Una víctima de la dictadura dijo que Rosatti le dio trabajo hasta 2005 al represor Eduardo Ramos pese a ser advertido de las torturas que había cometido en la dictadura.
“El mismo tipo que me secuestró, me torturó y me violó va a salir de la cárcel de la mano de Rosatti, la misma mano que lo encubrió entre 1998 y 2005 porque el hoy juez de la Corte, en esos años intendente, me ignoró y le siguió dando impunidad y trabajo a mi torturador”.
Así dijo Patricia Isasa, que estuvo entre los 16 y 19 años detenida ilegalmente en tres campos de concentración de la ciudad de Santa Fe. En 1997 hizo una investigación sobre su propio caso, que terminó en el juicio llamado “causa Brusa” y posterior condena de los acusados.
La mujer contó que uno de sus torturadores era Eduardo “el curro” Ramos, un ex policía de inteligencia de la ciudad de Santa Fe y parte del grupo de tareas llamado “la patota”.
Entre 1995 y 1999 el intendente de dicha ciudad era Horacio Rosatti, hoy juez de la corte suprema.
Patricia le pidió una entrevista a Rosatti y, el entonces intendente, se la concedió. Se entrevistó cara a cara con él y le comentó lo que había descubierto en su investigación.
En 1978 Eduardo Ramos, uno de sus torturadores, había formado una banda que se dedicaba a robos, homicidios, violaciones y secuestros. A Ramos lo condenan a 16 años de prisión por esta serie de delitos aberrantes y lo separan de la policía. La Justicia le aplica el 2×1, lo libera y luego comienza a trabajar en la municipalidad.
Sin embargo, hay una ley en la municipalidad que impide que sean funcionarios municipales aquellos condenados por delitos graves o de sangre (homicidios, violaciones, etc), como era el caso de Ramos.
Patricia se reunió con Rosatti en 1998 y le muestra los antecedentes del represor Ramos y la ley municipal que le impedía trabajar. Además, le comenta su propio caso, reconociendo a Ramos como su torturador, pero Rosatti la ignoró. Ramos trabajó en la municipalidad hasta 2005.
Hoy, casi 20 años después de la reunión, Rosatti es ministro de la Corte Suprema de la Nación, y fue uno de los tres jueces del máximo tribunal que votó por la aplicación de 2×1 para beneficiar acortando la pena a un genocida condenado por delitos de lesa humanidad.
Eduardo Ramos tiene tres condenas unificadas por delitos de lesa humanidad con prisión de cumplimiento efectivo (se encuentra alojado en el penal de máxima seguridad de Las Flores desde hace ocho años). Le dieron 23 años de prisión y está a punto de pedir el 2×1.
fuente: EL ANCASTI
