Los ex funcionarios Núñez y Lazarte habían otorgado poderes de disposición de inmuebles que luego fueron usados irregularmente. El Jurado de Enjuiciamiento concluyó un proceso por primera vez en su historia.
El Jurado de Enjuiciamiento, órgano que define los pedidos de remoción de los magistrados, finalizó un proceso por primera vez desde la reforma constitucional de 2006. Y lo hizo aplicando una dura sanción en contra de los funcionarios judiciales investigados.
Ayer, en la sede del Poder Legislativo, los miembros del Jury votaron por unanimidad a favor de la remoción de los jueces de Paz Pedro Antonio Núñez (de la localidad de Los Gómez) y José Solano Lazarte (de Alto de Anfama). Los enjuiciados no asistieron a la audiencia final, pero estuvieron representados por sus abogados: Patricia Chipolari, en el caso del primero y Juan Pablo Salas, en el del segundo.
“Acabamos de tomar la decisión de destituir a ambos jueces de Paz por el incumplimiento de sus deberes como funcionarios públicos. El Jury analizó las pruebas remitidas por la comisión de Juicio Político y, al evaluarlas, se decidió por la separación de los jueces en sus respectivos cargos. Lo resuelto será comunicado al Poder Ejecutivo (PE) y a la Corte de Suprema de Justicia de Tucumán (CSJT)”, señaló el peronista Ramón Santiago Cano.
El legislador presidió el Jurado de Enjuiciamiento por la inhibición de Antonio Gandur, vocal del alto tribunal, ya que éste estuvo entre los firmantes de la acordada que había denunciado a Núñez y a Lazarte ante el Poder Legislativo. También votaron ayer Daniel Leiva (fiscal de Estado del PE), Alfredo Toscano (legislador), Rosa Luz Casen (Colegio de Abogados), Pedro Roldán Vázquez (camarista del Poder Judicial), Pablo Alfaro, Sandra Mendoza y Daniel Herrera (todos legisladores).
Los argumentos que llevaron a la destitución de Núñez y de Lazarte serán difundidos el viernes próximo, a partir de las 9, en la sede del Poder Legislativo.
En octubre de 2017, la Corte dictó la Acordada 1.236, solicitando el juicio político, y la máxima sanción en contra de los jueces de Los Gómez y de Alto de Anfama. El instrumento, firmado por Gandur (entonces presidente de la CSJT), René Goane, Antonio Estofán, Claudia Sbdar y Daniel Posse (hoy titular del máximo tribunal), advertía que ambos funcionarios habían otorgado poderes de disposición de inmuebles en forma presuntamente irregular.
Estos documentos luego fueron usados en operaciones supuestamente fraudulentas, que están siendo investigadas por la Justicia penal. Antes del planteo ante la comisión de Juicio Político de la Legislatura, la Corte Suprema había realizado un proceso administrativo por este caso. El expediente se inició en 2016, a instancias de un planteo de la directora del Registro Inmobiliario de Tucumán, María Laura Ojeda de Colombres, quien detectó la existencia de poderes de disposición otorgados en Los Gómez y en Alto de Anfama utilizados para transacciones de propiedades que eran de otra jurisdicción, en presuntas operatorias anómalas.
La comisión de Juicio Político de la Legislatura, presidida por Zacarías Khoder (PJ), había dado curso al pedido de destitución de la CSJT. Una vez que el Jury dio inicio a las audiencias, sólo Núñez se presentó. Lazarte no acudió a las jornadas y fue declarado en rebeldía, por lo que se le asignó una defensa oficial.
Los representantes de los ahora ex jueces de Paz aseguraban que estos sí estaban habilitados para cumplir funciones notariales y advirtieron que los instrumentos habían sido firmados décadas atrás. De todas formas, el Jury en pleno decidió removerlos.
Según el legislador Cano, al Jurado había llegado la versión de que Núñez había tratado de efectivizar su renuncia en los últimos días. Sin embargo, aclaró que la cuestión debe ser resuelta por el Poder Ejecutivo (PE).
FUENTE: LA GACETA
