Desde las 9 de la mañana, la Legislatura de Tucumán celebra una sesión extraordinaria para tratar temas sensibles para el Poder Judicial. Entre ellos, la división del Ministerio Público Fiscal y la ratificación de las reformas introducidas en los fueros contenciosos administrativo y laboral de la Provincia.
“Hemos previsto una sesión de Cámara con pocos temas pero contundentes. Uno de ellos tiene que ver con el Poder Judicial, no nos olvidemos que el año pasado hemos sancionado, después de dos años de trabajo, la reforma del Código Procesal Penal que tiene como objetivo agilizar los tramites judiciales”, señaló el vicegobernador Osvaldo Jaldo, quien hoy preside la sesión en el recinto.
“Dentro de esa reforma, se incluye la división del Ministerio Público Fiscal en un ministerio defensor y un ministerio acusador. En ese sentido, la Legislatura dará continuidad a lo que ya estipula el Código Procesal Penal”, sostuvo y agregó que también se tratarán las modificaciones vinculadas a la creación de la doble instancia en el fuero laboral, medida que generó agudas críticas tanto por parte del Colegio de Abogados como de la Asociación de Abogados Laboralistas de Tucumán.
Desde la colegiatura, insistieron en que las reformas que aprobó la Legislatura por propuesta del Ejecutivo tienen como objetivo “colonizar la Justicia”, según expresó el presidente de la institución, Marcelo Billone. El representante de los abogados analizó que la causa de los Gastos Sociales fue el detonante para darle impulso a las modificaciones en los últimos días de 2016, cuando se trataron más de 30 proyectos en una sola sesión.
Impulso para las PyMES
En la sesión de este martes también se tratará el proyecto elaborado por el legislador Alberto Colombres Garmendia (PRO-Cambiemos) referido a la adhesión de la provincia a la Ley Nacional 27.264 en relación al Programa de Recuperación Productiva y Fomento a las Inversiones (Ley PyMEs). La norma estipula que las empresas tucumanas beneficiadas por esta ley gozarán de estabilidad fiscal tributaria y no podrán ver incrementada esas cargas hasta el 31 de diciembre de 2018.
“A lo largo de los últimos 12 años, las PyMEs, lejos de ser protegidas o estimuladas en su crecimiento y desarrollo, han sido vapuleadas por los gobiernos de entonces y Tucumán quizás sea una de las provincias con una de las mayores cargas tributarias, así como una elevada burocratización administrativa en lo que hace a trámites previos a la producción. El objetivo de esta ley es justamente incrementar la producción y el fomento de empleo, mejorando la realidad económica de la población y reduciendo o eliminando los elevados índices de pobreza heredados”, sostuvo Colombres Garmendia.
Si se aprueba el proyecto, el Poder Ejecutivo tucumano deberá promover medidas tendientes a disminuir la carga tributaria local, en particular sobre los siguientes impuestos provinciales: Ingresos Brutos, Sellos, Inmobiliario y Automotor. En tanto que, los beneficios concedidos no serán incompatibles con otros de los que gocen las empresas comprendidas.
fuente:ELTUCUMANO
