El juez instructor de Madrid imputó formalmente a Begoña Gómez por un caso de corrupción y tráfico de influencias. La inédita medida judicial ahonda la crisis y el abanico de escándalos en torno al jefe del Gobierno español, quien se encuentra contra las cuerdas ante la sucesión de acusaciones.
Un tribunal español ordenó que Begoña Gómez, esposa del jefe del gobierno Pedro Sánchez, sea juzgada por corrupción y le impuso un severo paquete de medidas cautelares, entre las que destaca la retención de su pasaporte para impedir que abandone el país.
La decisión fue adoptada por el juez instructor de Madrid, Juan Carlos Peinado, y profundiza el abanico de escándalos judiciales que rodean a la familia y al entorno del mandatario socialista, amenazando directamente la supervivencia de su frágil gobierno en minoría.
Restricciones estrictas y el temor del juez a una fuga
El magistrado ordenó que Gómez entregue su pasaporte de forma inmediata y se presente ante las autoridades judiciales dos veces al mes hasta que se dicte un veredicto. Además, el tribunal notificará la prohibición de salida a todos los «puestos fronterizos y aeropuertos civiles y militares» para garantizar el cumplimiento de la resolución, que aún no tiene fecha de juicio fijada.
Para justificar la decisión de prohibirle salir del país, Peinado rechazó el argumento de que los agentes de policía que habitualmente brindan protección a la Primera Dama impedirían una eventual huida. En su extenso fallo de 84 páginas, el juez advirtió que los escoltas podrían colaborar con ella: «Esos agentes en un momento determinado pueden, bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos, ser quienes colaboren en las acciones que se llevan a cabo para facilitar esa fuga».
El origen del caso: los negocios en la Universidad Complutense
El caso que mantiene en vilo a la política de España gira en torno a la creación de una cátedra en la Universidad Complutense de Madrid, la cual fue codirigida por Gómez. La investigación, iniciada en abril de 2024 tras la denuncia de un grupo anticorrupción, indaga el presunto uso de recursos públicos y contactos personales para promover intereses del ámbito privado.
A raíz de estos hechos, la Justicia la había acusado formalmente en el mes de abril por malversación, tráfico de influencias, corrupción y apropiación indebida de fondos.
La nueva orden judicial es contundente y señala que las pruebas circunstanciales apuntan a una «singular explotación de su posición relacional», en referencia a su condición de esposa del presidente del Gobierno. En este sentido, el documento concluye que «la cátedra sirvió como un medio de desarrollo profesional privado para la persona investigada».
Reacciones, acusaciones cruzadas y un cerco de escándalos
Tras conocerse el fallo, fuentes de la defensa anticiparon que la esposa del presidente recurrirá las medidas cautelares y la imputación por los cuatro delitos. Desde el Ejecutivo, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, reaccionó en su cuenta de X: «Hoy es un día nefasto para los que creemos en la Justicia. Pese a todo, yo sigo confiando en ella y sé que la razón y la verdad se acabarán imponiendo».
Por su parte, Pedro Sánchez —quien semanas atrás llegó a suspender su agenda para reflexionar sobre su continuidad en el cargo— enmarca la investigación judicial en una campaña de desprestigio orquestada por la oposición de derecha para socavar a su gobierno. Los partidos opositores ya han exigido su dimisión y reclaman un adelanto de las elecciones previstas para el próximo año.
La situación es extrema para el líder del Partido Socialista (PSOE), ya que el caso de su esposa no es el único frente abierto en los tribunales:
- José Luis Rodríguez Zapatero: el histórico exjefe de gobierno es investigado por presunto tráfico de influencias relacionado con el cobro de comisiones en el rescate de la aerolínea Plus Ultra en 2021.
- David Sánchez: el hermano del actual presidente fue investigado en las últimas semanas por presuntamente beneficiarse de tratos de favor para obtener un cargo público.
