Tucumán enfrenta una situación cada vez más preocupante en materia de salud mental. Durante 2025 se registraron 227 suicidios en la provincia, una cifra que ubicó la tasa local en 13,5 casos por cada 100.000 habitantes, por encima del promedio nacional de 11,8.
Los datos reflejan un agravamiento de una problemática que preocupa a las autoridades sanitarias y a los especialistas, especialmente por su vinculación con el consumo problemático de sustancias entre adolescentes y jóvenes.
Frente a este escenario, el Gobierno provincial busca avanzar con la reglamentación de la Ley de Salud Mental de Tucumán, sancionada por unanimidad en septiembre de 2025, con el objetivo de fortalecer las herramientas de prevención, atención y acompañamiento comunitario.
Crecen los casos y preocupa el consumo precoz
Según las estadísticas oficiales, la tasa de suicidios en Tucumán pasó de 12,0 en 2024 a 13,5 en 2025, lo que representa un incremento significativo en apenas un año.
Especialistas advierten que este fenómeno está estrechamente relacionado con el aumento de los consumos problemáticos y con el inicio cada vez más temprano de estas prácticas.
De acuerdo con el Séptimo Estudio Nacional sobre Consumo de Sustancias Psicoactivas de la SEDRONAR, entre los estudiantes secundarios tucumanos el 72,5% consumió bebidas energizantes, el 68,7% alcohol y el 32% utilizó cigarrillos electrónicos, una cifra que supera incluso al consumo de tabaco tradicional.
Uno de los datos que más preocupa es la edad de inicio. El consumo de energizantes comienza, en promedio, a los 12 años, mientras que el alcohol aparece a los 13. Más de la mitad de los adolescentes tucumanos inicia estas prácticas antes de cumplir los 15 años.
Los especialistas sostienen que estos consumos suelen estar asociados a trastornos de salud mental y a conductas de riesgo que pueden derivar en intentos de suicidio.
La Provincia busca reglamentar la ley
Ante este panorama, la prioridad del Gobierno tucumano está puesta en la puesta en marcha efectiva de la Ley Provincial de Salud Mental.
La norma promueve un abordaje interdisciplinario y comunitario, alejándose de los modelos centrados exclusivamente en la internación. Entre sus principales herramientas figura el programa «Volver a Casa», destinado a favorecer la reinserción social de personas que permanecen internadas por razones sociales.
Además, establece como objetivo destinar al menos el 10% del presupuesto sanitario a políticas de salud mental, un punto considerado clave para ampliar los dispositivos de atención y prevención.
Con ese propósito, el ministro de Desarrollo Social, Federico Masso, y el presidente subrogante de la Legislatura, Sergio Mansilla, mantuvieron una reunión con representantes del Colegio de Psicólogos de Tucumán para avanzar en la reglamentación de la norma.
«Estamos atravesando una coyuntura difícil, donde el Gobierno nacional ha abandonado políticas públicas vinculadas a la prevención. Por eso la Provincia está dispuesta a hacer un esfuerzo adicional para fortalecer estos dispositivos», sostuvo Masso.
Por su parte, la psicóloga Fabiana Lavaque remarcó la necesidad de fortalecer el trabajo territorial y comunitario para atender una problemática que golpea especialmente a los adolescentes.
Un desafío urgente
Mientras a nivel nacional se debate una reforma de la Ley de Salud Mental orientada a flexibilizar las internaciones involuntarias, en Tucumán la discusión pasa por cómo fortalecer la prevención y ampliar la red de asistencia.
Las cifras de suicidio, sumadas al avance de los consumos problemáticos entre los jóvenes, colocan a la provincia frente a uno de los desafíos sanitarios más complejos de los últimos años y aceleran la necesidad de implementar plenamente las herramientas previstas en la nueva legislación.
fuente: contexto
