus tres historias: la de un subjefe de Policía que admitió haber falsificado documentación; la del compadre de Paulina que reconoció haber mentido en el juicio y la del oscuro jefe de Inteligencia que colaboró en la implantación de pistas falsas en la investigación.
Francisco Picón, el subjefe
Su carrera fue meteórica. Cuando mataron a Paulina, Francisco Picón era oficial principal en la Brigada de Investigaciones. Doce años después, cuando declaró el juicio, ya era el subjefe de Policía de la provincia, la segunda persona más poderosa de la fuerza. Sin embargo, al día siguiente de la sentencia tuvo que renunciar a su cargo porque habían quedado en evidencia las maniobras que hizo para ocultar los hechos. Hoy está condenado, pero a dos años de prisión en suspenso. El juicio abreviado en que reconoció su delito, paradójicamente, lo salvó de las rejas.
Francisco Picón. Foto: Archivo La Gaceta
Picón fue quien falsificó las actas del hallazgo del cuerpo de Paulina Lebbos, junto a los policías de Raco. De haber tenido éxito la maniobra, la verdad hubiera quedado sepultada para siempre. Pero un detalle casi casual descubrió su delito.
El cuerpo irreconocible de Paulina había sido hallado el sábado 11 de marzo en la ruta 341, a la altura de Tapia, por dos baqueanos que iban en caballo a trabajar. Sin embargo, los policías de Raco documentaron que había sido la policía quien lo encontró. Alberto Lebbos, partido por el dolor a metros del cadáver de su hija, le creyó al jefe de Policía de entonces, Hugo Raúl Sánchez, cuando le dijo “don Lebbos, lo ha encontrado mi gente tras un intenso rastrillaje, ojalá que no sea Paulina”.
Minutos después, se le acercaron los verdaderos autores del hallazgo, los hermanos Goitea, que no tenían idea de la mentira policial. Uno de ellos le dio las condolencias y le contó, casi con inocencia, cómo lo habían encontrado. Entonces, Lebbos descubrió que la Policía mentía.
La mentira y la verdad corrieron como reguero de pólvora y al día siguiente, la mañana del 12 de marzo, los medios ya difundían la inconsistencia. En una estación de servicio cercana al hallazgo, el entonces jefe de la Regional Norte, Héctor Rubén Brito (hoy condenado por el encubrimiento) tomaba un café con leche cuando escuchó por la radio la noticia del problema y envió a Picón a la comisaría a solucionarlo.
Picón obedeció pero, en lugar de revelar la verdad y documentarla en las actas, profundizó la mentira, adulteró los hechos, los horarios y los lugares y falsificó el documento que consagraba la versión falsa del hallazgo.
Ese delito, el de la adulteración de las actas, se conoció casi en el momento: el entonces jefe de la comisaría de Raco, Enrique García, confesó a los pocos días. Fue separado de su cargo y detenido pero, apenas bajó el escándalo mediático, fue reincorporado a la Policía e incluso ascendido. Dos veces.
Picón tampoco pagó las consecuencias. Siete años después del hallazgo, cuando García fue juzgado y condenado por lo que había hecho, Picón seguía ascendiendo sin pausa en la Policía. Así llegó al año 2017, en que el entonces gobernador Juan Manzur lo designó en el segundo cargo más alto al que puede aspirar un uniformado: lo convirtió en subjefe de Policía. Desde ese alto cargo se sentó en junio de 2018 a declarar en el juicio y fueron sus propias palabras las que lo hundieron.
No pudo ocultar lo que había hecho, aunque trató de esbozar algunas justificaciones. Reconoció que él ya sabía que la Policía no había hallado el cuerpo y que el acta que había redactado el comisario García era falsa. Aún así, ya de vuelta en la comisaría, alguien le dijo desde otra oficina “esto se hace así, la encontró la Policía” y él lo aceptó. No sabe de quién era la voz. Al acta le agregó el dato falso de que había hablado con los Goitea, la imprimió y, sin leerla, la firmó.
La comisión del delito fue tan evidente que Picón parecía tener las horas contadas tras salir del juicio. Sin embargo, permaneció medio año más. En febrero de 2019, cuando se conoció la sentencia contra los encubridores del caso Lebbos, tuvo que renunciar. El fallo incluía la orden de investigarlo a él por lo que había hecho.
Ante la propia declaración de Picón no había mucho para escudriñar: él mismo había contado como falsificó los documentos públicos. Sin embargo, tuvo más suerte: la justicia tardó seis años más en juzgarlo. Y cuando lo hizo, le ofreció un juicio abreviado: a cambio de su confesión, le propusieron dos años de prisión en suspenso. Es decir, en libertad. Nadie le avisó a la familia Lebbos.
