Se trata de la primera cautelar general presentada en el país contra la medida nacional, anunció el defensor del Pueblo, Fernando Juri Debo.
El defendor del Pueblo, Fernando Juri Debo, presentó hoy ante la Justicia Federal un “amparo colectivo” para que no se aplique en Tucumán el decreto nacional que suspende el pago de pensiones a discapacitados, adultos mayores y a madres de siete hijos.
“Nos preocupa sobremanera porque no se cumplió ninguna norma, o por lo menos un orden. Por eso estamos pidiendo un amparo, para que se suspenda la aplicación del decreto a todos los pensionados de Tucumán hasta tanto puedan notificar previamente, constatar si hay algún tipo de anormalidad. Hoy se suspende y después la gente tiene que ver si les vuelven a pagar, y esa suspensión lleva dos o tres meses.”, dijo el funcionario.
Remarcó que la pensión a la discapacidad no es un subsidio, sino un derecho y sostuvo que el decreto que suspende los beneficios “es inconstitucional y va en contra de todos los tratados internacionales”.
Derecho
Juri Debo dejó en claro que se trata de la primera cautelar general presentada en el país, que hace valer el derecho que la Constitución y la ley le otorga al defensor del Pueblo para que el amparo sea colectivo.
Sobre las irregularidades que el Gobierno nacional dice haber detectado en el otorgamiento de pensiones durante la gestión kirchnerista, Juri Debo fue contundente: “si es así, el Estado tiene toda la potestad de controlar, y espero que lo haga, pero no pueden cortar y después ver”.
“Dijeron que no notificaron (a los beneficiarios suspendidos) porque no tenían ni el teléfono ni la dirección de la gente, y que los chicos con Síndrome de Down no tienen que estar cubiertos porque deben ir a trabajar. Hay una falta de sensibilidad social terrible en esto”, cerró el defensor del Pueblo.
Si la presentación legal toma curso, la Justicia Federal notificará a la ministra de Desarrollo Social de la Nación, Carolina Stanley. “Creo que será positiva la respuesta porque este es un derecho. Para el Estado esto no es un gasto, es una inversión en derechos para la gente”, concluyó Debo.
fuente: LA GACETA
