“Luego de reunir una enorme cantidad de prueba de todo tipo el MPF acusa a empresarios azucareros tucumanos por su complicidad en crímenes de lesa humanidad en el Ingenio La Fronterita en el marco del Operativo Independencia”, explica el fiscal Pablo Camuña, de la Fiscalía Federal N°2, que solicitó que se detenga e indague a seis empresarios azucareros tucumanos vinculados al ingenio La Fronterita, donde el Ejército instaló una centro de detención clandestino durante la década del 70. El juez federal Daniel Bejas debe decidir si hace lugar al pedido.
La acusación incluye la cooperación en delitos cometidos contra 68 víctimas, entre ellas 11 desaparecidos ─dos de ellos identificados en el Pozo de Vargas─, trabajadores del ingenio y habitantes de las colonias pertenecientes a la fábrica, algunos de ellos secuestrados en camionetas de la empresa. De prosperar la petición, sería el primer caso de complicidad empresarial con el terrorismo de Estado sometido al proceso de memoria, verdad y justicia en la provincia.
Las pruebas se fundan en un centenar de testimonios, documentación recogida durante allanamientos a las oficinas de La Fronterita ─solicitados por la Fiscalía Federal y ordenados por el juez Bejas en mayo de 2016─, documentos fiscales y registros públicos. El fiscal considera que existió una coincidencia de intereses entre militares y empresarios. “Los militares buscaban desmovilizar a los azucareros tucumanos, cosa que a los empresarios les convenía por una cuestión económica: buscaban profundas reformas como la suplantación de mano de obra por maquinaria sin la oposición de un gremio combativo”, explicó el fiscal a Página|12. Según Camuña las colaboraciones de los empresarios con los militares fueron desde prestar el predio para que se instalara la base militar, hasta la cesión de vehículos de la empresa para secuestrar personas, además de la provisión de información al Ejército sobre trabajadores y habitantes de las colonias obreras.
El ingenio azucarero La Fronterita funcionaba en un enorme predio ubicado a 10 kilómetros de Famaillá. Incluía las plantaciones, los galpones y las oficinas, las colonias ─pequeños barrios donde vivían los obreros y sus familias─, una escuela, un dispensario y una comisaría.
“Esta clase de pedidos suele hacerse con un grado de certeza básico, pero nosotros trabajamos para lograr un nivel propio de un juicio oral para poder exigirle al juez que estas personas deben ser indagadas por ser cómplices de delitos de lesa humanidad. Trabajamos para no tener dudas”, dijo Camuña en referencia al requerimiento que aún aguarda una respuesta del juez.
fuente: ELTUCUMANO
