El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) detectó una serie de presuntas irregularidades en el policonsultorio Sanarte S.R.L., ubicado en calle San Juan 225, San Miguel de Tucumán, y presentó una denuncia penal como parte de un amplio proceso de auditorías y depuración de prestadores que se desarrolla en todo el país.
La medida fue informada de manera conjunta por el PAMI y el Ministerio de Salud de la Nación, en el marco de un plan de fiscalización impulsado por el director ejecutivo del organismo, Esteban Leguízamo, que ya derivó en la baja de más de 1.500 prestadores por incumplimientos considerados graves.
Según informó el organismo, el caso de Tucumán involucra al policonsultorio Sanarte S.R.L., un centro de atención con múltiples especialidades médicas y prácticas ambulatorias que presta servicios a afiliados del PAMI en la capital provincial.
La auditoría integral realizada sobre el establecimiento detectó una serie de observaciones administrativas, sanitarias y asistenciales que motivaron la intervención de las áreas legales del organismo y la posterior presentación de una denuncia penal.
Entre las irregularidades señaladas, los auditores constataron que el policonsultorio no contaba con habilitación municipal actualizada. Además, se detectaron legajos profesionales incompletos, con ausencia de documentación obligatoria relacionada con las matrículas e inscripciones de médicos que atendían a afiliados del instituto.
Otro de los puntos observados fue la existencia de demoras de hasta 21 días para la asignación de turnos en especialidades como cardiología, gastroenterología y traumatología, situación que, según el informe, afectaba el acceso de los jubilados a las prestaciones médicas.
La auditoría también cuestionó el sistema de otorgamiento de turnos utilizado por el centro médico. De acuerdo con el relevamiento, los turnos eran asignados cada un minuto bajo la modalidad de orden de llegada, un esquema que fue considerado incompatible con una atención médica adecuada y con los estándares exigidos para la atención de afiliados.
Asimismo, el organismo detectó una importante cantidad de consultas, estudios y prestaciones informadas al PAMI sin respaldo documental suficiente.
Los informes de auditoría también mencionan la existencia de historias clínicas sin firma ni sello del profesional interviniente, además de estudios médicos que carecían de los informes correspondientes.
Para el organismo nacional, estas situaciones podrían constituir incumplimientos a la Ley 26.529 de Derechos del Paciente, normativa que regula la documentación clínica y las obligaciones de los prestadores de salud respecto de los pacientes.
Las actuaciones vinculadas al policonsultorio tucumano forman parte de una ofensiva nacional del PAMI contra presuntas maniobras irregulares detectadas en distintos puntos del país.
En paralelo al caso de Tucumán, el organismo también denunció a un médico identificado con las iniciales J.C., perteneciente a la UGL XIII de Chaco, en un expediente donde se detectaron inconsistencias entre las prestaciones facturadas y la actividad efectivamente realizada, además de deficiencias en la documentación clínica obligatoria e incumplimientos contractuales.
Las investigaciones se desarrollan en el marco de un proceso de control que el PAMI profundizó durante los últimos meses. En noviembre de 2025, el organismo presentó ante la Justicia Federal una denuncia por una presunta estafa vinculada a la utilización de órdenes médicas electrónicas (OME) falsas, facturaciones sin respaldo documental y uso indebido de datos personales de afiliados.
Esa presentación dio origen a por lo menos seis causas penales activas en distintas jurisdicciones federales del país.
Posteriormente, en febrero de 2026, nuevas auditorías realizadas sobre prestaciones de cardiología y gastroenterología revelaron volúmenes de actividad que el organismo consideró incompatibles con la capacidad operativa de algunos prestadores.
Entre los ejemplos mencionados por el PAMI figura el caso de un establecimiento que declaró 283 prácticas médicas en apenas cinco horas, realizadas sobre 95 pacientes y utilizando únicamente dos quirófanos.
Otro prestador registró 689 órdenes médicas electrónicas en un solo día, asociadas a 326 pacientes distintos, una cantidad de atención que, según los cálculos oficiales, habría requerido entre 81,5 y 108,7 horas continuas de trabajo para poder concretarse.
Frente a estos hallazgos, el organismo implementó nuevas herramientas de control, entre ellas un sistema permanente de monitoreo de prestaciones, auditorías continuas, utilización obligatoria de turnos digitales y mecanismos de penalización automática ante excesos injustificados en la facturación o en los volúmenes de atención declarados.
Desde el PAMI aclararon que las bajas y sanciones aplicadas a prestadores no afectarán la continuidad de los tratamientos de los afiliados, ya que los pacientes serán derivados a otros efectores que integran la red nacional de atención.
Como parte del fortalecimiento de los mecanismos de control interno, en abril de 2026 fue designada la doctora María Florencia Zicavo como nueva Síndico General del organismo.
fuente:contexto
