La fuga de afiliados, a Osfatun, agravó la situación aseguró la rectora Alicia Bardón. Un convenio con PAMI podría aliviar a la ASUNT, compartiendo gastos de los jubilados con doble afiliación.

La Acción Social de la Universidad Nacional de Tucumán (Asunt) cerró el año pasado con un déficit de $25 millones, lo que significa un 50% más que el rojo que había dejado 2015. La obra social había presentado un plan de reducción del gasto para este año, pero -según admitió el titular de esa institución- este “no arrojó los resultados esperados”. Diego Silvera asumió al frente de Asunt en 2015 en plena crisis y con algunas de las prestaciones a sus afiliados suspendidas.

En la última sesión del año pasado, el Consejo Superior aprobó el nuevo presupuesto de la obra social y también el balance 2015 de esa institución. Allí, se previó un déficit para 2017 de alrededor de $ 6,6 millones.
Hoy Silvera reconoce que para bajar el déficit estructural que tiene necesitarán el auxilio del Consejo Superior y del Gobierno nacional.

En la sesión del martes pasado, el Consejo Superior aprobó la Memoria y Balance 2016 porque cumple con los requisitos formales, pero le solicitó al titular de la Acción Social que defina un programa de reducción de gastos en un plazo de 60 días. Silvera adelantó que hace unas semanas le presentó a la rectora, Alicia Bardón, un listado con algunos pedidos puntuales que considera que son “necesarios” para sacar adelante a la obra social. “Me preocupa el déficit crónico y que a pesar de hacer esfuerzos no terminamos de corregirlo de manera permanente. Cuando se habla de esta cifra ($25 millones) es mucho dinero, pero viendo lo que se gasta parece más normal”, agregó Silvera.

Desde la comisión de Hacienda del Consejo aseguran que hay adicionales que se les paga a los empleados que no deberían pagarse. Además, siguen sosteniendo que la planta de personal es excesiva. Silvera reconoció que se están revisando los pagos de estos montos extras (asistencialismo y riesgo, por ejemplo) que están contemplados en el Convenio Colectivo de Trabajo de los trabajadores no docentes. También explicó que este año hubo 14 bajas, entre renuncias, jubilaciones y fallecimientos, lo que llevó a que la planta actual sea de 213 personas y el ahorro anual de $5 millones en sueldos. “Continuamos con la política del congelamiento de la planta, no solo no hay ingresos, sino que en este lapso se han pedido recategorizaciones y no se las aprobó”, sostuvo.

Hay algunas decisiones y cambios que consideró “claves” para poder reducir el rojo operativo. Entre esos, la suspensión de la resolución (N°1786/2006) del Consejo Superior que habilitó la “libre afiliación”, lo que generó la fuga de más de 1.800 afiliados de Asunt a Osfatun, la obra social de los no docentes. Silvera deslizó que el “peso de ese gremio” llevó a que los consejos superiores (el actual y las anteriores composiciones) no hayan considerado que esa resolución estaba perjudicando gravemente a la obra social.

También espera que se termine de cerrar el acuerdo con el PAMI, para que ambas obras sociales puedan “compartir gastos” en las prestaciones de los jubilados que tienen la doble afiliación. Según Silvera, las charlas con el titular de ese organismo, Alfredo Neme Scheij, están muy avanzadas y confía que en unas semanas se pueda iniciar una campaña informativa para que los afiliados conozcan las ventajas.

Tubo de oxígeno

¿A qué se debe el rojo de $25 millones? Según Silvera tiene varias explicaciones, pero las razones más fuertes obedecen al aumento de los medicamentos, especialmente los oncológicos y lo de enfermedades crónicas de casi un 132%. También se registraron subas de precios en insumos y prótesis.

Pone en manos del Consejo Superior no solo la decisión de dar marcha atrás a la resolución que permite la fuga de afiliados, sino también otros cambios en el Estatuto de Asunt para que se pueda avanzar en la reforma del reglamento interno que lleva adelante el Consejo Directivo. Uno de esos puntos incluye la baja de la edad de los hijos que vayan como adherentes de 27 a 25, que es lo que dice la ley, explicó Silvera.

Pero igualmente considera que la ayuda también debe venir de la Nación: básicamente, permitir a las obras sociales universitarias que tengan los mismos beneficios sindicales (regidas por la Ley 23.660), cuyas obras sociales reciben subsidios estatales.

fuente: los primeros