El Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) quedó envuelto en un nuevo escándalo por irregularidades en el manejo de fondos públicos. Según trascendió, se registraron gastos en fotocopias que ascienden a casi 7 millones de pesos en un lapso de cuatro meses.A raíz de una denuncia anónima, que comenzó a circular el 11 de mayo, la Unidad de Transparencia Institucional (UTI) confirmó gastos de librería que incluyen fotocopias, cuadernos, lapiceras, tarjeteros, catálogos y multipuertos USB por un monto de $6.487.600 en tan sólo cuatro meses.Además, la UTI pudo comprobar que los gastos fueron facturados por montos menores a los 500 mil pesos para evitar el llamado a licitación y el control de autoridades superiores.Según se constató, las empresas proveedoras fueron la Gráfica Paysandú, Item 54, Visual Comunication, Hidden Castle y Print Forms.Ahora, la Gerencia de Relaciones Internacionales del INCAA, desde donde se efectuaron los gastos entre enero y abril de este año, quedó en la mira de la Justicia por malversación de fondos públicos y ya fueron suspendidos dos funcionarios.En una resolución del INCAA publicada por el canal TN, el presidente del organismo Ralph Haiek ordenó la apertura de “actuaciones sumariales” a los agentes Bernardo Ernesto Bergeret Balverde, Alejandro Righini y Pablo Ezequiel Maggioni “a efectos de determinar la eventual responsabilidad”. La Oficina de Anticorrupción deberá determinar si estos empleados estaban relacionados con las compañías.En tanto, Righini fue suspendido por 30 días mientras que Maggioni fue separado del Departamento de Compras mientras se lleven a cabo las investigaciones, aunque continuará en el organismo.No es la primera vez que el Incaa queda en el medio de la polémica. Hace un año, el Gobierno echó al director, Alejandro Cacetta, acusándolo de no haber tenido “velocidad” en resolver determinadas acusaciones de corrupción que había en el organismo.Además, en abril pasado el juez Claudio Bonadio procesó a tres ex presidentes del instituto durante el kirchnerismo por el delito de defraudación a la administración pública debido al manejo de fondos destinados a subsidios de fomento de la cinematografía.
