El jefe de la seccional Junín, enfrentado con el secretario general Ricardo Pignanelli, lo denunció por corrupción. El juez federal de esa ciudad ordenó el procedimiento.
El juzgado federal de Junín, a cargo de Héctor Plou, allanó la sede central de gremio de los mecánicos de SMATA, que conduce Alberto Pignanelli. Es por una denuncia que informa de un faltante de 300 millones de pesos en la obra social. Al igual que sucedió con en el SOMU, sindicato de los obreros marítimos que comandaba Omar “Caballo” Suárez, el denunciante es un dirigente del riñón gremial, en este caso el secretario de la seccional de Junín y revisor de cuentas de la obra social a nivel nacional, Alberto Fiori.
La comisión revisora de cuentas, elegida por el secretariado nacional, la conforman además de Fiori, Martín Pasci, de Mar del Plata, y Marcelo Barros, de Rosario. En el caso de Fiori esta era la primera vez que, a mediados de año, debía rubricar el balance. “Como revisor de cuentas hice mi trabajo: cuidar el dinero de los afiliados. A partir de mi intento de revisar las cuentas empezaron a aparecer situaciones extrañas y hasta un intento de toma de la seccional. Por eso acudí a la Justicia”, comentó Fiori a Clarín.
Según reconstruyó este diario, todo empezó en julio, cuando antes de firmar los números contables, Fiori se presentó en el SMATA con un escribano, un abogado y un contador para cotejar los números, pero solamente le permitieron acceder con el escribano por lo que decidió no firmar el balance.
A su vez, hay otra causa que se sigue en Junín y que también, por lo que supo este diario de fuentes judiciales, habría causado el allanamiento de ayer. Ese otro expediente es por la falsificación de la firma del dirigente, diputado nacional y también con filación en Junín, Oscar Romero.Según afirma, se habría truchado su firma en una reunión de Consejo Directivo en la que se avaló la intervención de la seccional.
Pero no es la primera vez que la obra social de los mecánicos está bajo la lupa judicial: en el año 2007, estaba en concurso de acreedores ante la inminente quiebra. Para rescatarla del ahogo financiero, el SMATA firmó un acuerdo con las terminales para que 100 dólares por cada auto fabricado fueran destinados al rescate de la obra social.
fuente: los primeros