El sábado, unas breves declaraciones presidenciales levantaron polvareda en el Gobierno provincial, particularmente, en el Poder Legislativo. “Tenemos que terminar con los ñoquis y con los beneficios personales en el Estado. No puede ser que en Tucumán haya 80 empleados por legislador. La procuradora que renunció (Alejandra Gils Carbó), nombró a 1.100 personas, es una locura”, le dijo Mauricio Macri a un periodista televisivo.
Rápidamente, el vicegobernador y ex candidato a diputado nacional, Osvaldo Jaldo, afirmó que ningún legislador, ni oficialista ni opositor, tenía ese número de empleados. La máxima autoridad del cuerpo legislativo señaló: “no se puede imputar a la actual gestión, que lleva dos años, la planta de personal permanente y transitorio del Poder Legislativo. No hay que olvidar que antes tenía un sistema bicameral, de diputados y senadores”.
No quisieron ser menos que su par el presidente subrogante de la Legislatura, Fernando Juri (PJ), y el vicepresidente 2°, Ariel García (UCR). El primero acusó de “mentiroso” al Presidente. “Usa a las provincias, en este caso a Tucumán, para hacerlas responsables de un gasto político que no existe. Esta es una provincia sin déficit, equilibrada. La que tiene desequilibrio y déficit es la Nación; entonces, habría que preguntarle (al Presidente) cuál es el gasto político que tiene él”, afirmó.
Mientras el radical García manifestó que “para la mentalidad centralista de Macri los tucumanos seguimos siendo una colonia, subestima la inteligencia de nuestra gente pensando que somos cabecitas negras del interior”. Finalmente, el gobernador Juan Manzur dijo: “No sé por qué habrá elegido Tucumán como ejemplo. Habría que preguntarle a él, pero ya está, ya se aclaró todo”.
Fuentes de ese Poder le dijeron a LA GACETA que serían aproximadamente 1.500 los empleados, tantos los que integran el personal de planta, como el transitorio. Sin embargo, no divulgaron ningún instrumento oficial (presupuestos, revisiones de cuentas de inversión y otros documentos públicos) en los que conste esa cifra.
El régimen de trabajo en la Cámara contempla que tanto los empleados permanentes como los transitorios deben registrar su entrada y salida al lugar de trabajo colocando la huella digital en alguno de los sensores instalados en la sede legislativa. Pero a estos se suman, los cargos políticos, es decir los empleados de bloque, que deberían ser dados de baja al finalizar la gestión legislativa.
Las autoridades legislativas y el mandatario provincial refutaron a Mauricio Macri, pero lo llamativo es que no procedieron a continuación a hacerle conocer a la ciudadanía cuántos empleados tiene cada legislador, de manera que no se puede saber entonces si el mandatario de los argentinos “miente”.
El Poder Legislativo se ha caracterizado en los últimos lustros por ser reacio a brindar una información que debería estar a disposición de cualquier persona. No se conocen los detalles de sus gastos. En 2017, su presupuesto fue de $ 2.000 millones, y en 2018 será de $ 2.650 millones, un 32% más, pese a que entre 2015 y 2016, se ahorraron $ 190 millones.
Son muchas las preguntas y escasas y evasivas las respuestas. Los responsables del Poder Legislativo tienen una gran oportunidad para decir qué hacen con el dinero que sale del bolsillo de los contribuyentes. Si lo hicieran sería una hermosa noticia de año nuevo para los tucumanos.
fuente: LA GACETA
