Se trata del primer gran operativo del presidente Donald Trump contra los al menos 11 millones de extranjeros que viven ilegalmente en el país
El temor a las redadas de inmigración ha regresado a Estados Unidos. Una operación de cinco días por parte de la agencia encargada de aplicar las leyes migratorias se ha saldado con centenares de detenidos en al menos seis Estados de todo el país. Las principales organizaciones en defensa de los derechos de los inmigrantes aseguran que esta oleada de detenciones está relacionada con la entrada en vigor de la orden ejecutiva de inmigración firmada por el presidente, Donald Trump. Su administración lo desmiente y alega que se están limitando a aplicar las leyes existentes.
Si la promesa electoral de Trump, que aseguró que deportaría al menos a tres millones de ‘sin papeles’ con antecedentes penales, se convirtió en una pesadilla para los 11 millones de inmigrantes indocumentados que viven en EE UU, las primeras noticias sobre redadas de inmigración son ese temor hecho realidad.
La Agencia de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) ha confirmado que las primeras redadas de la era Trump han tenido lugar tanto en viviendas como lugares de trabajo de Atlanta, Chicago, Nueva York, Los Ángeles, Carolina del Norte y Carolina del Sur. ICE ha descrito las redadas como “un incremento” en la aplicación de las leyes vigentes y las desliga de la orden migratoria de Trump contra la inmigración ilegal.
La oficina de ICE en Atlanta, que cubre tres Estados del Sur del país, confirmó la detención de 200 personas. En Los Ángeles, ICE arrestó a 161 más, según ha confirmado el director de la agencia local, pero las autoridades alegan que solo cinco de ellos estaban afectados por el decreto presidencial.
La difusión en las redes sociales de numerosos vídeos que muestran a agentes de inmigración deteniendo a indocumentados en aparcamientos públicos o después de llamar aleatoriamente a la puerta de una vivienda, han provocado en los últimos días un escalofrío en la comunidad hispana. El caso de Guadalupe García de Rayos, deportada tras acudir a un control rutinario con las autoridades en Phoenix (Arizona), ha llevado al Gobierno de México a alertar este viernes a sus ciudadanos residentes en EE UU de una “nueva realidad” y les recomendó “tomar precauciones”.
“La historia de [Guadalupe] no es distinta de la de mi madre y su familia no es diferente de la mía”, declaró la portavoz de United We Dream, Cristina Jimenez. “No nos equivoquemos, Trump nos quiere fuera del país cueste lo que cueste”. El director ejecutivo del National Immigration Forum, Ali Noorani, añade que la preocupación entre los 11 millones de indocumentados y sus familias está en aumento. “El temor que recorre las casas de los inmigrantes y los estadounidenses que queremos a los inmigrantes como amigos y familia es palpable”, ha señalado.
El portavoz de ICE en Los Ángeles, David Marin, ha desligado las redadas del cambio de gobierno. “El aumento de los puntos de revisión del ICE y redadas al azar, todo eso es falso, peligroso e irresponsable”, declaró el viernes a la agencia Reuters. “Las informaciones como estas crean pánico”. La portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, Gillian Christensen, utilizó sin embargo un lenguaje que solo intensifica el miedo de la comunidad inmigrante. Para Christensen, los detenidos en las redadas son “personas que suponen una amenaza para la seguridad pública”.
Grupos como United We Dream han reaccionado a las redadas inundado las redes sociales, sus páginas webs y los espacios publicitarios de las emisoras locales con mensajes que aclaran los derechos de los indocumentados durante las redadas o si un agente de inmigración llama a su puerta. También piden información sobre cualquier persona que haya sido detenida por los agentes migratorios.
En una de sus primeras órdenes ejecutivas tras asumir el cargo, Trump ha ampliado las categorías de los inmigrantes que pueden ser deportados, distanciándose de la política migratoria de Obama. Durante los últimos cuatro años, los indocumentados sin antecedentes penales sabían que su deportación no era una prioridad. Ahora, padres ‘sin papeles’ —se estima que la mitad tiene hijos estadounidenses— se arriesgan a ser deportados automáticamente si les paran en un control de tráfico o si ICE acude a su vivienda.