Imagine que Usted vendió su usado. Al día siguiente de la venta, cuando todavía no le han transferido su dinero, el Poder Ejecutivo saca un decreto que dice que todo lo se pague en concepto de venta de autos, dentro del país, irá directo al Estado. En consecuencia, Usted no va a recibir un centavo por su Gol basic. Para que absurdos así no ocurran, el artículo 7 del Código Civil y Comercial establece que las leyes son para futuro, que no tienen efecto retroactivo. Y no lo tienen, a excepción de mundo Manuel Adorni. Donde Adorni puede cambiarle las reglas del juego al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria ( INTA ) para después quedarse con la plata que era del Instituto.
El plan “ campos del INTA” es una iniciativa del gobierno nacional que busca liquidar el patrimonio inmobiliario del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Entre las 42.000 hectáreas que se quieren rematar, están nominadas las tierras del INTA Leales y el INTA Famaillá. Pero el primer eslabón de esta cadena de liquidaciones fue el valioso edificio que, en la Ciudad de Buenos Aires, poseía el INTA en Cerviño 3101, barrio de Palermo. Subastado el 23 de diciembre de 2024. Un regalo navideño.
Ese diciembre del 2024 la Procuración de Investigaciones Administrativas ( PIA) de la Nación había detectado 10 irregularidades en el proceso de venta del edificio de Cerviño, cometidos por la Agencia de Administración de Bienes del Estado ( AABE). La AABE, que depende directamente de jefatura de gabinete ( hoy Adorni) hizo el remate igual, y liquidó a Cerviño por 18,5 millones de dólares.
Según el artículo 57 de la ley 27.341, vigente al momento de la venta, el 70% de esa suma ( casi 13 millones de dólares) eran para el INTA. Esto lo garantizó el mismo Adorni en una de sus conferencias de prensa, el 27 de noviembre del 2024. Véase aquí.
Confiados en esto, dos días después de la conferencia de Adorni, por resolución 890/2024, el Consejo Directivo del INTA (máxima conducción del Instituto) dio la autorización para que se realice el remate del inmueble…pero bajo dos condiciones: La primera, que la AABE le consiga para los 140 empleados del INTA que laboraban en Cerviño y se quedaban sin techo, otro edificio. La segunda, que se transfiera el 70% de lo obtenido por la venta de Cerviño, al INTA. Adorni no les cumplió ninguna de las dos.
El edificio de Cerviño hoy ya está demolido. Pero la plata del INTA no aparece.
El 29 de abril de 2026, en ocasión del informe del jefe de gabinete al Congreso, en la pregunta 729, se le pidió explicaciones a Adorni sobre el entuerto. Y Adorni contestó que, 8 meses después del remate de Cerviño, se cambió la ley que decía que el 70% del dinero tenía que ir al INTA…para que todo vaya al Tesoro de la Nación. En otras palabras, fue un amague que se comió el Consejo Directivo para que apruebe la venta. Después de aprobada, de vendido y demolido el edificio, le corrieron el arco al Consejo y quilita legal.
El Consejo Directivo, órgano colegiado responsable del INTA, está integrado por miembros de la Sociedad Rural, Confederaciones Rurales Argentinas, CONINAGRO, AACREA, quienes provienen del ámbito privado. Como si no hubiera sido suficiente su sumisión al gobierno en el desguace que sufre el INTA, después padecieron la destitución impuesta por el decreto 462/2025 que, a mediados del año pasado los había degradado, de Vocales del Consejo con voto, a meros asesores sin poder de decisión. Degradación de la que, paradójicamente, fueron salvados judicialmente por una Acción de Amparo que presentaron los gremios APINTA y ATE. Aun así, y no contentos con todas estas humillaciones, los miembros del Consejo Directivo del INTA, ahora son víctimas del cuento del tío Adorni.
La confesión de parte de Adorni en su informe al Congreso nos releva de pruebas que se cometió el delito de desbaratamiento de los derechos acordados, del artículo 173 inciso 11 del Código Penal. Lo de él y los consejeros colaboracionistas ( como partícipes necesarios) cae en fraude contra una administración pública ( 174 inciso 5) o administración fraudulenta ( 173 inciso 7) y siempre en incumplimiento de los deberes de funcionario público ( 148) del Código Penal.
Cuando la psicosis pase, habrá abogados que deberán deslomarse para que todos no pierdan su libertad, carajo.
AUTOR: “Víctor Aguilar”
Profesor de Macro Criminalidad Económica.
