La construcción de 1.000 casas sociales (subvencionadas con fondos estatales) en la provincia está demorada por el desacuerdo de la Provincia con las ofertas presentadas durante la licitación.
El interventor del Instituto Provincial de Vivienda y Desarrollo Urbano (Ipvdu), Gustavo Durán, aseguró que no adjudicará las obras porque los números superan los valores de referencia. El secretario de Vivienda y Hábitat de la Nación, Domingo Amaya, advirtió que si la demora continúa podrían perderse los fondos para este año, que suman alrededor de $1.100 millones.
Ambos funcionarios se reunieron en las últimas horas con el ministro de Economía, Eduardo Garvich; con representantes de la Cámara de la Construcción y con miembros del gremio de la Uocra para intentar destrabar el inconveniente.
Una de las posibilidades que se trató en el encuentro para que las empresas locales puedan bajar los costos sería la de eximir los trabajos de impuestos municipales y provinciales, pero eso deberá ser analizado por los gobiernos de la Ciudad y la Provincia.
“Fue una reunión fructífera, trabajamos en conjunto para que las obras salgan. No podemos influenciar en la Provincia, porque nosotros nos encargamos sólo de financiarlas. Podemos sugerir a las autoridades y a los empresarios que calculen si hubo un error”, consignó Amaya.
El funcionario nacional explicó que no admitirán ningún tipo de sobreprecios. “Veremos cómo solucionarlo. Sería triste que se pierda de comenzar la obra este año”, aseguró. Estimó que en la edificación de las viviendas intervendrían unos 4.000 obreros y remarcó la importancia de la iniciativa para generar mano de obra.
Las casas, que se agruparían en módulos de 100 unidades, estarían ubicadas en diversos puntos de municipios del Gran San Miguel de Tucumán. Una veintena de firmas locales se presentó al proceso licitatorio para llevar adelante los trabajos. Estaba previsto que las empresas fueran las que ofrecieran los terrenos, que ya no son financiados por el Gobierno nacional.
“No son razonables”
“Estamos analizando las ofertas, las queremos adjudicar pero la ley es clara. Tiene que ser cuando las razones son técnicas y jurídicamente aceptables. La comisión del Instituto que estudia las licitaciones está aconsejando que los precios no son razonables. Quedan los pasos legales a seguir que es un segundo llamado hasta que se pueda adjudicar con normalidad y trasparencia”, expresó Durán.
Pidió paciencia porque debería iniciarse una nueva convocatoria. Estimó que los precios se ubicaron, en promedio, el 18,6% por arriba de los precios de referencia que se emplean en la provincia.
Dependiendo del prototipo (modelo y materiales), por una casa el estado nacional pagaría hasta $15.700 el metro cuadrado. En promedio, una casa costaría unos $ 800 mil, aunque varía de acuerdo a la provincia. La Nación financia el 70% de la unidad y la Provincia el 30% restante.
Adhesión
Amaya instó a la Provincia a adherirse al Sintys (Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social), como ya hicieron otros distritos. La base de datos online permite entrecruzar los datos de los postulantes a una vivienda para saber si cuentan con propiedades en esta provincia o en otras. –
fuente: CONTEXTO,LA GACETA