Durante el juicio abreviado nadie le preguntó por qué lo hizo ni le pidió algún dato sobre la identidad del asesino a quien tantos funcionarios encubrieron. Hoy, Picón continúa en libertad.
Jorge Jiménez, el compadre
Es el padrino de Leticia, la hija de Paulina y César Soto. En 2006, según su propio relato, formaban un trío de amigos que se divertía, salía a bailar y conversaban todo el tiempo. Sin embargo, tras declarar en el juicio de 2018, Jorge Jiménez, el compadre de Paulina, fue detenido y se ordenó investigar si él tuvo participación en su muerte.
Jiménez era vecino de Soto (hoy acusado por el homicidio). Su declaración en el juicio no sólo fue confusa y esquiva, sino, por momentos, hasta agresiva. Incurrió en muchas contradicciones sobre la naturaleza de su relación con Paulina y el motivo por el cual la llamaba tanto por teléfono. Negó haber estado enamorado de ella o haberla acosado, aunque con el avance del testimonio terminó reconociendo que no le gustaba que se vistiera con polleras cortas ni bailara de manera provocativa.
Uno de los pelos hallados en el cadáver de Paulina mostraba coincidencias con el de Jiménez, pero jamás se pudo corroborar mediante prueba de ADN porque el fiscal no ordenó el peritaje y la encargada de guardar la evidencia dejó que se pudriera.
La declaración de Jiménez era de suma importancia para determinar si la noche de su desaparición, Paulina llegó o no a la casa de su novio. Pero el testigo dijo no saberlo, porque esa noche él estuvo en una fiesta. Siguiendo la hipótesis de que la joven hubiera logrado llegar a la casa de Soto y hubiera sido asesinada por él, el Tribunal ordenó que se lo investigue por su posible participación en la privación ilegítima de la libertad seguida de homicidio.
Jiménez pasó pocos días preso y el Ministerio Público Fiscal jamás se ocupó de cumplir la sentencia, que ordenaba investigarlo por el crimen. Siete años después, le ofreció un convenio de juicio abreviado: si Jiménez aceptaba que había mentido en el juicio, sólo lo condenarían a dos años de prisión en suspenso (en libertad) por el delito de falso testimonio. Nada dice la sentencia sobre la orden del tribunal de investigarlo por su posible participación en el homicidio.
Fernando Maruf, el jefe de inteligencia
Salió detenido y esposado de Tribunales tras declarar en el juicio de 2018. Doce años antes, Fernando Maruf era el jefe del departamento de Inteligencia Criminal de la Policía, conocido popularmente como “el D2” tuvo al menos dos participaciones macabras en la investigación.
El día del hallazgo del cuerpo de Paulina, Maruf fue al lugar. Según su declaración, ni él ni sus subordinados filmaron nada porque ya lo estaba haciendo personal de Criminalística. Sin embargo, ese mismo video de criminalística lo muestra a él, cámara en mano, grabando en video todo. Además, él mismo envió a la fiscalía un sobre marrón con tres casetes que contenían las imágenes del hallazgo del cuerpo y de la autopsia.
Maruf aparece filmando el hallazgo del cuerpo
El siguiente episodio tiene que ver con la llamada “pista de Cruzado”, una hipótesis que se intentó plantar en la causa para desviar la investigación en el año 2006. Consistió en hacer que presente un hombre (Juan Pedro Cruzado) a declarar que él era el remisero que había llevado a Paulina la noche de su desaparición. Fue Maruf quien le tomó declaración y luego mintió que no había ningún superior presente. No era verdad, estaba el entonces jefe de Policía, hoy condenado por encubridor.
La pista Cruzado es, probablemente, el intento más delirante de desviar la investigación. De acuerdo a la sentencia sobre el encubrimiento -que ya se encuentra firme- desde la Casa de Gobierno contrataron a tres comisarios retirados para “investigar” el crimen. De todas las hipótesis posibles (eran ocho en esa época), sólo se centraron en la de Cruzado, el remisero que mintió haber llevado a Paulina.
A tal punto fue escandalosa, reticente y flagrante la declaración de Maruf en 2018 que el tribunal ordenó que se lo investigara como posible encubridor, pero nunca se cumplió esa orden. Seis años más tarde, le ofrecieron declararse culpable a cambio de no ir a juicio y condenarlo a una pena en libertad. Maruf reconoció haber cometido el delito de encubrimiento, pero nadie le preguntó a quién estaba protegiendo. Hoy, está en libertad.
fuente: tendencia de noticias
