Una mujer identificada como Maria Alejandra Arrieta es investigada en Tucumán por cuatro presuntas estafas vinculadas con la falsa gestión y adjudicación de viviendas, mediante una maniobra que se habría extendido durante varios años. Según la acusación del Ministerio Público Fiscal, se presentaba ante las víctimas como una persona con contactos en organismos públicos, gremios y otras instituciones y les solicitaba importantes sumas de dinero por adelantado.
La acusada cuenta con un frondoso prontuario que incluye Estafas, falsificacion y adulteracion de documentos, amenazas y trafico de influencias entre otros .
De acuerdo con los hechos incorporados a la investigación, el perjuicio económico acumulado supera los $14 millones. La acusada prometía principalmente viviendas ubicadas en San Andrés y Manantial Sur y, llegado el momento de concretar las entregas, habría recurrido a diferentes excusas y pretextos. Una de las victimas fue Jacqueline Navarro, que fue patrocinada por el Dr.Marcelo Fortuna.
La causa está a cargo de la Unidad Fiscal de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad I, conducida por el fiscal Diego Alejo López Ávila. Durante la audiencia, el Ministerio Fiscal estuvo representado por el auxiliar de fiscal Rogelio Rodríguez del Busto.
En primer término, el representante del MPF describió las circunstancias en las que se produjo la aprehensión de la mujer y solicitó que el procedimiento fuera declarado legal y legítimo.
Posteriormente, Rodríguez del Busto pidió ampliar y reformular los cargos contra la imputada, incorporando los nuevos hechos investigados. Además, solicitó modificar las medidas de coerción que pesaban sobre ella y requirió la prisión preventiva por 45 días.
Finalmente, el juez interviniente hizo lugar parcialmente al planteo y ordenó la prisión preventiva de la acusada bajo la modalidad de arresto domiciliario, con dispositivo electrónico, por el término de 45 días.
Según la acusación, el primer hecho se remonta a fines de 2022. La mujer se habría presentado como gestora y asegurado que tenía contactos e influencias en el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) y en la Legislatura de Tucumán.
En esas circunstancias ofreció gestionar la adjudicación de una vivienda en la localidad de San Andrés, pese a que —siempre de acuerdo con la imputación— sabía que no estaba en condiciones de realizar esa operación.
La víctima entregó dinero por adelantado, pero cuando llegó la fecha acordada para recibir el inmueble, la entrega nunca se concretó. La acusada habría comenzado entonces a brindar diferentes explicaciones para justificar la demora. El perjuicio económico denunciado en este caso fue de $3.150.000.
El segundo episodio ocurrió el 10 de noviembre de 2023. En esa oportunidad, la imputada habría afirmado que era empleada de la Legislatura provincial y abogada de UPCN y que contaba con contactos dentro del gremio.
La mujer se reunió con la víctima en un bar ubicado sobre avenida Sarmiento, entre Junín y Maipú, en San Miguel de Tucumán, donde le ofreció una vivienda en el barrio Manantial Sur.
Según la acusación, solicitó $2.200.000 para el terreno y otros $40.000 para supuestos gastos de escribanía. Sin embargo, llegada la fecha comprometida, la vivienda tampoco fue entregada.
El MPF sostiene que nuevamente recurrió a diferentes excusas para justificar lo ocurrido. El perjuicio económico atribuido en este segundo caso fue establecido en $1.945.300.
El tercer hecho investigado ocurrió el 23 de abril de 2026. En este caso, la acusada presuntamente se presentó como abogada dedicada a recuperar viviendas pertenecientes al Instituto Provincial de la Vivienda.
Bajo esa modalidad le ofreció a una persona una casa del IPV ubicada en Manantial Sur a cambio de $4.180.000. La víctima entregó el dinero solicitado, pero la adjudicación prometida nunca se habría concretado.
De acuerdo con la investigación, ante los reclamos posteriores la mujer habría utilizado nuevamente distintas explicaciones y pretextos para justificar por qué no podía entregar el inmueble.
El cuarto y más reciente episodio comenzó el 10 de agosto de 2026, cuando la acusada mantuvo una conversación con un chofer de Uber.
Según la imputación, durante ese contacto se habría presentado falsamente como abogada y miembro de la CGT, asegurando que se encargaba de gestionar y entregar viviendas recuperadas del IPV en el barrio Manantial Sur.
A partir de esa conversación consiguió que el conductor actuara como intermediario para ponerla en contacto con familiares interesados en acceder a una vivienda.
Ese mismo día, alrededor de las 16.30, se produjo una reunión en la estación de servicio YPF ubicada en la esquina de Bulnes y avenida Belgrano, en San Miguel de Tucumán.
Allí, según la Fiscalía, la mujer solicitó documentación personal y $150.000 para el supuesto “armado de carpeta”. Además, manifestó que posteriormente deberían entregarle $5 millones como pago a cuenta de un terreno cuyo valor total, según afirmaba, ascendía a $12 millones.
Al día siguiente, 11 de agosto, cerca del mediodía, volvieron a encontrarse en un bar ubicado en Maipú 50, en la capital tucumana.
En esa oportunidad, la acusada habría asegurado que en el plazo de un mes se adjudicaría formalmente la vivienda. Con esa promesa, una de las personas damnificadas le entregó $5 millones.
Además, siempre según la acusación fiscal, habría persuadido a otras víctimas para incorporarse al supuesto sistema. Para ello les pidió documentación personal y las habría inducido a realizar transferencias bancarias de $150.000 cada una a nombre de su hija.
Por este último episodio, el perjuicio económico total fue calculado en $5.450.000.
La Justicia intenta ahora determinar el alcance completo de las maniobras y establecer si existen otras personas que hayan entregado dinero bajo promesas similares de acceder a viviendas. Mientras avanza la investigación por los cuatro hechos atribuidos hasta el momento, la mujer continuará bajo arresto domiciliario y monitoreo electrónico durante el plazo dispuesto judicialmente.
fuente:contexto
