La dirigente Miriam Suarez del colectivo de personas con discapacidad en Tucumán advierte sobre el impacto de los recortes en las políticas sociales nacionales y provinciales. Denuncian trabas en la renovación del CUD, barreras edilicias en las escuelas y un peligroso retroceso hacia un modelo de mendicidad.
En Tucumán se calcula que viven 280.000 personas con discapacidad, de las cuales solo un tercio cuenta con el Certificado Único de Discapacidad (CUD). Quienes acuden a renovarlo enfrentan un constante endurecimiento de criterios que los deja sin prestaciones ni remedios durante seis meses. Sobre esta problemática, la entrevistada afirmó que «la política del gobernador Osvaldo Jaldo ha sido una política de negación» para eludir responsabilidades estatales ante el incremento en los medicamentos.
Exclusión en las aulas y barreras en el acceso a la vivienda
El déficit en la infraestructura pública agrava la vulnerabilidad del sector, sumando violencia policial e irregularidades en el cupo del 5% del FONAVI. En los colegios públicos no existen las adecuaciones ni rampas necesarias para garantizar el aprendizaje. La referente remarcó que «el ámbito educativo es el primer espacio desde donde se te excluye», dejando en las familias toda la responsabilidad de contención.
El peligro de un retroceso al modelo asistencialista
Ante el proyecto presupuestario nacional, el colectivo cuestiona las contradicciones normativas que limitan el trabajo formal y la autonomía económica. Al respecto, la vocera advirtió que «quieren que volvamos a un modelo de mendicidad y de la falsa caridad hacia el colectivo», vulnerando el rango constitucional de la Convención de Derechos Humanos.
Retrasos en las prestaciones y reclamo de representación propia
Las demoras de hasta ocho meses en los pagos gubernamentales ahogan económicamente a los pequeños centros de rehabilitación barriales y a los prestadores monotributistas. Para revertir la crisis, el sector exige que no se frenen los fondos y reclama espacios de decisión. Según concluyó la entrevistada, «la gran deuda es promover los derechos políticos de las personas con discapacidad» para contar con representación propia en el Congreso.
fuente:ENTERATE
